Las agresiones y criminalización de operadores de justicia, defensores de los derechos humanos y periodistas en Guatemala registraron un incremento el año pasado generando una «grave crisis democrática» en el país, denunció este jueves una oenegé.
Desde el 2017 «empezamos a notar un incremento de agresiones que para el año 2022 llegó a la lamentable cifra de 3.574 agresiones», dijo en rueda de prensa Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
Entre las principales agresiones contra operadores de justicia, activistas humanitarios, periodistas, ambientalistas e indígenas, entre otros, figuran denuncias judiciales sin fundamento, casos de difamación y hostigamiento.
Según datos de Udefegua, el año pasado documentaron 1.002 denuncias.
Santos consideró que esa política de represión es una «venganza» contra los que promovieron la lucha contra la impunidad y corrupción, en especial operadores de justicia que desde el 2015 desbarataron redes ilegales dentro del Estado.
El activista afirmó que los promotores de esta estrategia son grupos económicos «organizados de extrema derecha» en donde militan «actores comprometidos con la corrupción, las graves violaciones a los derechos humanos y con la impunidad».
«Han llegado a capturar absolutamente el Estado guatemalteco. Hoy no hay institución pequeña o grande que no esté siendo sometida a esa captura», lamentó.
Ante ello pidió al Estado guatemalteco, en particular al Ministerio Público (MP, Fiscalía), «el cese definitivo de la persecución penal espuria».
«Hay que detener esa política criminal dirigida a agredir, limitar y obstaculizar la defensa de los derechos humanos», insistió.
Recordó que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado guatemalteco a implementar una política pública de protección a defensores humanitarios.
En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos. Allí también figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Además, instó a la comunidad internacional a fortalecer y ampliar las sanciones en contra de actores que buscan la impunidad y la corrupción en esta nación.
Desde 2021, unos 25 exfiscales y exjueces a cargo de importantes casos de corrupción han salido del país o tienen denuncias ante la fiscalía.
El MP está bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos por socavar la democracia.
