Se cumplió este miércoles en el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga con función de Conocimiento, la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez y cuatro personas más por el contrato de consultoría 096, suscrito en julio del 2016 entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y Jorge Alarcón Ayala, ‘la calavera’; el cual definiría las nuevas tecnologías para disposición final de residuos sólidos.
Este, el contrato de consultoría por $344 millones, es el segundo de los dos procesos en contra del polémico exalcalde de Bucaramanga. El primero, que desde hace un año se encuentra en los anaqueles de la Fiscalía, es el del famoso corretaje suscrito por Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo, con el cual se aseguraba un contrato cuantioso para la disposición de basuras con la empresa Vitalogic RSU.
Para el Fiscalía General de la Nación, con el contrato de consultoría 096, Hernández Suárez quiso favorecer a Vitalogic. Con los resultados del estudio -se dijo en la audiencia- se pretendía direccionar el contrato de nuevas tecnologías.
En su momento, Corrillos de manera exclusiva, reveló cómo por debajo de la mesa se hicieron maromas para entregarle el contrato de las nuevas tecnologías a Vitalogic, que, si se hubiera suscrito, podría haber generado una coima de 300 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares eran para el hijo del alcalde, según el propio documento de corretaje que fue autenticado en notaría.
Eso llevó a que el fiscal del caso acusara a Hernández Suárez de ser el determinador en el direccionamiento del contrato 096 a favor de terceros montando un proceso de consultoría falso para favorecer a Vitalogic.
Además, fueron acusados José Manuel Barrera Arias, César Augusto Fontecha Rincón y Rubén Enrique Amaya Vanegas, gerente, jurídico y jefe de disposición de la EMAB, respectivamente y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.
A ellos se les imputaron los delitos de cohecho, falsedad ideológica en documento público, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin el debido cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias y concierto para delinquir en concurso de hechos punibles.
En esta primera audiencia de la etapa de juzgamiento también se solicitó la acumulación de procesos por conexidad, lo que significa que los procesos penales que se llevaban contra los implicados en tres juzgados diferentes pasen a uno solo.
Inicialmente la Fiscalía había hecho una ruptura procesal, había radicado tres escritos de acusación cada uno en juzgados diferentes. En uno estaban José Manuel Barrera, Jorge Alarcón y Rubén Darío Amaya; en otro estaban César Fontecha, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, entonces jurídico, jefe operativo y jefe financiero de la EMAB, respectivamente y en otro estaba solo Rodolfo Hernández.
Una vez radicados los escritos, el fiscal solicitó la acumulación en un solo despacho, correspondiéndole al juzgado 10 penal del circuito adelantar la audiencia de formulación de acusación contra todos ellos.
Una trama que le complica la vida a Rodolfo Hernández
Desde el inicio del proceso penal contra Rodolfo Hernández por el contrato de consultoría 096 suscrito por la EMAB con Jorge Hernán Alarcón Ayala, la Fiscalía ha mantenido su posición en que hubo corrupción, con la cual se quería favorecer a la empresa Vitalogic.
En la tercera y última etapa del proceso (la primera, la indagación; la segunda, la investigación), que comenzó con el escrito de imputación de cargos leído por el fiscal del caso, se puso en evidencia que hubo graves irregularidades en el desarrollo de ese contrato y el ‘va por que va’ de Hernández hace parte del interés del procesado en entregarle el jugoso contrato a Vitalogic.
‘La calavera’ tenía la obligación -según el contrato- de elaborar y evaluar técnica, ambiental, financiera y jurídicamente la Invitación Pública IP-002, además, era el encargado de apoyar el desarrollo de las bases de precalificación y licitación y/o invitación del proyecto identificando las variables para el proceso de contratación. Pero en la práctica, su tarea era la de realizar un documento técnico que comprobara la necesidad de avanzar sobre un proyecto de nuevas tecnologías, las mismas que solo Vitalogic ofrecía con grandes bondades.
El escándalo de posible direccionamiento se puso al descubierto cuando el propio jurídico de la EMAB, César Fontecha, denunció que los resultados de esa consultoría estaban amañados. De hecho, en varias conversaciones telefónicas con Alarcón, le advierte la necesidad de dar por terminado el contrato debido a que técnicamente no existía cierre financiero para las nuevas tecnologías, aunque el ‘experto’ aducía que sí.
También hay una grabación telefónica en la que Rodolfo Hernández le ordena a Fontecha a avalar los resultados de la consultoría, pero el jurídico se niega. En esa conversación el entonces alcalde acusa al abogado de ponerle trabas al contrato, dejando en evidencia su interés de favorecer a Vitalogic gracias a la consultoría amañada realizada por Alarcón.
Dentro de la etapa de juzgamiento del proceso penal contra Hernández, para el próximo 30 de noviembre se cumplirá con la audiencia preparatoria del juicio oral, donde se anunciarán las pruebas y testimonios que tanto la fiscalía como la defensa presentarán. En ella, el juez determinará cual de todas ellas admitirá.