Por: Érika Bayona López/ La medida impulsada por Jaime Andrés Beltrán, buscaba limitar la circulación de vehículos provenientes de otros municipios bajo el pretexto de reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire. No obstante, esta restricción no solo resultaba discriminatoria, sino también poco práctica y mal diseñada. Más preocupante aún, parecía un intento por presionar a los conductores foráneos a matricular sus vehículos en Bucaramanga, sin ofrecer incentivos reales ni reconocer que otros municipios como Girón cuentan con procesos más agiles y económicos para este trámite.
Si analizamos con detenimiento los argumentos presentados por el Director de Tránsito de Bucaramanga, queda en evidencia que esta propuesta carece de planificación y responde más a medidas restrictivas que a estrategias integrales.
Si el objetivo principal era fortalecer el parque automotor matriculado en Bucaramanga, ¿por qué no optar por estrategias más efectivas y menos divisivas? Reducir costos de matrícula, agilizar los procesos administrativos y ofrecer otros beneficios concretos a quienes registren sus vehículos localmente serian acciones mucho más atractivas. En lugar de penalizar, debería premiarse la elección de Bucaramanga como lugar de registro vehicular.
Además, la medida pretendía reducir la circulación vial, pero olvidaba que las restricciones de movilidad no son una solución efectiva frente al crecimiento constante del parque automotor. Limitar la circulación de vehículos foráneos impacta negativamente a quienes, desde otros municipios, contribuyen al desarrollo económico de la ciudad. Bucaramanga
no es una isla; su comercio, turismo y servicios dependen de una interacción constante con su entorno. Este tipo de restricciones envían un mensaje de exclusión que contradice los principios de integración regional que deberían primar en el área metropolitana.
Por otra parte, argumentar que la medida ayudaría a reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire es simplista. Una política de movilidad sostenible debe ir mucho más allá de prohibiciones arbitrarias. Es imprescindible fortalecer el transporte público, promover alternativas como la movilidad en bicicleta y optimizar la infraestructura vial urbana.
Además, se deben considerar propuestas innovadoras, como incentivar el uso de energías sostenibles de carga eléctrica. También es urgente replantear las ciclorrutas de la ciudad, de manera que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
La función pública no puede olvidar que el interés general debe primar sobre el interés particular. Esto implica implementar medidas asertivas que garanticen tanto la movilidad de los vehículos foráneos como el fortalecimiento del transporte público. La liquidación de Metrolínea es un ejemplo claro de la necesidad de resolver problemas estructurales antes de imponer restricciones.
Celebro la decisión de suspender las sanciones económicas hasta julio, lo cual abre una ventana al diálogo con los gremios y la ciudadanía. Sin embargo, esta pausa no debe ser solo un respiro temporal; debe utilizarse para replantear por completo la normativa. Lo ideal sería buscar su nulidad, ya que no solo carece de fundamentos sólidos, sino que también genera más perjuicios que beneficios.
La movilidad urbana no se construye con restricciones, sino con incentivos inteligentes y estrategias inclusivas que beneficien a todos los ciudadanos. Esperemos que esta suspensión marque el inicio de un enfoque más visionario, capaz de garantizar una Bucaramanga más organizada, sostenible y cohesionada. De lo contrario, la ciudad estará expuesta a nuevos riesgos jurídicos que se suman a las interminables batallas legales que enfrenta nuestra querida ciudad de los parques.
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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