Por: Ruby Morales Sierra/ Es cierto que el poder revela los demonios de quienes que no están preparados para ejercerlo con dignidad pues traicionan el deber de servir para el bien común…
Brindar este recuento solo busca generar reflexión pues las personas involucradas merecen nuestra compasión por el daño que se originan a sí mismos y el sufrimiento que provocan en los demás.
Poco a poco y retardadas van llegando las investigaciones y sanciones de las autoridades competentes que recaen sobre funcionarios que actuaron contra la ley en la pasada administración de Bucaramanga del gobierno de la Lógica, Ética y Estética entre 2016-2019.
No saber decir no a los jefes obsesionados con el poder que ejercieron sin límites en sus empresas privadas y que pretendieron seguir del mismo modo en el sector público, le ha costado carísimo, en dinero y angustias, a los funcionarios que obedecieron y cumplieron órdenes contrarias a la ley, pese a los consejos de los abogados bien intencionados. Fueron varios, si no muchos, quienes se dejaron llevar ciegas y ciegos por las luces falsas del poder fugaz, los egos de sus jefes narcisistas y su ambiciosa élite empresarial del sistema capitalista seudo democrático que gobierna.
¿Qué pasó por la cabeza a estos profesionales aparentemente idóneos, al actuar con obediencia incuestionable? ¿Quizás sus ambiciones se identificaron tanto con la de sus jefes y creyeron estar vacunados contra multas y sanciones? ¿Dónde quedó la lógica y la ética?
El último caso es del propio alcalde Rodolfo Hernández, a quien la Procuraduría General de la Nación confirmó en septiembre de 2019 su suspensión por el golpazo al concejal John Claro y le impuso la módica multa de $120 millones. Hernández renunció para dedicarse a la campaña política de su sucesor y actual alcalde, Juan Carlos Cárdenas. El exalcalde Hernández ha mantenido la publicidad mediática gratis para su propio bolsillo, mientras docenas de investigaciones siguen en proceso, de las que quizás tengamos noticias mientras avanza su deseo de llegar a la presidencia.
El guía ciego
Algunos exsecretarios de despacho, gerentes de institutos y funcionarios del cuatrienio anterior y del anterior a éste, están en la mira de las investigaciones. La piedrita en el zapato no los ha dejado transitar a gusto el aparente poder sin límites que ejercieron en la nebulosa de sus jefes y por el impacto populista de la campaña publicitaria de lucha anticorrupción, que, por ironía, arrastra también el record de ser una de las alcaldías más investigadas del país.
Por cronología, en octubre de 2016 llegó la temprana sanción impuesta por la Contraloría de Bucaramanga contra la exgerente de Metrolínea, abogada Ángela María Farah Otero. La autoridad solicitó a la alcaldía apartarla del cargo para que no interfiriera con las investigaciones por el presunto pago irregular de alrededor de $30 millones por indemnizaciones a tres contratistas que habría despedido de forma irregular y cuyo pago generó daño fiscal a la empresa pública.
Para la fecha de los acontecimientos, la orden, quizá verbal, de la nueva administración habría sido la cancelación o suspensión de los contratos firmados por el alcalde Francisco Bohórquez, que se encontraban en curso. Contratos amañados o no, en esta trampa jurídica de un contrato en curso liquidado sin aparente justificación, habría caído la exgerente de Metrolínea, luego de la demanda de los afectados. Algunos contratistas de suministros tecnológicos aceptaron a regañadientes la cancelación de sus contratos “por evitar futuras represalias” y seguir con la eventual posibilidad de participar en nuevas ofertas de servicios.
La abogada Farah Otero fue la primera sacrificada a quien desde el despacho de la alcaldía no le volvieron a pasar al teléfono y la dejaron sola con la sanción y sin más alternativas que renunciar e intentar defenderse de la sanción. Una de las causas de la malquerencia y abandono del despacho, se habría relacionado con la desaprobación de la ex gerente a la propuesta de una campaña presentada por los gurús argentinos sobre el sistema Metrolínea. Para el exalcalde Rodolfo Hernández, cualquier molestia o desacuerdo con los gurús siempre habría sido tomado como un ataque personal contra él.
Precisamente la semana anterior, la Procuraduría General de la Nación le dio la razón al Contralor de Bucaramanga de entonces, Jorge Gómez Villamizar, quien había sido investigado tras la queja de la exgerente Farah Otero ante la Procuraduría.
Al parecer conocidos de toda la vida, en enero de 2016 se dio el abrazo mediático entre Hernández y Villamizar en el recinto del Concejo, tras el nombramiento de este último como Contralor de Bucaramanga.
Frente a los medios de comunicación parecía que se mostraban los dientes al inicio de la administración. Son dos viejos zorros que aúllan echados.
La lista de sancionados continúa…
PD. La memoria incomoda a muchos. Ojalá le sirva al despertar de la consciencia de unos pocos ciudadanos. Por uno solo vale el esfuerzo. RMS.
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