Por: Hernando Ardila González/ Se ha conocido el nuevo pronunciamiento de presidencia en el sentido que se prorroga el aislamiento social obligatorio, lo cual significa entonces que la democracia sigue el borde del abismo, que el derecho fundamental de la ciudadanía a la prestación del servicio de justicia sigue violado por el estado y que la comunidad nacional de litigantes, si es que le quedan fuerza y recursos, tendrá que aguantar una semana más de imposibilidad de reencontrarse con su trabajo profesional al servicio de la ciudadanía, con el que sustenta todo su proyecto profesional y con lo que sostiene a su entorno familiar y las obligaciones que todo ella derivan.
Y es que nadie pareciera reconocernos. El pasado 18 de los corrientes la Comisión Primera del Senado de la República citó a sesión de control a la ministra de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía, Supernotariado y Registro, Procuraduría, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.
Parecía una reunión social por parte de los honorables congresistas e invitados, para los que gastaron la mayor parte de su tiempo en saludos salameros y hasta casi que un brindis por la cumpleañera viceministra de justicia, además de la sobre exaltación por la gestión que como presentando una tarea virtual, (que muchos escolares desearían poder presentar), dieron los altos funcionarios acaso para justificar sus altos sueldos, pero a lo que se les citó, ni de lejos, solo faltó la champaña, la torta, confetis y la orquesta!
Lo hablado fue el inveterado discurso sobre la reforma a la justicia, la falta de presupuesto para la implementación de la digitalización de la misma para hacerla más moderna y versátil, (los miles de millones de apoyo internacional y de recursos propios quién sabe a qué bolsillo fueron a parar… ¡quién sabe!)
Probado si queda es que el Consejo Superior de la Judicatura no es más que otro antro de la clase política Locombiana, (asumo el riesgo), donde la danza de millones entre burocracia, funcionamiento y contratación, demuestran que otro es su objetivo menos el de velar porque el derecho fundamental de la comunidad nacional de a píe, como lo es la “justicia pronta y cumplida”, sea menos que un chiste de mala muerte, del que solo se ríen los gobernantes y la clase política corrupta de Locombia que ¡todo lo hacen y nada pagan!.
Pero para desgracia de la comunidad de litigantes de Colombia, ni los altos funcionarios, ni los congresistas vieron la ya de por sí invisible existencia del litigante. Solo hubo voces de consideración y cuidado para los altos funcionarios que todo lo hacen bien y merecen estar encuarentenados porque son el gran tesoro del estado a cargo del tesoro del pueblo, pero los “lichigantes”, como seguro en algún libar de fino bacarat nos denominarán, no eramos razón para ser mencionado, acaso de hacerlo contaminaba sus delineados labios y pieles nacaradas… los litigantes no existen como actores de justicia para bien de la paz y la democracia, ¡no!
Empero, he de ser justo con un senador con el que tuve conversación el día previo al “debate” y que cuando hablamos le sensibilizó el Manifiesto que Conalbos Santander y el Colectivo Virtual de abogadas y abogados de casi todas las regiones del país, construimos en inteligencia conjunta y aprobamos en democracia que sí es posible cuando hay voluntad.
Se trata del Senador Miguel Ángel Pinto, nunca he votado por él, no milito en su partido y ni siquiera le conozco personalmente. Él, honrando la palabra de santandereano, fue quien levantó su voz contundente y clara en favor de casi trescientos mil litigantes y dejó constancia en acta de nuestro Manifiesto en el cual exigimos del congreso su pronunciamiento inmediato y contundente frente al cierre de la justicia. Gracias Senador Pinto su intervención y el Manifiesto de Colombia al Derecho, suscitó que la voz del litigante se escuchara en el congreso.
El Gobierno Nacional nos prometió una línea de crédito especial a través del Banco Agrario para lo cual aplicamos la gran mayoría de litigantes y que resultó ser una grosera mentira, pues poco después del anuncio y de nosotros aplicar, nos llamaron para decirnos que lo lamentan, que no se puede dar curso a la solicitud y que esperemos próxima oportunidad, (querrán decir próxima pandemia?).
Hoy es mayor aún la incertidumbre pues si no abren la justicia el 25 de mayo seguiremos colapsando y si la abren, la amenaza de paro de funcionarios de la rama judicial, (entendible pero no conveniente por tan difícil momento coyuntural), nos dejará tendidos en total agonía sobre el pavimento caliente.
Sea oportunidad para desde esta tribuna exigir al gobierno nacional que libere la Justicia hoy cerrada de manera absurda si se toma en cuenta que no se entiende una democracia cierta, si una parte de sus poderes públicos está secuestrado y en Locombia por cuenta de la pandemia y de un poder ejecutivo encumbrado sobre los restos de una sociedad triste y moribunda, se alza con la potestad de legislar la suerte de la patria.
Y llamamos a los gremios de la rama judicial a que hablemos, no sean ustedes quienes eventualmente nos den la estocada final, porque ustedes son nuestros pares, compañeros de causa que por cuenta de una decisión sin dialogo con el litigante, puede restarles simpatías y es lo que en últimas este sistema opresor quiere, aunque de todas formas ya se prepara con pertrechos y tanquetas de miles de millones de pesos, para contener posible levantamiento popular, como en cambio no ha sido capaz de contener un bicho destruible con buen jabón y agua bendita que la Madre Naturaleza a través de los Páramos como el de Santurbán, nos provee para derrotarlo y por eso nuestro compromiso en defenderlo.
*Abogado Penalista, postulado a Maestría en Derecho Constitucional. Presidente Colegio Nacional de Abogados de Colombia Conalbos Santander y Vicepresidente Nacional.
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