Este miércoles se dio un fuerte golpe a las finanzas públicas del país y para los planes financieros del Gobierno de Gustavo Petro: la ley de financiamiento (en la práctica la segunda tributaria de esta administración) se jugó su suerte ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso en su primer debate.
La iniciativa, cuya ponencia fue presentada apenas este martes, no tenía el mejor de los pronósticos al no tener apoyo de legisladores de oposición e, incluso, algunas dudas entre cercanos al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las cuatro comisiones económicas decidieron archivar el proyecto que buscaba aportarle recursos extra al Presupuesto General de 2025. En principio, el proyecto perseguía unos $12 billones, pero luego de intensas negociaciones, la ponencia que se radicó el lunes dejó el horizonte de la iniciativa en poco menos de $10 billones ($9,8 billones, según el Ministerio de Hacienda).
La iniciativa llegó al Legislativo en un momento crítico para el Gobierno, que no ha decretado el Presupuesto General para el próximo año y en medio de un cambio de liderazgo en el Ministerio de Hacienda, luego de la renuncia de Ricardo Bonilla y la designación de Diego Guevara como nueva cabeza de la cartera.
Es importante tener en cuenta que el Presupuesto para el próximo año no está en firme aún, luego de que se cayera en el Congreso (algo que no había pasado en la historia reciente), lo que dejó su expedición en manos del Gobierno, que deberá decretarlo en la misma forma como entró al Legislativo en primer lugar.
La ley de financiamiento era clave, ya que el Presupuesto establece recursos por unos $511 billones ($523 con la tributaria), pero ahora quedó desfinanciado. Ahora el Gobierno, después de decretar el presupuesto tal como fue presentado, tendrá que expedir un decreto para cuadrar caja. En otras palabras, un nuevo recorte para ajustar las ambiciones de gasto del Gobierno con sus realidades operativas.
Tras la votación, la representante Olga Lucia Velásquez, ponente de la iniciativa, argumentó que las dos ponencias de archivo estaban basadas en la primera versión que presentó el Gobierno (la que buscaba los $12 billones).
“La ponencia que radicamos eliminó cinco artículos cuestionados por la ponencia de archivo y traía 13 artículos nuevos que beneficiaba a los colombianos. Me niego a creer que no se haya hablado de los beneficios, que le negamos la posibilidad a más de 260.000 personas naturales y jurídicas, que tienen deudas con la DIAN y con la UGPP, de ponerse al día”, dijo.
Agregó que, “ni siquiera se habló de eso en la ponencia de archivo porque se habló de una ponencia inexistente. (…) Me llegó al oído que estaban haciendo una polla de si se aprueba o no se aprueba, que si me apuntaba. Qué vergüenza me da, que esto haya sido una rifa, un espectáculo. Lo lamento por la gente que está esperando los beneficios tributarios”.
Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Diego Echevarría y Liliana Benavides dejaron como constancia que su intención era votar a favor del archivo del proyecto, pero que lo hicieron de manera contraria porque se confundieron. En algún momento se planteó reabrir la votación, pero la idea se descartó.
Las dos ponencias de archivo fueron avaladas, al contar con votos positivos en las cuatro comisiones.
Es importante recordar que para que las votaciones avanzaran en el debate éstas debían ser unánimes entre las cuatro comisiones (dos de Senado, dos de cámara).
Las votaciones de las ponencias negativas se dieron de esta forma:
- Comisión Tercera de Senado: 8 votos a favor, 6 en contra.
- Comisión Cuarta de Senado: 8 votos a favor, 6 en contra.
- Comisión Cuarta Cámara: 16 por el sí y 10 por el no.
- Comisión Tercera Cámara: 17 votos por el sí y 12 por el no.
