Un problema más para el Gobierno haitiano. Este 28 de septiembre, la Administración dominicana encabezada por el presidente, Luis Abinader, apeló «encarecidamente» al organismo interamericano a mediar para buscar una solución a la controversia del canal que se está construyendo en el lado haitiano del río Masacre. Un proyecto en la zona fronteriza que llevó al Gobierno dominicano a cerrar totalmente sus fronteras con su vecino desde el pasado 15 de septiembre.
En la carta, República Dominicana urge directamente al titular de la OEA para que visite la zona de construcción para que recabe información importante sobre el proyecto, con el objetivo de «rendir un informe detallado al Consejo Permanente de la OEA para su edificación sobre esta situación».
El ministerio de Relaciones Exteriores, órgano emisor del comunicado, expresó que se reserva el derecho a presentar el caso en cualquier otra rama de la institución que encabeza Almagro, así como cualquier otra «instancia internacional relevante». Adicionalmente, condicionaron el diálogo con la parte haitiana a que el proyecto sea «paralizado».
Según República Dominicana, la construcción del canal en territorio haitiano «significaría la posible extinción del caudal del río aguas abajo hasta su desembocadura». Esto, señala, representaría un riesgo mayúsculo para las comunidades que abastecen sus actividades agrícolas y sus hogares con el agua de dicho cuerpo de agua.
«En términos prácticos, esto permitiría la enajenación de un bien de dominio público imprescindible que sirve de sostén para las actividades productivas de la zona y de sus recursos naturales», marcaba el comunicado.
Más de 10.000 desplazados por la violencia de las pandillas en Haití
Mientras la pugna diplomática con su vecino se intensifica, la situación de violencia dentro de Haití se vuelve insostenible.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), órgano dependiente de Naciones Unidas, informó el pasado 27 de septiembre que los enfrentamientos entre pandillas al norte de la capital han provocado que alrededor de 10.000 personas se hayan visto obligadas a desplazarse de sus hogares, en búsqueda de resguardo de la violencia.
La alarmante cifra compartida por Naciones Unidas viene después de una serie de ataques provenientes de los grupos criminales que se han adueñado de las calles de Puerto Príncipe. Uno de ellos fue el perpetrado en contra del Hospital Universitario de Mirebalais donde, a pesar de que no se han reportado muertos o heridos, generó un «trauma» entre los pacientes.
«Fue un ataque brutal que viola el tratado moral que considera a los hospitales lugares neutrales, dejando a pacientes y personal médico profundamente traumatizados», expresó un comunicado lanzado por Zanmi Lasante, la institución médica privada más grande del país.
El Gobierno haitiano parece imposibilitado a responder a la ola de violencia, después de que Johnny Cherizier, el líder de la principal ‘alianza de pandillas’ del país ‘G9’, amenazara con destronar a la presente Administración de Ariel Henry la semana pasada.
Cherizier también se ha expresado a favor de la construcción del canal en las inmediaciones del río Masacre. Un pronunciamiento que preocupa no solo a República Dominicana, pero también a toda la comunidad internacional que se mantiene alerta por la estabilidad en Haití.
