Por: Diego Ruiz Thorrens/ “La trágica desaparición de Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, terminó con el hallazgo de su cuerpo en los cañaduzales del corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, Valle del Cauca, tras 19 días de búsqueda. Las autoridades locales, que llevan el caso, informaron que dos personas fueron detenidas en relación con su desaparición. De estos capturados, uno ya tenía antecedentes judiciales y actualmente enfrentaba un juicio por actos sexuales con menores de 14 años, derivado de una acusación del año 2018”.
375: Este es el número de menores que en Colombia, según cifras de Medicina Legal, han sido asesinados entre enero y agosto de 2024. Es una cifra que, en cualquier país que se asuma defensor de los derechos de los niños y adolescentes, hubiese impulsado la movilización de toda la sociedad rechazando al unísono la violencia que continua devorando la vida de cientos de menores de nuestro país. Pero no, aquí no fue ni es así. Tuvo que acontecer el cruento crimen, la más abominable violencia, que arrebató la vida a la niña Sofía Delgado, menor de tan solo 12 años de edad que vivía con sus padres en el departamento Valle del Cauca.
La noticia del homicidio de Sofía Delgado sacudió a todo el país, encendiendo las alarmas sobre el aumento en los crímenes de violencia y abuso que afectan a la niñez y la adolescencia en Colombia. En el departamento de Santander, hace tan solo 1 semana, un menor fue ultimado en Barrancabermeja y 3 más fueron asesinados por sicariato en el municipio de Cimitarra. La violencia continúa presentándose, principalmente, al interior de los hogares de los menores. No obstante, estos crímenes junto al asesinato de la niña Sofia Delgado nos obligan a comprender que ningún menor está seguro.
Y es precisamente esta inseguridad la que está impulsando, una vez más, discusiones sobre temas que parecían haber sido superados, como son los castigos que han quedado demostrados que no reparan a los familiares de los menores que son víctimas, y que únicamente sirven para potenciar los vacuos discursos que, desde lo político, se aferran mezquinamente al momento de dolor familiar. No obstante, el homicidio de la niña Sofia Delgado promete impulsar un dialogo que sí es necesario y urgente, y tiene que ver con las fallas en los procesos de investigación judicial, haciendo mucho más fuertes los reclamos de miles de colombianos en relación a la protección de la niñez en casos de violencia sexual, de agresión al interior de sus hogares y la respuesta a la justicia.
Precisamente, sobre este hecho, el medio El Espectador compartió en su sección judicial la opinión de Esteban Reyes, director de la ONG Aldeas Infantiles: “más del 90 % de los casos de niños violentados en Colombia quedan en la impunidad. Además, según detalló en 2023, cada día se presentó un promedio de 56 menores que eran agredidos sexualmente a diario en el país”.
“Hemos visto en mesas interinstitucionales que no existen incentivos efectivos para acceder a la justicia. Cuando una madre denuncia que su hijo es agredido, su mayor temor es ´me van a quitar al niño´. Hay un sistema que revictimiza a los niños. Lo que necesitamos es un mecanismo de justicia donde el acceso, las pruebas, los procesos, los términos, los tiempos y las herramientas de investigación funcionen”.
Las palabras de Reyes toman aún más fuerza cuando comprendemos que “los fenómenos de violencia tienen muchas manifestaciones. Pero debemos centrar nuestro esfuerzo en priorizar y aglutinar esas violencias para combatirlas. Lo que proponemos se basa en algo sencillo: no estamos buscando nuevas leyes para enfrentar este problema, pues ya hay una normativa muy grande. El problema es que no se implementa y tampoco se le destinan recursos”.
Mientras tanto, una familia entera llora la muerte de Sofía.
No podemos permitirnos olvidar su nombre. Más aun, cuando los peligros continúan acechando a los menores. Es hora que nuestro país comprenda que para proteger la vida de los menores no es necesario impulsar estrategias que, políticamente, no garantizan la disminución de la criminalidad. Tampoco, sirve de mucho impulsar marchas populistas para ganar adeptos mientras se instrumentaliza el dolor de una familia.
En palabras de Reyes, se requiere: “es un mecanismo de justicia donde el acceso, las pruebas, los procesos, los términos, los tiempos y las herramientas de investigación funcionen”.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP – Seccional Santander
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