La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia dio un paso importante en la reparación de las víctimas del conflicto armado en el país, que se extendió durante más de 50 años y dejó heridas profundas en la sociedad colombiana.
En una histórica decisión, la JEP acusó a ocho excomandantes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el marco del proceso por los secuestros perpetrados por ese grupo armado en el conflicto interno del país.
En un documento de 564 páginas publicado este jueves 28 de enero, la JEP argumentó su decisión de presentar estos cargos contra los exlíderes de las FARC por vejaciones vinculadas a la privación de la libertad, como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.+
La JEP, el órgano de justicia especial surgido de los acuerdos de paz firmados en 2016 y que no juzga casos individuales, abrió el 4 de julio de 2018 el primero de siete grandes procesos ligados al conflicto armado. En esta investigación relacionada con “el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012” acreditó a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
Entre los acusados se encuentra Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC y actual presidente del partido Comunes, nacido tras la desmovilización de la antigua guerrilla. También fueron imputados los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo y los exjefes Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
Los argumentos de la JEP
«Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, señaló la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll, en un comunicado leído al presentar las conclusiones.
La jueza indicó que, en el proceso, quedó evidenciado “de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”.
Los integrantes del tribunal desestimaron así los argumentos de los antiguos jefes de las FARC, que intentaron presentar los secuestros como errores de los excombatientes en la guerra o necesidades o excesos de la guerra.
Las autoridades judiciales también remarcaron que las víctimas de los secuestros aún sufren daños en la salud mental, debido al sufrimiento físico y emocional al que fueron sometidos.
Los ocho excomandantes acusados tienen 30 días para aceptar o rechazar las acusaciones. Si las admiten, enfrentarán restricciones a sus libertades durante cinco a ocho años, aunque sin ir a prisión. Caso contrario, se exponen a la apertura de un juicio criminal y podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.
Víctimas entre el beneplácito y el reclamo
Entre las víctimas, la decisión de la JEP fue bien recibida, en general, aunque esperan que haya sanciones firmes, que se apliquen medidas de restauración, que la antigua guerrilla acepte las imposiciones del tribunal y que quienes adhirieron al Acuerdo de Paz informen dónde están los restos de seres queridos muertos o asesinados en cautiverio.
En diálogo con la agencia EFE, el general retirado de la Policía, Luis Herlindo Mendieta, que fue capturado por las FARC junto a 60 de sus hombres en Mitú y permaneció secuestrado durante casi 12 años entre 1998 y 2010, celebró que “haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”.
«Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica Justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay Justicia'», advirtió Mendieta.
Por su parte, Clara Rojas, excongresista y secuestrada por las FARC entre 2002 y 2008, reclamó a la JEP mayor claridad al catalogar los episodios. “Estamos hablando de secuestro, habría que entender a qué se refieren con toma de rehenes”, indicó a la cadena Caracol.
Asimismo, en declaraciones a RCN Radio, Rojas también reclamó un gesto “ético” de los dos acusados que hoy ocupan un lugar en el Congreso -Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda- y que renuncien a sus bancas.
Duque pide sanciones “efectivas”
Los antiguos comandantes de las FARC evitaron referirse directamente a la decisión de la JEP, pero, en un comunicado, seis de ellos (Londoño, Catatumbo, Granda, Alape, Gallo y Parra) expresaron su “compromiso” con la paz.
Estos seis exlíderes dijeron que están “estudiando” el auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz y prometieron pronunciarse “en cuanto ese estudio haya concluido y definamos nuestra posición”.
“Durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas; esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”, remarcaron en el comunicado.
Londoño también remarcó que “siempre hemos reconocido el secuestro” y recordó que “en una carta pública (difundida el 15 de septiembre pasado) lo asumimos de manera autocrítica como uno de los grandes errores que se cometieron en medio del conflicto. Desde allí se desprende nuestra posición”.
Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque reclamó que las sanciones a los antiguos comandantes de las FARC sean “efectivas” y “proporcionales” a los delitos cometidos.
«Si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la revictimización”, indicó.
Para Duque, quienes cometen crímenes de lesa humanidad no sólo deben tener «sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que también no estén revestidos de honores y, por el contrario, también la sanción colectiva implique que ellos no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos”.
