La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reactivó las órdenes de captura contra toda la cúpula y los negociadores del ELN tras enfrentamientos en el Catatumbo.
Tras la violencia desatada entre los grupos paramilitares en el Norte de Santander, Catatumbo, la Fiscalía reactivo las órdenes de captura de toda la cúpula con la que se estaba gestionando negocios de Paz.
A través de un comunicado oficial, la entidad atribuyó a Eliecer Herlinto, máximo líder del ELN, el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y en especial la comisión de nuevos delitos por parte de los miembros de este grupo armado.
Las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del Presidente de la República, se encuentran señaladas bajo los términos de la sentencia C-525 de 29 expedida en noviembre de 2023. Todo esto según la Resolución No. 00015 de 2025 emitida por la fiscal Camargo Garzón.
Sentencia ejecutada a inicios del mandato del presidente Petro, la cual establecía elementos estructurales para lograr la paz total en el país. Esta decisión según expertos de la situación implica un retroceso en el proceso de negociaciones.
La reactivación de las órdenes de captura para los comandantes del ELN sindicados de delitos y crímenes atroces aporta tanto como agregar una gota de agua al mar Caribe.
Es que no puede haber resultados contra la guerra, contra la degradación humana a la que ha llegado Colombia, si se debilita el ejército, si se alcahuetea que Colombia viva en un mar de droga, si se permite que la guerrilla viva a sus anchas con una política de paz que no conduce a ninguna parte.
En consecuencia, a partir de hoy cobran vigencia las órdenes de captura contra:
Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.
Esta decisión fue comunicada a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial para que, a partir de la Resolución 00015 de 2025, actúen en el marco de sus competencias.
