Un grito en apoyo al presidente peruano, Pedro Castillo, retumbó en las calles de Lima. Miles de personas se reunieron en la capital del país latinoamericano pidiendo el cierre del Parlamento controlado mayoritariamente por las fuerzas opositoras y el cese de la que denominaron como “persecución política” al mandatario.
“La Toma de Lima” fue el nombre con el que los manifestantes bautizaron la movilización que comenzó en las horas de mañana con la concentración de un centenar de personas frente a las instalaciones del Congreso de la República. Una concentración que generó bloqueos del paso vehicular de la avenida Abancay, una de las principales de la ciudad.
Más tarde, miles de personas llegaron de diferentes partes del país en una suerte de contraprotesta a las manifestaciones del pasado 5 de noviembre, en las que se pidió de manera multitudinaria la destitución del presidente.
En esta ocasión, organizaciones sociales, sindicales y políticas se hicieron eco de varias de las propuestas del mandatario que han sido bloqueadas por el Congreso.
Así, los manifestantes demandaban una “nueva Constitución”, una de las principales promesas de Castillo. El mandatario llegó a mandar un proyecto de referendo para convocar una Asamblea Constituyente que se encargaría de la escritura de una nueva Carta Magna pero la iniciativa no prosperó cuando fue rechazada por el Congreso en mayo.
Gases lacrimógenos y represión policial
Con gases lacrimógenos, la Policía buscó dispersar a un grupo que buscaba acercarse a la sede del Congreso en Lima. Los enfrentamientos se dieron en horas de la tarde en medio de una movilización que había sido mayoritariamente pacífica.
En los altercados, varias personas fueron arrestadas, pero no se ha confirmado el número exacto. Según la Policía Nacional de Perú uno de los detenidos fue un hombre que, aparentemente en estado de ebriedad, intentó agredir a los manifestantes.
En paralelo, el Congreso decidió suspender sus labores este jueves. Las protestas denuncian que el órgano legislativo controlado por fuerzas opositoras está buscando perjudicar al mandatario frenando gran parte de sus iniciativas.
Perú enfrenta «un escenario convulso»
“Estamos en un escenario de convulsión, está bajo ataque la institucionalidad en el país, debe haber un respeto por la separación de poderes, ya que son organismos autónomos», aseguró la defensora del pueblo de Perú, Eliana Revollar, este jueves.
La funcionaria señaló además que la democracia del país está amenazada y que el país está presenciando “actos gravísimos de corrupción”.
Revollar encendió las alarmas sobre la vulneración de los Derechos Humanos en Perú y sentenció que “las políticas públicas y la gobernanza están bajo ataque, no hay una dirección hacia una adecuada gestión”.
Un apoyo en medio de un complejo panorama político
La movilización de este jueves es una bocanada de aire para un presidente, que parece estar cada vez más debilitado.
Según el portal ‘Bloomberg Línea’, Castillo tenía unos índices de desfavorabilidad del 66% a finales de octubre. Unas cifras que ponen en entredicho la figura de líder del mandatario, a pesar de que su aprobación subió del 23% al 26%.
El mes pasado fue especialmente complejo para Castillo. La Fiscalía del país presentó una denuncia constitucional en su contra por liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión.
El recurso se consolidó como uno de los más contundentes en contra del mandatario, que ya tiene otras seis investigaciones en poco más de un año en el cargo.
Por su parte, Castillo reaccionó asegurando que se estaba intentando llevar a cabo una “nueva modalidad de golpe de Estado” en Perú. Su equipo legal buscó bloquear la denuncia constitucional en el Congreso, una iniciativa que no prosperó luego de ser catalogada de improcedente por el Poder Judicial peruano.
En medio del tenso panorama, el presidente hizo un llamado a una inspección de la Organización de los Estados Americanos sobre la situación democrática del país. El pedido fue aceptado por el organismo que visitará Perú el 20 y 21 de noviembre.