Pánico económico agravado, por este delito fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la Nación, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. A criterio de los denunciantes, la funcionaria “ha venido realizando afirmaciones falaces en distintos medios de comunicación de amplia circulación a nivel nacional que han generado zozobra, pánico y alarmas en el sector de minería, hidrocarburos e infraestructura energética en el país”.
La querella fue presentada por los representantes a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar (Santander) y Juan Fernando Espinal (Antioquia), tras considerar que “estas erróneas y temerarias afirmaciones generaron un caos mediático en el país, que fue altamente propagado por los medios de comunicación”.
Según el texto de la denuncia conocida por Corrillos, el 12 de agosto de 2022, la ministra afirmó a Blu Radio que “se tiene reserva de gas en Colombia para un periodo de 7 u 8 años y que en caso que se acabara la misma, se acudiría a importar este fluido desde Venezuela”.
Luego, el 10 de septiembre de 2022, la ministra afirmó que “el Fondo de la Gasolina tiene un déficit de diez mil billones de pesos” culpando a los altos precios que ha tenido la tasa cambiaria del dólar y el no aumento progresivo del valor de la gasolina en gobiernos anteriores.
En el texto de la denuncia, que consigna al menos siete enlaces que hacen referencia a las declaraciones de la ministra Vélez, el abogado Ronald Picón, apoderado de los representes a la Cámara, explica que, “al margen del debate que puede suscitarse con las nefastas consecuencias económicas que a corto y largo plazo acarrearía la implementación de la ‘transición energética’ liderada por el Gobierno de turno, lo cierto es que las declaraciones que en materia de su Ministerio realice la Dra. Irene Vélez Torres por su investidura tienen eco en todos los sectores económicos a nivel nacional; máxime si tenemos en cuenta que las expectativas de los principales actores del sector de hidrocarburos en el país no son positivas, que actualmente en dicho sector existe una penumbra donde brilla el miedo y la zozobra, ingredientes mortales si le sumamos las desacertadas afirmaciones de diferente índole que en medios ha venido realizando irresponsablemente la Ministra Irene Vélez, cuyas repercusiones son cuantificables objetivamente: la disminución de la valorización de la bolsa de valores de Colombia y de la acción de Ecopetrol en el mercado bursátil (…)”
En el mismo sentido -dice el texto de la denuncia– “la agencia Bloomberg ratifica dicha información, al señalar que, desde el inicio de este Gobierno, los bonos en dólares de Ecopetrol por US$11.000 millones han perdido casi el 8%, lo que representa más del doble de la caída promedio entre las otras empresas del Índice de Energía de Alto Rendimiento de EE.UU. de Bank of America”.
Agrega la denuncia que, “en el mes de septiembre de 2022 el Dr. John Fernando Escobar Martínez, Vicepresidente de Operaciones, Regalías y Participaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio respuesta a las inquietudes planteadas en ejercicio del control político realizado por los representantes a la Cámara, sobre la disponibilidad de las reservas de gas en el país; de dicha respuesta se puede concluir que Colombia tiene reserva de gas de hasta por lo menos 20 años (…)”.
Los congresistas denunciantes también relacionan en el recurso jurídico contra la ministra, las respuestas a un cuestionario de control político por parte de María Paula Camacho Rozo, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Secretaria General ( E) de Ecopetrol, en la que menciona las razones por las cuales no ha sido posible ejecutar el contrato celebrado en 2016 entre Ecopetrol y PDVSA S.A., cuyo objeto contractual versa sobre importación de gas hacia Colombia por 150 MPCD.
“El gas proveniente de Venezuela no satisface las especificaciones técnicas de calidad y de presión establecidas en el Reglamento Único de Transporte de Gas Natural (RUT) establecido en la regulación colombiana y Venezuela tiene sanción en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que implica que no se puedan realizar transacciones comerciales con PDVSA o con el Gobierno de Venezuela hasta tanto Ecopetrol siga cotizando en la bolsa de valores de Nueva York”, explica la funcionaria.
¿Qué es el pánico económico?
Según explica la querella, el que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial, agropecuaria o de servicios. La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.
“Para el caso del delito de pánico económico, la doctrina ha sido unánime en enunciar que la conducta debe ser cometida con dolo, es decir, el agente debe conocer y querer el resultado que no es otro que el de divulgar o reproducir información falsa o inexacta, generando la desconfianza en los usuarios, clientes, inversionistas o accionistas de las instituciones enumeradas en el artículo 302 del Código Penal; correspondiéndole al Fiscal General adelantar las respectivas pesquisas con el fin de identificar el móvil o el propósito con el que la ministra ha tenido constantes desaciertos en asuntos propio del Ministerio que preside, agudizando aún más el miedo que se vive actualmente en el país con la transición energética presidida por el Gobierno de turno”, consigna el texto de la querella.
Conforme el articulo 235 y 251 de la Constitución Política, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, investigar y acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, y la Etapa de Juzgamiento se adelantará ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal.
Solicitudes probatorias
Los congresistas detrás de la denuncia, solicitaron al Fiscal General, oficiar a la Bolsa de Valores de Colombia para que informe acerca de los índices de valorización del mercado accionario en Colombia en sus últimos seis meses; los índices de desvalorización del mercado accionario en Colombia para el mes de agosto y septiembre de 2022, discriminando sus posibles causas y el patrón desglosado del comportamiento de la acción de Ecopetrol (valorización, oferta y demanda) en el mes de agosto y septiembre y las posibles causas de sus variables.
También solicitaron oficiar al Ministerio de Minas, Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para que informe, ¿cuál es el valor real del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles FEPC para el día 10 de septiembre de 2022?, para el 12 de agosto del año 2022, ¿cuántas teras de reserva probadas de gas disponible tiene Colombia?, ¿cuántas teras de reservas de gas hacen faltan por incorporar?, ¿cuántas teras corresponden a los nuevos descubrimientos?, y teniendo en cuenta dicha información, ¿cuántos años de abastecimiento tiene Colombia con este fluido, en condiciones normales en proyección del consumo actual?
De la misma forma, solicitaron oficiar a Exxon Mobil Colombia con el fin de conocer las razones fácticas y jurídicas que motivaron su retiro de operaciones de Colombia.