Las ejecuciones en Arabia Saudita se han casi duplicado bajo el Gobierno de facto del príncipe heredero, según un informe de dos ONG. Desde la llegada al trono de su padre en 2015, más de 1.000 personas han sido condenadas con la pena capital.
Un informe del 31 de enero de las ONG Reprieve y la Organización Saudita Europea para los Derechos Humanos revela un dato escalofriante sobre el manejo del príncipe Mohamed bin Salman: bajo su control desde 2015, «el uso de la pena de muerte ha aumentado drásticamente» y ha sido utilizada para acallar las voces críticas de Arabia Saudita.
El reporte –que analiza la imposición de la pena capital en el reino entre 2010 y 2021– indica que el número de ejecuciones aumentó de un promedio de 70,8 por año entre 2010 y 2014, a 129,5 por año entre 2015 y 2021, período que corresponde al trono del rey Salman y de su hijo, el heredero Mohamed bin Salman, quien dirige de facto los destinos del país.
En concreto, el régimen actual ha aplicado más de 1.000 penas de muerte y ha registrado los seis años más sangrientos de la historia moderna de Arabia Saudita.
Apenas 2020 y 2021, con el apogeo de la pandemia de Covid-19, escaparon a las cifras letales. En una «alta proporción», destaca la investigación, el reino «despliega sentencias de muerte discrecionales», teñidas de «discriminación e injusticia», en particular para delitos no letales y contra personas que ejercieron derechos fundamentales, como participar de manifestaciones o ejercer pacíficamente su libertad de expresión.
«Arabia Saudita usa la pena de muerte, incluso para sofocar a la oposición, para sofocar las voces disidentes. Corresponde al poder de control sobre la población, suprimir todo derecho de expresión, todo derecho de manifestación, todo derecho de asociación. Todo se hace para silenciar a la población saudita y a las voces disidentes», explicó Jean-Claude Samouiller, presidente de Amnistía Internacional Francia.
El informe también apunta a que las ejecuciones se siguen aplicando a menores de edad, pese a que Arabia Saudita proclamó internacionalmente su cese hace tres años. Desde 2013, al menos 15 personas recibieron la pena de muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. Realidad que se agrava porque el reino «se niega a publicar datos sobre la pena de muerte y no notifica a las familias ni devuelve los cuerpos», como así denuncian las ONG.
