Por: Diego Ruiz Thorrens/ Hace pocos días, varios medios de comunicación local publicaron la dura historia de la señora Ivón, mujer madre de una menor de edad llamada María Salomé, quien armada de valentía (y llena de indignación) decidió encadenarse en la puerta de la EPS Famisanar en la carrera 33 con calle 52B de Bucaramanga.
¿Cuáles fueron los motivos de la señora Ivón para encadenarse? Doña Ivón asegura que a su hija se le han vulnerado una y otra vez los servicios y tratamientos médicos, y que la EPS ha hecho omisión de las tutelas a favor la menor para que se le garantice la atención. En un vídeo subido a redes sociales y compartida por varios canales de comunicación, la madre de la pequeña manifestó que “desde el 1 de febrero, cuando mi hija se trasladó para esta EPS he tenido sufrimientos. Me encadené para que se haga visible nuestra problemática y se nos garantice el derecho a la salud, que día a día se nos está violando”.
Buscando mayor información del caso y dialogando con varias organizaciones de usuarios en salud y otras que trabajan por los derechos de mujeres y de poblaciones LGBTI, organizaciones que, precisamente, buscan hacer freno a este tipo de atropellos (vulneración al acceso a la justicia, a la salud y la vida), terminé enterándome de otras perlas dónde las víctimas son, en su gran mayoría, niñas menores de edad, adolescentes, mujeres y personas mayores y población trans, muchas de ellas, casos igual o más aberrantes que el que vive la señora Ivón, donde el predominio de la violencia y la vulneración en derechos pareciera convertirse la razón de existencia de muchas instituciones.
Un ejemplo de la violencia institucional que raya en lo criminal es el infierno que, actualmente, vive una joven madre de 2 niñas pequeñas, mujer quien armada de valor decidió denunciar a su agresor, padre de las menores. Por respeto a la joven madre no publicaré ni nombres ni información adicional sobre ella. Solo compartiré aspectos generales que ella misma decidió mencionar, entre ellos, uno que pareciera salido de una historia de terror, y es el constante enfrentamiento que mantiene con una institución que es (nada más y nada menos) el instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF y algunos de sus profesionales, quienes, según su relato, parecen que son “cuota de algún político porque no tienen idea de qué deben hacer o para qué están ahí”.
En nuestro dialogo, ella menciona que, desde el primer instante que su ex – pareja la golpeó, ella decidió agarrar su ropa, tomar las niñas y salir corriendo del lugar que alguna vez pensó era su hogar. Luego, buscando proteger a las menores (su ex pareja le afirmó que si se cruzaba con ella o con las niñas en la calle le haría daño), y luego de visitar y ser citada varias veces en la comisaría de familia; de hacer presencia en comandos de atención inmediata – CAI de la policía y hasta de ir hasta la personería, muchas de estas instituciones le “recomendaron” que lo mejor (por la salud y bienestar de las niñas) era que pudiese “con-ci-liar” con el agresor. Incluso, me manifestó que un funcionario de uno de los ministerios públicos quien pertenece a una iglesia cristiana, le sugirió hablar con el pastor de su iglesia para así buscar “soluciones” al infierno que enfrenta. Es decir, que es mejor no apoyarse en la ley puesto que esta no existe, o al menos, allí no la va encontrar.
Para muchos funcionarios, la solución está “fuera”, con cualquier otra institución u organización, que con quienes deberían garantizar la protección legal y el acceso a la justicia.
Y así como este, algunos casos dónde hubo violencia sexual (violación) contra menores (cometido por los mismos padres de las menores, por tutores o personas cercanas a las y los mismos niños); vulneración en la atención de salud dirigida a jóvenes adolescentes y mujeres mayores con patologías que requieren de atención inmediata; mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o mujeres de la población trans víctimas de agresión en razón de su identidad de género, fueron emergiendo en mi indagación. Ninguna, ha encontrado una solución que sea definitiva.
En todos los casos, se presentan las mismas variables: funcionarios que al parecer trabajan gracias no a su experticia sino por cumplir o ser cuota de algún político; profesionales que desconocen de atención a víctimas con enfoque de género, o personas que, buscando descargar su responsabilidad, la depositan en otras instituciones, generando lo que actualmente conocemos como paseos de la muerte (en el tema de la salud) o revictimización de la persona agredida (en el tema de justicia) que también pueden terminar en muerte.
Esto no puede continuar así. No deberíamos normalizar que una persona que requiera atención inmediata, en cualquier municipio de Santander, sea agredida, una y otra vez, por aquellos que deben brindar una respuesta. Como mencionaba una de las personas con las que tuve la oportunidad de dialogar: “ahora todos dicen que esto es culpa del nuevo gobierno. Todo. Pues no: esto viene de muy atrás, y es culpa tanto nuestra por permitir que esto continuase y por no exigir personas y/o profesionales competentes, como también de las instituciones que parecieran estar más interesadas en contratar personas que son ‘amigos de los amigos de los amigos’. Mientras tanto, más niñas, más adolescentes y más mujeres son agredidas, o fallecen, o pueden ser asesinadas, y mientras que no nos importen esas vidas, nada de esto cambiará”.
Pensamos igual.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Seccional Santander.
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