Por: José Luis Arias Rey/ Los hechos acaecidos esta semana relativos al paso del huracán Iota por el archipiélago colombiano conformado por las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y cayos anexos, pone en evidencia la asignatura pendiente que tiene el gobierno colombiano con estas zonas que, aunque lejanas hacen parte del territorio colombiano.
La especial situación insular de los mismos, hace difícil la vida de sus habitantes, quienes dependen en buena medida de muchos servicios que de manera local, no pueden ser satisfechos por ellos mismos, el agua potable, los alimentos, la educación superior, la salud, son temas sensibles que merecen de una especial intervención del gobierno central, desde épocas ancestrales esta zona, ha sido vista con admiración por su belleza, pero a la vez, sus habitantes viven en condiciones que dejan mucho que desear.
Existen normativas demográficas muy estrictas, que definen de manera excepcional quienes pueden vivir permanentemente en este territorio insular, lo cual resulta lógico, teniendo en cuenta, los limitados recursos con que se cuenta allí para satisfacer necesidades tan esenciales como la alimentación, el agua potable, la atención en salud y la misma educación.
Los colombianos continentales disfrutamos del paraíso que ese territorio nos ofrece para vacacionar y divertirnos, pero somos indolentes frente a las enormes limitaciones en que viven sus habitantes en lo que a calidad de vida hace referencia.
La ubicación geográfica que tiene esta zona, la ha convertido en paso obligado de personas, que la usan como punto obligado para llevar a cabo actividades ilícitas que afectan no solo a Colombia, sino a todos los países centroamericanos, narcotráfico, contrabando, trafico de armas, explotación sexual de menores, son algunas de las actividades que de manera habitual ocurren allí y que de alguna manera afectan la vida diaria de los isleños.
El estado colombiano, desde muchos gobiernos atrás, ha visto con desprecio y descuido esta situación, afectando de manera significativa la vida y el sentimiento nacional de sus habitantes, quienes, de suyo, dada su cultura, si bien hacen parte de la nación colombiana, fácilmente podrían ser nacionales de cualquier país del área.
Los embates de la naturaleza, no tan habituales en nuestro territorio insular, se convierten en un punto de inflexión, que obliga al estado central a voltear sus ojos a estos territorios olvidados, la total destrucción de la precaria infraestructura allí establecida, demanda de un plan ordenado de atención a estos nacionales colombianos, es necesaria la instalación de plantas desalinizadoras de agua, a fin de proveer de agua potable en primera medida a los lugareños y de manera complementaria al sector turístico, se deben proveer mejores servicios de salud para los raizales y para los turistas, en necesario estructurar un modelo de educación superior que atienda la demanda local, resulta inconcebible que la gran mayoría de jóvenes de las islas, deban desplazarse a la Colombia continental, para adelantar sus procesos de formación superior y de posgrados, lo cual limita de manera ostensible sus oportunidades y su vida misma.
El total abandono en que viven sus gentes, sirve de caldo de cultivo para que estados distintos al colombiano, pretendan hacerse a esos territorios, lo cual significaría una perdida irreparable para Colombia y una vergüenza para nuestra nación.
Existe una asignatura pendiente que debe ser honrada, permitiendo enriquecer la calidad de vida de esa población y que permitiría ejercer una soberanía mas allá de la presencia de la fuerza publica, la soberanía se ejerce no solo desde lo militar, ella demanda de la presencia activa y responsable de las autoridades, no solo militares, sino también las administrativas.
Amanecerá y veremos si el estado comprende ese deber histórico que le asiste y somos capaces de mejorar la calidad de vida de estos colombianos, que hoy demandan de nuestro concurso para superar esta difícil situación que hoy los aborda.
*Abogado y Magister en Derecho Público
Twitter: @asjuram