En la noche del pasado jueves 21 de enero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) confirmó su decisión de archivar el proyecto de evaluación de licencia ambiental para el proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentíferos Soto Norte.
“Aunque el trámite de licenciamiento del proyecto Soto Norte ha contado con la participación más alta en Colombia, más de 44.000 terceros intervinientes, con esta decisión se ha negado la posibilidad de continuar con el proceso y, en especial, con el trámite de las audiencias públicas”, dijo la empresa tras ser notificada de la decisión. Pero -dijo- continuará fortaleciendo el diálogo directo con las comunidades sobre el proyecto.
Y, aunque la situación es oscura para la multinacional, la decisión de la Anla no es de fondo, Minesa podría volver a presentar el proyecto y, en ese sentido, esta posibilidad le permite creer que no todo está perdido. Por ahora, la victoria -aunque parcial- es celebrada por las organizaciones ambientales del departamento.
Carlos Andrés Santiago, integrante del Comité para la defensa del agua y el Páramo de Santurbán, “no hay que cantar victoria porque la Anla no negó la licencia, sino archivó el trámite, y al archivarlo permite que Minesa pueda hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para solicitar la explotación del oro del páramo”.
La empresa no ha confirmado que vuelva a iniciar el proceso, pero todo indica que su intención es presentar nuevamente el proyecto, por lo que la expectativa está puesta sobre si lo hace y en qué términos.
Minesa debe determinar -si mantiene su interés en Soto Norte- es, si inicia nuevamente el trámite de aprobación de la licencia con los diseños que ya tiene o si, por el contrario, decide reformularlo, por ejemplo, reduciendo su tamaño.
La ventana sigue abierta
Por ahora la multinacional árabe no tiene opciones claras, por eso su futuro se determina por el próximo paso que de. Y esa decisión será clave en la medida en que la licencia ambiental no es el único potencial obstáculo que enfrenta este proyecto minero.
Por un lado, en cumplimiento de la sentencia 361 de 2017 de la Corte Constitucional, está actualmente en curso un nuevo proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, donde el área protegida podría ser mayor a la prevista en la delimitación vigente, que es de 2014.
De ampliarse, podría verse afectado el proyecto como fue concebido originalmente. La nueva franja de delimitación ya fue aportada por el Instituto Humboltd; sin embargo, hace falta todavía el proceso de concertación y adopción, que tuvo retrasos por la pandemia.
Juan Camilo Nariño, presidente Asociación Colombiana de Minería, dijo al diario La República hace unos días que, «la Asociación es y ha sido siempre respetuosa de las decisiones y análisis que la autoridad ambiental ha hecho sobre el proyecto Soto Norte. Esperamos que el análisis corporativo por parte de los inversionistas lleve a tomar la decisión de avanzar en un nuevo estudio para presentar nuevamente la solicitud. Mientras eso ocurre, esperamos que el Ministerio de Ambiente defina el futuro de la redelimitación del páramo».
La iniciativa legislativa
El otro escollo tiene que ver con el trámite de un proyecto de acto legislativo que ya fue aprobado en primera vuelta, que prohibiría las actividades mineras en los páramos y sus zonas de amortiguamiento.
El proyecto deberá superar cuatro debates de aquí al final de esta legislatura. Su futuro será igualmente determinante para el proyecto, pues buena parte de las discusiones sobre Soto Norte tienen que ver, justamente, con que está ubicado en la zona de amortiguamiento de Santurbán.
El 19 de enero la Presidencia ordenó, mediante el Decreto 052 de 2021, la publicación del texto definitivo del proyecto de acto legislativo 022 de 2020 Senado – 458 de 2020 Cámara. Este adiciona un inciso al artículo 79 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramo y sus zonas de amortiguamiento.
Sobre estas últimas, las partes interesadas han pedido que se defina claramente cuáles son esas zonas, para evitar futuros pleitos por interpretaciones.
