El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó este viernes por unanimidad la aprobación de una resolución que reafirma su compromiso con el proceso de paz en Colombia. Con esta, extiende un año las operaciones de la misión de la ONU que se encarga de verificar la implementación de lo firmado hace cinco años entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC para finalizar décadas de conflicto armado.
La resolución, que amplió el mandato de la misión de verificación, incluyó entre sus nuevas tareas las de revisar el cumplimiento y la implementación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción especial para la Paz (JEP) -creada para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto-, un trabajo conjunto que se desarrollará para restablecer y restaurar los derechos y el daño causado a las víctimas.
🔵 #Hoy el Consejo de Seguridad de @ONU_es, en decisión unánime, extendió, por 1⃣ año, el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. 🇺🇳🇨🇴 #UNSC #5AñosPorLaPaz 🎥👇 pic.twitter.com/O10SCLjyt4
— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) October 29, 2021
El jefe de la misión de verificación, Carlos Ruiz Massieu, afirmó en su último informe que el deterioro de la seguridad en el país, que ha vivido una ola de asesinatos a líderes sociales y antiguos guerrilleros, afecta de manera «desproporcionada» a los indígenas y afrocolombianos en algunas regiones Colombia.
De acuerdo con el documento de la ONU, esta prórroga contribuirá a fomentar la confianza en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecidos en los Acuerdos de Paz. Este punto de lo pactado constituye justamente el eje central de la jurisdicción creada para resolver los crímenes cometidos por las partes en el conflicto.
Los logros de los Acuerdos de Paz
El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo en su informe trimestral sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia, en septiembre, que entre los logros alcanzados por los Acuerdos de Paz tras cinco años de su implementación, están el cese al fuego y la entrega de armas de la guerrilla.
Destaca, que el acuerdo habilitó espacios para que las comunidades pusieran en marcha planes de desarrollo y de alternativas a las economías ilícitas, además de un enfoque de género.
Otro de los logros ha sido la creación y puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y la participación en el Congreso de poblaciones históricamente excluidas en las regiones afectadas por el conflicto.
Sin embargo, el informe señala que la violencia contra excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos continúa concentrándose en 25 municipios del país, ubicados principalmente en zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz
Constantes asesinatos de líderes y excombatientes
Las cifras no son alentadoras, el informe trimestral de la ONU reporta que durante el período del 26 de junio al 24 de septiembre de 2021 se produjo el asesinato de 14 excombatientes de las FARC-EP (todos hombres), lo que eleva la cifra a 292 (nueve mujeres) desde que se firmó el pacto. Las regiones que concentran la mayor inseguridad son Cauca, Nariño y Valle del Cauca, con un tercio total de los asesinatos.
En #Caquetá, @CGRuizMassieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe @MisionONUCol, visitó el proyecto #AmazoníaJoven en antiguo ETCR Miravalle, que apoya el fortalecimiento de capacidades locales y la inclusión socio económica como pilares en la construcción de paz. pic.twitter.com/gTwAYlFWeN
— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) October 23, 2021
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recibió información sobre asesinatos de 43 defensores y defensoras de los derechos humanos, lo que representa un total de 158 asesinatos en 2021. Además, se documentaron 11 masacres que dejaron 38 víctimas en lo que va de año (otras 16 están siendo verificadas).
El aumento de la violencia en el país sigue causando desplazamientos masivos, especialmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño, afectando particularmente a comunidades indígenas y afrocolombianas.
En las últimas semanas, un asentamiento de más de 1.000 indígenas provenientes de diferentes partes del país se concentró en Bogotá en una muestra de rechazo al Gobierno de Duque, al que acusa de no garantizar la seguridad en sus territorios y de dejar a merced de grupos armados a los ciudadanos, cientos de miles de los cuales son víctimas de desplazamiento forzado.