Por: Renato Baldovino Guevara/ El propósito de este artículo es exponer brevemente los motivos por los cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y algunas de sus entidades adscritas deben ser dirigidas por profesionales de las ciencias agropecuarias, ya que las actuales circunstancias obligan al gobierno colombiano a adoptar medidas que beneficien directamente a los aproximadamente 3 millones de productores agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales.
El sector rural colombiano es dinámico, complejo, ha sido afectado históricamente por factores externos e internos, particularmente por la desigualdad en la tenencia de la tierra, la ausencia del Estado, los cultivos ilícitos y el accionar de los grupos armados; aun ante esta vulnerabilidad, los campesinos han logrado impulsar el desarrollo territorial en sus regiones y han sacado adelante a sus familias.
La actual coyuntura de la pandemia ha generado una pertinente discusión sobre la agricultura y la seguridad alimentaria a nivel mundial. Más personas han comprendido que la alimentación humana es una prioridad para cualquier país del mundo, mucho más en épocas críticas como la que estamos padeciendo.
Es por esto que muchos analistas, políticos, docentes, productores y dirigentes gremiales del sector rural colombiano, se han pronunciado a raíz de las recientes decisiones del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural para aliviar la crisis de los productores agropecuarios en el contexto del Covid-19.
En este universo de alternativas planteadas se encuentran desde la adopción de nuevas tecnologías, el apoyo al comercio digital, la mejora en cobertura y condiciones de los créditos, el replanteamiento de los tratados comerciales y aranceles, la inclusión de la agroecología, la adaptación al cambio climático, las compras públicas, la ampliación de la asistencia técnica, el control a la intermediación comercial, el ordenamiento al uso del suelo y muchas otras, todas absolutamente necesarias, pertinentes e incluso urgentes para mitigar las posibles afectaciones en la población rural y por ende en la producción de alimentos.
Así mismo, distintas organizaciones internacionales relacionadas con la agricultura y la alimentación como la FAO, Iica, Cepal, Celac, Rimisp, Fida y otros, vienen advirtiendo a los gobiernos sobre los riesgos de una recesión económica, crisis alimentaria y desempleo, que impactará drásticamente en los sistemas agroalimentarios y los medios de vida de los campesinos.
Tal como lo muestran diversos estudios, actualmente entre el 60 y el 70% de la producción de alimentos que se consumen en Colombia proviene de pequeños agricultores, esto significa que la economía campesina es el actor principal de nuestro sector rural. Por lo tanto toda política, programa y/o subsidio debe ir dirigido especialmente al apoyo de la agricultura familiar.
Pero para poder impactar de manera eficiente y eficaz a este sector, se hace necesario que tanto el ministerio como algunas de sus entidades adscritas sean dirigidas por profesionales que tengan conocimiento y comprendan la importancia de algunos aspectos técnicos como la preparación de suelos, el manejo integrado de plagas y enfermedades, la fertilización, la nutrición, la producción animal, el manejo de cosecha y poscosecha, la comercialización, entre otros, que se adquieren en la academia y con la experiencia profesional, los cuales son fundamentales a la hora de tomar decisiones relacionadas con proyectos productivos agropecuarios.
En este sentido, el conocimiento y la experiencia en estos temas por parte de quienes dirijan al ministerio, viceministerios y entidades adscritas, podrían garantizar que toda estrategia y/o plan dirigido al sector agropecuario, integre los elementos suficientes para generar productividad, rentabilidad y sostenibilidad, especialmente en la agricultura familiar campesina.
Por supuesto que los proyectos productivos deben ir acompañados con otros factores que generen el bienestar de los habitantes rurales como los servicios básicos en salud, educación, vivienda y vías de acceso, que aunque no son competencia de esta cartera, es deber del ministro gestionar de manera articulada con otros ministerios, gobernadores y alcaldes.
El hecho que Colombia solo haya tenido dos profesionales de carreras agropecuarias como ministros de Agricultura durante los últimos 30 años parece un dato irrelevante para la mayoría de colombianos, pero a mi juicio este es un factor fundamental en el manejo que se le ha dado al sector, sin demeritar los excelentes profesionales que han estado a cargo, en su mayoría economistas y abogados.
No se trata de descalificar ni desconocer las funciones desempeñadas por estos profesionales frente al ministerio, estas profesiones son necesarias en todas las entidades públicas y privadas para la estructuración de sus planes, programas y proyectos, sin embargo las decisiones técnicas en política pública agropecuaria deben ser responsabilidad de los profesionales del sector.
En 2019 el presupuesto asignado para el sector rural fue de 2,08 billones de pesos, lo que representa un 0,77% del total nacional. En el marco de esta pandemia, el gobierno debe aumentar significativamente este rubro para el fortalecimiento de la agricultura familiar y así garantizar la seguridad alimentaria de la población colombiana. Sin embargo, los recursos disponibles se deben ejecutar con eficiencia para que beneficien prioritariamente a los campesinos, sin excluir a los medianos y grandes productores agropecuarios.
Por ejemplo, en un sistema productivo agropecuario, los insumos como semillas, fertilizantes, plaguicidas, controladores biológicos, concentrados (incluyendo herramientas, maquinaria y equipos) pueden representar hasta un 85% en los costos de producción, dependiendo si el cultivo es transitorio, anual o permanente y de factores como topografía, suelo, clima, estado de las vías, entre otros.
Dado lo anterior, se hace necesaria la ejecución de un programa para subsidiarles parte de los insumos directamente a los pequeños productores, producto de una concertación con asociaciones campesinas, gremios, la academia, organizaciones solidarias, sindicatos agrarios, gobernaciones y alcaldías. Esta estrategia aunque solo intervenga un eslabón de la cadena, podría aumentar significativamente los rendimientos y utilidades de los campesinos.
Revisando los países de América en los cuales sus actuales Ministros de Agricultura son profesionales del sector agropecuario, se encuentra que en Brasil, México, Argentina y Cuba son Ingenieros (a) Agrónomos (a); en Perú y Chile son Ingenieros Agrícolas y en Estados Unidos es Veterinario. Esto corrobora que no son las ideologías o corrientes políticas las que determinan los nombramientos en los ministerios de agricultura de estos países, podría ser el resultado de un gremio fuerte y exigente frente a sus gobiernos de turno o sencillamente prima en ellos el sentido común.
Por último es pertinente aclarar que Colombia tiene profesionales de las ciencias agropecuarias altamente capacitados y experimentados. Es tiempo de darles una oportunidad para asumir la dirección, planificación y ejecución de su política pública, para darle el rumbo indicado a nuestro sector rural.
*Ingeniero Agrónomo y Magister en Desarrollo Rural
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