Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ El pasado viernes 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, en una valerosa decisión, suspendió mediante auto, el trámite y expedición del borrador de resolución con el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pretendía expedir nuevos lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá; un texto ininteligible y malintencionado, diseñado especialmente para hacerle un daño irreparable a nuestro territorio.
El tribunal escuchó el clamor de las autoridades de Bogotá, Cundinamarca y alcaldes de la Sabana de Bogotá, que comenzaron a advertir los graves y negativos efectos que una decisión como la que planeaba sacar Minambiente podía generar en la región central del país.
Después de convocar y realizar, de manera muy ágil y expedita, una audiencia de verificación al cumplimiento de la sentencia del 28 de marzo de 2014, proferida por el Consejo de Estado, para la recuperación de la cuenca del Río Bogotá, la magistrada ponente no solo impidió que ese borrador se convirtiera en acto administrativo, sino que impuso como medida cautelar la obligación de reiniciar y agotar todas las etapas que exige la ley para este tipo de trámites administrativos, y ordenó que todos los documentos y pruebas técnicas practicadas, sean sometidas a consideración de los sujetos que pueden resultar afectados y que no tuvieron la oportunidad de ser oídos, para que puedan controvertirlos y contradecirlos.
Las razones de la decisión fueron varias pero esencialmente, la falta de sujeción del proyecto de norma a los principios de legalidad, reserva legal y jerarquía normativa; la falta de estudio de viabilidad jurídica; la violación al principio de publicidad; las graves omisiones en el proceso de participación ciudadana; las evidentes falencias de técnica normativa que atentan contra la seguridad jurídica de los destinatarios de la norma; y, la omisión de las etapas previstas en la ley para la expedición de actos administrativos que pueden llegar a afectar a terceros, entre otras.
Qué buena y oportuna resulta esta trascendental decisión que se ha tomado desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que seguramente el Gobierno recibe como una afrenta, frente a un hecho que se evidencia como extralimitado y arbitrario de parte de la exministra de ambiente Susana Muhamad; salido por completo de su competencia funcional y con el que se pretendía desconocer todos los ejercicios de ordenamiento del territorio que se han hecho desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y los municipios de la cuenca del río Bogotá, así como “pasarse literalmente por la faja” todos los avances que se han logrado en esta materia, a partir de la sentencia de 2014 y en el ejercicio de verificación al cumplimiento de los mandatos de dicho fallo judicial, en un total acto de irrespeto a la magistratura, a las autoridades regionales y locales, y a la comunidad en general.
A partir de esta noticia, que nos sorprendió a todos al cierre de esta semana, hay que hacer una invitación también a los tribunales administrativos de Antioquia, Santander, Cesar y otros, a que conozcan la providencia y la analicen, y a seguir el ejemplo de su equivalente en Cundinamarca, pues eso mismo está ocurriendo en sus territorios con decisiones similares que se han emitido o se preparan en ese mismo ministerio o en el de agricultura, para desconocer por completo la Constitución, la ley y los mandatos judiciales, en un ejercicio equivalente, irregular, amañado y extralimitado de funciones, declarando como “reservas temporales” terrenos que desde el ordenamiento territorial están habilitados para el desarrollo de actividades productivas, y sobre los cuales existen situaciones jurídicas consolidadas que van a resultar severamente afectadas.
Desde hace más de un año venimos advirtiendo que el tema de las reservas temporales es una adefesio normativo que están queriendo institucionalizar desde el ente rector del Sistema Nacional Ambiental y por orden del ejecutivo, para utilizarlo como comodín e imponer prohibiciones al uso de la tierra a diestra y siniestra, enarbolando como bandera la protección ambiental y el desgastado principio de precaución, para omitir la obligación de realizar estudios serios de soporte y trasgredir con desfachatez las reglas del debido proceso y las instancias de participación ciudadana.
A ello hay que sumarle también el nuevo engendro de las APPA y las ZPPA, que obedecen a esa misma lógica y estrategia, que se impulsa desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y bajo el discurso demagógico del derecho humano a la alimentación y de la protección de los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección.
Tienen razón quienes, frente a todos estos ataques simultáneos y sistemáticos que el Gobierno está llevando a cabo contra los entes territoriales, los sectores productivos, los propietarios de tierras y la comunidad en general, han comenzado a decir que lo que se promueve en el fondo es una expropiación indirecta disfrazada de sostenibilidad ambiental o alimentaria.
El llamado de atención también es para los gobernadores y alcaldes, invitándolos a que despierten y se ilustren frente a lo que está pasando, pues todo este ejercicio aparente de establecimiento de determinantes, lineamientos o directrices que quiere imponer el gobierno nacional con el discurso obsesivo del medio ambiente y la seguridad alimentaria, no es más que un distractor con el cual desde el gobierno central les están queriendo desconocer los principios constitucionales de la descentralización y la autonomía administrativa y poco a poco les han ido relevando de sus principales competencias constitucionales, en especial la de ordenar el desarrollo de su territorio y determinar los usos del suelo.
Este hecho, aparentemente intrascendente para algunos, unido al recorte de las transferencias y de los recursos del Sistema General de Participaciones, está dejando a los municipios sin posibilidades de cumplir con sus objetivos misionales que son, principalmente, construir las obras públicas que demanda el progreso local y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
Los ciudadanos en general también debemos estar atentos, porque poco a poco y sin que exista una reforma constitucional, cada día toma más vigor la tesis de la inexistencia de los derechos adquiridos y el irrespeto hacia la propiedad privada como instituciones jurídicas importantísimas y esenciales en todo Estado que se precie de ser democrático.
Frente a las arbitrariedades del ejecutivo, autoridades y comunidad deben seguir el ejemplo de Bogotá y Cundinamarca; unirse y reaccionar de manera expedita acudiendo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque si se dejan engañar con discursos bonitos o minúsculas dádivas y permiten que se consoliden estas afrentas contra el Estado Social de Derecho, se harán corresponsables del daño que con tales actos le están impregnando al país y más adelante todos lo sentiremos.
De nada servirán los arrepentimientos posteriores sobre lo que pudo ser y no fue. Hoy más que nunca todos debemos reaccionar, despabilarnos y actuar como sociedad, antes de que el vicio cunda, se acuñe y deban pasar varias décadas para poder erradicarlo, generando graves efectos negativos para todos. ¡El momento es ahora!
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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