Colombia impuso sanciones por un total de 295.000 millones de pesos (84,4 millones de dólares) contra la constructora brasileña Odebrecht y sus socios en un consorcio por actos de corrupción para obtener una licitación de infraestructura en el país, dijo el lunes un regulador de la libre competencia.
Odebrecht ha estado en el foco del mayor escándalo de corrupción en América Latina, luego de que en 2016 reconoció que sobornó a funcionarios en una decena de países.
En Colombia, la firma pagó unos 30 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de infraestructura, según investigaciones de la Fiscalía General.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estableció la multa sobre Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Odebrecht Participações e Investimentos S.A.; Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana); Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol) y Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., en liquidación.
Para el organismo, el acto de corrupción “les permitió garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión número 001 de 2010 en favor de la concesionaria y, en una segunda fase, consistió en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares”, precisó un comunicado de la entidad.
La sanción también afectó a tres directivos de Odebrecht y al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, “por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado dichas conductas”.
El exviceministro de Transporte Gabriel García fue exonerado de la sanción por colaborar en la investigación al delatar a los involucrados. La SIC precisó que contra la decisión procede el recurso de reposición, es decir que puede ser apelada.
No fue posible obtener de inmediato comentarios de Odebrecht.
Por su parte, Corficolombiana y su filial Episol dijeron en un comunicado que no tuvieron responsabilidad corporativa en los actos y señalaron que continuarán defendiendo “hasta las últimas instancias su posición legal”.
“La decisión pone de presente que las pruebas recaudadas frente a Corficolombiana y Episol no las comprometen corporativamente en los actos investigados”, asegura el comunicado.
Esto “en la medida en que sus órganos directivos competentes no aprobaron ninguna conducta ilegal para la adjudicación y posterior ejecución del contrato respectivo, ni mucho menos pagos irregulares a servidores públicos para obtener la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol”, agregó.
Ya en diciembre de 2018, un tribunal colombiano había establecido una multa de más de 250 millones de dólares sobre el consorcio liderado por Odebrecht y lo había inhabilitado para suscribir contratos con el Estado durante 10 años.
