El Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a prisión domiciliaria al gobernador de Santander Didier Alberto Tavera Amado, mientras su proceso judicial por las presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2016 avanza en los estrados.
El juez tomó está medida para evitar que Tavera, cuyo período termina el próximo 31 de diciembre, pueda suscribir otros contratos que puedan llegar a afectar la administración pública y el erario del departamento. La solicitud de prisión preventiva pedida por la Fiscalía no fue avalada por el magistrado por considerar que no se cumplían los requisitos para la concederla.
El lío judicial en el que está metido el mandatario seccional es a raíz de la suscripción del contrato N. 601 de abril de 2016, celebrado entre la Gobernación de Santander —a través de la Secretaría de Educación— y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, que en ese entonces era propiedad del zar del PAE de Santander, Germán Trujillo Manrique.
Ese contrato tenía un valor de $35.767’321.026 y el objeto era el de brindar el suministro de alimentación escolar para 124.892 estudiantes de 82 municipios no certificados de Santander.
Así las cosas, el presidente de la República, Iván Duque, deberá designar un gobernador encargado hasta el 31 de diciembre próximo. La decisión del Tribunal no es apelable.
El PAE lo metió en líos
El PAE de 2016 fue cuestionado. De hecho, producto de su suscripción, la entonces secretaria de Educación Ana de Dios Tarazona fue capturada. En varias ocasiones por el Comité de Transparencia por Santander denunció que la licitación del contrato estaba dirigida a un oferente en específico.
“El pliego de condiciones reunía una serie de requisitos que hacía que la participación de los oferentes en este proceso fuera demasiado baja. Por eso hubo único oferente, porque en el cierre del pliego de condiciones estas estaban dadas para que así fuera y evitar que otras empresas pudieran participar”, dijo María Juliana Acebedo, vocera del Comité.
Después de la adjudicación del contrato, la veeduría denunció que la comida nunca llegó a los niños pese a que la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones cobraba el dinero.
“El dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento”, indicó la Fiscalía en un documento.
Asimismo, el ente investigador encontró que el operador presentó sobrecostos en los productos que decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy distintos. Uno de los casos más recordados fue la compra de tamales por $30.000 a una empresa que no era idónea.
Escándalo nacional
El exfiscal Néstor Humberto Martínez, en una visita a Bucaramanga, reveló que -dentro delo contrato del PAE- se contrataron $30 millones para el suministro de tamales y ese contrato se habría suscrito con una empresa que suministra grúas, en el Meta.
“Allí pudimos constatar, en Acacías, que la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias, y que por supuesto no sabían hacer tamales. Como complemento, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes”, dijo.
En mayo del 2018, Germán Trujillo Manrique, empresario y esposo de la gobernadora del Huila, Cielo González, se entregó a la justicia, tras saber que la Fiscalía tenía pruebas que lo comprometían con estas irregularidades encontradas en el contrato del PAE en Santander.
Este empresario de 49 años ha ganado decenas de contratos hasta con el ICBF para suministro de raciones a abuelos, niños y población desplazada en Huila, Caquetá, Tolima y Meta.
Esa vez, Trujillo fue enviado a prisión domiciliaria tras devolver 2.283 millones de pesos; sin embargo, en abril de este año, un juez lo condenó a 36 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de les requisitos legales que estaba pagando en la cárcel de San Gil.
Pese a la decisión, un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel y ahora paga su condena en un apartamento de Floridablanca.
