Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 26 de junio en el portal de la Defensoría del Pueblo, fue publicado el informe “Entre la desigualdad y el prejuicio: informe sobre la situación de derechos humanos que enfrentan las mujeres y personas OSIGDLGBTI en Santander”, informe que retrata, desde el año 2021 hasta finales de 2023 (y parte de 2024) las distintas formas de violencia que en el departamento de Santander enfrentan las mujeres y las personas de la población LGBTIQ.
Este es un informe escalofriante con cifras alarmantes que visibilizan la relación entre la violencia por prejuicio, la violencia institucional y las barreras que afectan a las personas de los sectores sexo – diversos en el acceso no solo a la justicia. También, a derechos básicos inherentes a todo ser humano.
El informe en su capítulo sobre “acceso a justicia y protección” inicia de esta manera: “En el departamento de Santander, entre el primero de enero de 2021 y el 26 de junio del presente año, de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía General de la Nación, 59 personas pertenecientes a la población OSIGD-LGBTI del departamento de Santander fueron asesinadas, razón por la que la Entidad, en su ejercicio de la acción penal, inició investigación por el delito de feminicidio y por el delito de homicidio. Según la información suministrada por el ente acusador, por el delito de homicidio de personas OSIGD en el departamento de Santander, se adelantaron investigaciones penales donde se identificaron 57 víctimas, de las cuales 17 personas eran bisexuales, 16 personas transgénero, 14 personas asexuales, siete hombres gais, una mujer lesbiana y dos personas sin especificar”.
Estos perturbadores datos contrastan, por un lado, por ser el nuestro un departamento que desde antes del año 2010 (aproximadamente desde 2008) ha invertido obscenas cantidades en recursos públicos para la construcción de documentos, investigaciones, informes de actividades y hasta una política pública departamental, etc., “proyectadas” (es decir, dirigidas) a estos sectores, sin que alguna de estas alcance impacto alguno.
Por otro lado, desde 2016, éste se convirtió en un territorio donde las violencias perpetradas contra personas de los sectores LGBTIQ son ignoradas por muchos entes institucionales que aún justifican la agresión cometida contra aquellas personas que “son diferentes” y donde el farsante movimiento social – político de la “ideología de género” caló en lo más profundo de nuestra sociedad, logrando impulsar un agenda de odio contra estos sectores, posicionando a decenas de políticos auto – investidos como “defensores de la infancia y la familia” que adquirieron mayor protagonismo político tanto a nivel local como nacional gracias a sus discursos estigmatizantes y distractores de los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país.
El informe reconoce la influencia de este peligroso movimiento: “La ideología de género hace parte de un discurso de odio internacional riesgoso y desinformado por parte de grupos que buscan polarizar, fraccionar, esparcir odio y poner bajo la lupa de unos (los normales y buenos) representados por personas con poder político, los derechos fundamentales de otros (como enemigo imaginario) en referencia a las personas OSIGD-LGBTI y las acciones para materialización de la igualdad de género.”
La informe devela otras datos que no antes vistos y que deberían impulsar mayores acciones que busque una real transformación social e institucional: Entre 2021 y 2023 se presentaron 63 delitos sexuales, 193 lesiones personales (189 casos se encuentran en etapa de indagación, tres en etapa de juicio y tan solo uno en ejecución de penas), 178 casos de violencia intrafamiliar, 32 actos de discriminación y 165 delito de amenazas y hostigamiento.
Este informe surge en un contexto y actual momento coyuntural donde los discursos de odio contra las poblaciones LGBTIQ nuevamente buscan consolidarse de cara a las elecciones del 2026 y donde encontramos a algunos políticos (como el actual mandatario de la ciudad de Bucaramanga) reencauchando el discurso sobre los “potenciales peligros” que se esconden detrás de “esas poblaciones”, buscando replicar el parcial éxito que tuvieron en 2016 con las marchas contra la “ideología de género” y las supuestas denuncias de los riesgos de una “homosexualización de menores” en instituciones educativas.
Es necesario que la población en general conozca más sobre este importante informe no solo para comprender cómo se cruzan e interactúan los engranajes que han llevado a la más absurda de las violencias contra un sector que, a pesar de haber conquistado derechos que son esenciales a todos los seres humanos, continúan siendo señalados como ciudadanos de segunda.
Pero también, para abrazar la verdadera inclusión y cohesión social, ideal que para algunos (más bien, para un sector radical y enfermo) pareciera incomodar a pesar que, irónicamente, también promueven y dicen querer “lograr”, a su manera.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP – Seccional Santander
X: @DiegoR_Thorrens
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Puede ver el informe completo aquí.
