Más de sesenta páginas que describen días y, sobre todo, noches de horror. Un informe que denuncia la muerte de 69 personas desde que empezó la oleada de protestas en Colombia, más de 1.200 víctimas de violencia física y más de 300 desapariciones forzadas entre el 28 de abril y el 31 de mayo.
Es el resultado de la coordinación de tres organizaciones sociales colombianas -ONG Temblores, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis)- para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos casos de abuso de poder y vulneración a los derechos humanos por parte de la fuerza pública durante las manifestaciones del Paro Nacional, que empezaron el 28 de abril y que todavía siguen.
«El Estado colombiano ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones de protección de los derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la protesta pacífica», sentencia el informe, que también concluye que el Gobierno de Iván Duque quebrantó «los estándares de la CIDH sobre regulación, control y seguimiento del uso de la fuerza pública» en estos contextos de manifestaciones.
La visita de la CIDH a Colombia está precisamente motivada por las denuncias de violencia policial que se acumulan desde hace semanas. En un primer momento, el Gobierno rechazó que la Corte viajara a Colombia, alegando que eran las instituciones colombianas las que debían verificar primero las denuncias. Esta inédita negativa despertó una oleada de críticas que hizo ceder a Duque y su Ejecutivo.
Violencia policial «sistemática»
El informe denuncia la existencia de nueve prácticas «sistemáticas» de violencia por parte de la fuerza pública colombiana durante las protestas. «Estas prácticas ponen en evidencia que existe una intención de violentar y castigar a las personas que, en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta, han salido a las calles a manifestarse», agrega.
Según las organizaciones, la policía es responsable del uso desproporcionado e indiscriminado de armas de fuego; de utilizar armas de letalidad baja para herir intencionalmente a manifestantes; de detener a personas ilegalmente y someterlas a prácticas ilegales, como violencia física e incomunicación; de perpetrar violencia sexual contra manifestantes y de provocar la desaparición forzada de manifestantes.
Tras estudiar y confirmar los datos de las tres entidades, el informe denuncia el asesinato de 69 personas en el marco de las protestas, de las cuales 41 son presuntamente a manos de la policía. Entre esas muertes, 20 sucedieron por disparos de arma de fuego por parte de la fuerza pública. Además, 70 personas más fueron heridas de bala por disparos realizados por la policía.
Pero las armas de fuego no han sido las únicas responsables de las muertes y las heridas de manifestantes. Al menos 3 personas fallecieron por armas consideradas de letalidad reducida, como aturdidoras, gases lacrimógenos o balas de goma.
El informe registra al menos 193 casos en los cuales este armamento se dirigió directamente en contra de los cuerpos de manifestantes, algo que incumple los protocolos para este tipo de acciones, tras las cuales 167 personas terminaron heridas. «La repetición de estos hechos deja en evidencia que no se trata de accidentes, hay una intencionalidad de causar un daño permanente», recoge la publicación. Entre las personas heridas durante las marchas se cuentan al menos 65 víctimas de lesiones oculares.
Violencia sexual, torturas y desapariciones
También entre el 28 de abril y el 31 de marzo, las organizaciones recogen 25 casos de violencia sexual por parte de agentes de policía contra manifestantes, en su mayoría mujeres. Según el informe, las agresiones se dieron en lugares como estaciones o vehículos de la fuerza pública y fueron perpetrados por varias personas simultáneamente.
Los lugares de detención también han sido escenario de otros tipos de violencia física como «golpizas y torturas», unas prácticas «paralegales» que «se han vuelto una constante», de acuerdo a la denuncia de las organizaciones. En total, 1.649 personas fueron retenidas de manera arbitraria y al menos dos de ellas perdieron la vida en estos procedimientos a causa de las torturas sufridas durante la detención.
Además, las entidades registran 346 personas que fueron reportadas como desaparecidas directamente a través de sus canales de denuncia. La Fiscalía colombiana cifra a los desaparecidos en poco más de cien personas.
El informe resalta que todas las cifras de vulneraciones a derechos humanos podrían ser mayores, especialmente porque la policía ha impedido que los casos de violencia se «documenten correctamente». Desde el inicio de las protestas, las organizaciones contabilizan 119 casos en los que la fuerza pública ha actuado para evitar que quede un registro de sus actuaciones: 50 casos de hostigamiento y retención a miembros de la prensa, 40 casos de policías sin identificación y 29 casos de hostigamiento y agresiones a civiles por grabar.
El Gobierno colombiano ha reiterado su apoyo a la fuerza pública y ha defendido en varias ocasiones que su respuesta a las manifestaciones es proporcional, especialmente por la violencia que denuncian que también reciben los policías durante las protestas.
La violencia policial provocó que varios senadores propusieran una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. Sin embargo, la mayoría del Parlamento decidió apoyar al titular de esta cartera del Gobierno de Duque.
Precisamente las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública han provocado que uno de los principales reclamos de los manifestantes sea el desmonte del ESMAD, el escuadrón antidisturbios de la policía. Duque, por su parte, anunció una reforma policial: un gesto que, para algunos, es una señal de que escucha las demandas de las calles y que, para otros, es una manera de maquillar la estructura policial sin hacer ningún cambio de fondo.
