Como se sabe, la Corte Constitucional está a punto de emitir un fallo que podría sacar del ordenamiento jurídico la Ley 2381 de 2024 o Reforma Pensional. La ponencia negativa radicada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se basa en el análisis de los argumentos esbozados en la demanda.
La acción que fue interpuesta por la senadora por el Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, fundamenta su solicitud de inexequibilidad en la violación de los postulados del artículo 157 de la Constitución.
Según se narra en los hechos de la demanda, el texto aprobado en la Cámara Alta fue avalado en bloque, sin permitir un debate artículo por artículo, hecho que algunos analistas consideran es un vicio insubsanable.
Uno de los que ha opinado sobre el tema alejado de los apasionamientos políticos, es el abogado Kevin Hartmann, experto en derecho constitucional, quien explicó en redes sociales que los ‘reclamos’ del tribunal no está en los ‘méritos’ o contenido de la reforma, sino en la legalidad de su aprobación.
«No se juzga si es buena o mala, sino si se respetó el derecho a la deliberación democrática. Pasar por alto el debate abre la puerta a imponer leyes sin transparencia», comentó el jurista.
Para fundamentar su opinión sobre la inminencia de la inexequibilidad de la norma en cuestión, Hartmann trajo a tiempo presente el fallo C-157-21 de 2021, donde la Corte sacó de la vía jurídica varias leyes que presentaron similares problemas, subrayando que el debate legislativo es un pilar fundamental del Estado de derecho.
“La pregunta que debe resolver la Corte es: ¿La aprobación en bloque del texto del Senado, sin discutir por separado los artículos con proposiciones, constituye un ‘vicio de procedimiento insubsanable’ que afecta la validez de la Ley 2381 de 2024? Ese es el debate que tendrá la sala plena de la Corte. La clave es qué tan subsanable es ese vicio denunciado. Por tanto, la discusión poco tiene que ver con pensiones o con lo deseable o no del fondo de la reforma. Eso sí, tiene mucho que ver con trámite legislativo. Nada más”, explicó Hartmann.
Por su parte, el Gobierno y sus aliados en Congreso, han iniciado una ofensiva mediática y en redes sociales, llamando a la ‘movilización’ para defender la legitimidad que consideran estuvo revestido el trámite.
Altos funcionarios como Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), argumentan que el procedimiento cuestionado se ha usado en otras leyes sin reparos judiciales. Sin embargo, la oposición y analistas jurídicos replican que esto no es óbice para vulnerar principios constitucionales y acusan al Ejecutivo de desviar el foco del problema.
Desde varios sectores de la opinión pública censuraron la actitud beligerante del Gobierno Nacional y sus aliados en el Congreso, la cual parece desconocer que, amén de las diferencias y afinidades, el tribunal tiene como función esencial velar por la Constitución, más allá de las consecuencias políticas.
Finalmente, aunque el fallo podría demorarse meses en ver la luz, su alcance va más allá de la reforma pensional y los ‘beneficios’ que el gobierno prometió a sus ‘electores’: está en juego la confianza en el proceso legislativo y la solidez de las instituciones democráticas.
APN Noticias
