Fuentes oficiales de la Cancillería de Perú han confirmado la existencia de mensajes de voz con amenazas de muerte contra diplomáticos peruanos en México. El Consulado General del Perú en el país norteamericano ha pedido al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reforzar la seguridad de dicha sede. El mandatario mexicano no se ha pronunciado y, hasta el momento, los autores de las amenazas aún no han sido identificados.
Audios verificados por el Gobierno peruano con mensajes intimidantes llegaron al buzón de voz del Consulado de ese país en México. Las amenazas y agravios parecen estar dirigidas al exembajador peruano en México, a pesar de que ya no se encuentra en funciones, y a la presidenta Dina Boluarte.
“Tienes 48 horas para que te largues de México o te sacamos de México en una bolsa de basura”, decía uno de los mensajes que se escuchan en la llamada. Se cree que el audio tenía como destinatario a Manuel Gerardo Talavera Espinar, que se desempeñó como embajador hasta febrero de este año, cuando la presidente peruana ordenó su retiro definitivo.
Por lo que la amenaza también podría estar dirigida al actual encargado de negocios de Perú en México, Julio Reinoso. El funcionario se encuentra en la Ciudad de México para concluir las relaciones comerciales que también fueron pausadas entre ambos países en la escalada de tensiones diplomáticas. Las versiones sobre quién fue el destinatario contrastan.
Los audios, en los que además hay referencias irrespetuosas hacia la presidenta Dina Boluarte, fueron enviados a la policía de la Ciudad de México para alertar de la situación y pedir refuerzos de seguridad en el edificio consular. Las autoridades peruanas interpusieron una denuncia ante la Fiscalía mexicana y el primer ministro peruano, Alberto Otárola, calificó el incidente como “intimidaciones serias”.
«Condenamos las amenazas recibidas en la sede de la misión diplomática del Perú en México», escribió el primer ministro peruano en Twitter.
Otárola agregó que «se debe investigar el origen de estos hechos repudiables» y que el Gobierno peruano solicita «garantías para la vida y seguridad» de sus funcionarios y del personal administrativo que trabaja en ese país.
Por su parte, la Cancillería peruana detalló que las amenazas de muerte fueron recibidas el pasado miércoles a través de un mensaje anónimo enviado vía WhatsApp al celular de emergencia del Consulado General en la Ciudad de México.
El comunicado añadió que la Agregaduría Policial de Perú en México está «en contacto permanente con las autoridades policiales de ese país haciendo seguimiento del caso y de las investigaciones» y que las labores de la embajada y el consulado general en México «continúan desarrollándose con normalidad».
Obrador declarado ‘persona non grata’ en Perú
Apenas el jueves 25 de mayo, los legisladores peruanos decidieron que López Obrador no era bienvenido en el país, citando lo que describieron como su intromisión en los asuntos internos de Perú, después de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
López Obrador argumentó, en diciembre, que el trato que había recibido el expresidente era inconstitucional.
Las relaciones diplomáticas entre las dos naciones latinoamericanas ya estaban tensas. También a finales del año pasado, el Gobierno de Boluarte ordenó al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, que saliera del país tras los primeros comentarios de López Obrador sobre Castillo.
En febrero, Boluarte también anunció el retiro del embajador de Perú en México en respuesta a los comentarios de López Obrador tildando a su Administración de inconstitucional.
Además del mandatario mexicano, el Congreso de Perú también ha clasificado al presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, y al expresidente de Bolivia, Evo Morales, como ‘personas non grata’ por críticas similares a Boluarte.
Historial de relaciones tensas entre Perú y México
Las relaciones entre Lima y Ciudad de México se enfrían cada vez más. Este viernes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que su Gobierno no quiere tener vínculos comerciales ni económicos con Perú mientras Dina Boluarte permanezca en el poder, por considerarla una «usurpadora» de la Presidencia.
“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, dijo López Obrador.
El mandatario mexicano agregó que no entregará la presidencia rotatoria del bloque comercial de la Alianza del Pacífico a Perú y dijo que está dispuesto a dársela a Chile. “No se lo voy a dar a la señora que está usurpando la Presidencia (…) le voy a mandar una carta al presidente Boric, que ya no nos echen la culpa a nosotros los politiqueros en Perú y ya”, declaró Obrador.
La presidenta peruana respondió a Obrador y lo llamó “muy ignorante dada la inteligencia del pueblo mexicano”, en una rueda de prensa en Lima. Se trata del último capítulo en la escalada de tensiones diplomáticas desde que Castillo fue destituido del Ejecutivo peruano cuando intentaba cerrar el Congreso, que lo investigaba por su presunta participación en una red criminal.
Situación política convulsa en Perú
Dina Boluarte, antes vicepresidenta, tomó juramento como presidenta horas después de que Castillo fuera destituido de su cargo y arrestado rápidamente, luego de su denominado como «autogolpe» de Estado. Desde entonces, estallaron violentas protestas, sobre todo en el sur del país, que resultaron en decenas de civiles muertos.
Los grupos de derechos humanos han acusado a policías y soldados de usar fuerza excesiva, y el pasado jueves Amnistía Internacional afirmó que los orígenes indígenas de la mayoría de los muertos en las protestas sugerían un prejuicio racial.
Por su parte, Boluarte ha defendido a las fuerzas de seguridad y ha acusado a algunos manifestantes de actuar con violencia, pero los fiscales también la investigan por su papel en los asesinatos.
Entretanto, la pesquisa contra Castillo avanza. Este viernes, la Comisión de Fiscalización del Congreso encontró evidencias de que el expresidente, detenido preventivamente durante 36 meses, recibió dinero ilícito como parte de una supuesta red criminal que instaló en el Ejecutivo durante su mandato.