Las declaraciones del Mayor General Henry Sanabria no deberían sorprendernos o escandalizarnos, pero sí preocuparnos. ¿Por qué no debe sorprendernos? Porque esta es, así muchos no quieran observarlo, la posición no solo de un hombre sino de toda la institución.
Por: Diego Ruiz Thorrens/ Deberes de las autoridades de Policía. Son deberes generales de las autoridades de Policía:
- Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución Política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano.
- Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas contenidas en el presente Código, las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades competentes en materia de convivencia.
- Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.
- Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades de Policía a aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección constitucional. (Ley 1801 del 29 de julio de 2016. Artículo 10).
El pasado 02 de octubre de 2022, el periódico El País de España en su sección sobre América Latina, publicó un artículo sobre la posesión del director de la Policía Nacional de los Colombianos, Mayor General Henry Armando Sanabria. El artículo, comienza de la siguiente manera: “El controvertido jefe de policía: antiabortista, homófobo y en contra de la eutanasia. El elegido por Petro para comandar la seguridad también está en contra de Halloween: “es la estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo”.
Hasta aquel momento, a nivel nacional, pocos sospechaban cuáles serían las implicaciones, a mediano y largo plazo, de la elección de Mayor General Sanabria como director de la Policía. Nadie podía prever o adivinar lo que va a ocurrir. No obstante, el periódico El País en su artículo sobre la posesión del Mayor General Sanabria daba unas pistas sobre los riesgos y peligros de dicha elección, poniendo de manifiesto una denuncia que, a parecer, el mismo presidente Petro obvió (u omitió): “El nombramiento del mayor general Sanabria, administrador policial y abogado de 51 años, más de 30 de ellos vistiendo el uniforme, generó un temprano rechazo entre organizaciones sociales, no solo por sus expresiones vistas como antiderechos, sino por denuncias sobre presuntas actuaciones en contra de los Derechos Humanos mientras ejerció como comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena”.
De a poco, la gente comenzaría conocer (de la boca del Mayor General) sus posiciones personales (que no dejan de ser alarmantes, peligrosas, retrogradas y muchas de ellas, medievales) sobre temas sociales coyunturales e importantes, muchos de ellos, relacionados a su labor como director de la Policía Nacional y la defensa de los Derechos Humanos. Sus declaraciones sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva, Derechos LGBTI, VIH/SIDA y otros que no están relacionados a su labor como director de la Policía (posiciones religiosas o ‘teológicas’, supersticiones y alegorías) hacen que, literalmente, ‘pele el cobre’ y refuercen la resistencia social que existe hacia una institución que pide a gritos ser transformada.
Su pensamiento se cruza temas coyunturales (como es el tema del derecho al aborto, tema que, por cierto, está legalmente protegida en Colombia) y los agrupa, los fusiona con otros que, desde cualquier escenario, ya han sido debatidos, superados y que, aun más importante, para nada tiene que ver o son relevantes a su gestión.
Sobre la infidelidad y el aborto, el Mayor General manifestó que: “Es un derecho, por supuesto, de acuerdo con la Corte Constitucional. Desde el punto de vista teológico, hay otra lectura. Yo digo: ¿por qué la Iglesia no lo dice abiertamente? Y yo lo digo abiertamente en la institución: ¿Cuál es el problema de abortar? Todos venimos con el pecado original, salvo la Santísima Madre. Entonces el pecado original lo lleva a uno a ser malo desde el vientre materno. El bautismo rompe ese pecado. Un bebecito que muere dentro del vientre materno, al no ser bautizado, no nace al mundo espiritual”. Pregunto: ¿es él Mayor General un funcionario público o un séquito, un acólito, de la iglesia católica? ¿Será que entenderá las divisiones que existen entre iglesia y estado, distancia que es necesaria tener presente para ejercer sus funciones como Policía?
Y sobre derechos LGBTI, personas viviendo con VIH y SIDA, y sexo y la sexualidad, sus comentarios rayaron profundamente en la ignorancia y la más brutal de las violencias, vinculando a las poblaciones LGBTI con el VIH, viejo prejuicio que, al parecer, se resiste morir:
“Lastimosamente, y como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ bastante grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”. Según Sanabria, del 100% de los casos de VIH en la fuerza armadas el 47% se registra en la Policía Nacional, lo que equivaldría a un total de 12.000 casos positivos de VIH en la institución.
Las declaraciones del Mayor General Henry Sanabria no deberían sorprendernos o escandalizarnos, pero sí preocuparnos. ¿Por qué no debe sorprendernos? Porque esta es, así muchos no quieran observarlo, la posición no solo de un hombre sino de toda la institución, organismo que debe ser transformada de raíz, que aún se resiste cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos, dónde aun prevalece la violencia de género y la discriminación al interior de sus filas.
Debe preocuparnos sus declaraciones porque validan y normalizan la violencia contra sectores vulnerables, posicionando un discurso violento que está construido sobre un cimiento de imaginarios que han sido discutidos, controvertidos y derrumbados, cientos de veces.
Sus declaraciones reafirman la demanda social que exige un cambio al interior de la Policía, cambio que debe tener, como principal valor, evitar la imposición de personajes que, desconociendo la labor de los derechos humanos, se va lanza en ristre contra ellos, como si esta fuese, finalmente, la verdadera misión institucional.
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*Estudiante de maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP Seccional Santander.
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