Por: Andrés Martínez Olave/ Esta serie tomará de tres columnas donde trataremos temas de la historia, trayendo la actualidad, las leyes, tratados y lo que está sucediendo constantemente.
La justicia es un servicio esencial que debería llegar con eficiencia a todo el territorio nacional. Todo individuo o núcleo familiar requiere para su desarrollo en el contexto social que se le administre justicia cada que la necesite en todos los campos del derecho, civil, laboral, de familia y penal.
La justicia es un bien que va más allá de la democracia y se hace indispensable en la definición misma de la sociedad.
A su vez, es el mecanismo que permite resolver los conflictos interpersonales o intergrupales y reparar a las víctimas, y por ello es pieza indispensable para la vida en convivencia y para el progreso de la sociedad.
Una buena y pronta justicia, además de ser el punto de partida para la convivencia y el respeto de los derechos, es un paso obligado y determinante en la búsqueda de la paz y una condición para el desarrollo económico del país. No es posible llegar verdaderamente a alcanzar la paz y mucho menos a consolidarla en el tiempo, sin haber logrado previamente un sistema sólido, eficaz, equitativo, abierto y rápido de justicia.
Por esta razón, conseguir que el servicio de administración de justicia funcione es un asunto particularmente relevante para los colombianos.
Pero… ¿Qué está pasando con la justicia colombiana?
Durante años y narra la historia, la justicia colombiana ha sido la mayor fuente de críticas, iniciando desde la toma en Bogotá por el M19, los falsos positivos, las masacres, atentados, entre otros.
La justicia es una de las instituciones clave para el desarrollo de las sociedades humanas. Las que mejores modelos de justicia han alcanzado, pueden ofrecer a sus ciudadanos la calidad de vida necesaria para sostener luego el avance económico y en otras áreas.
Pero existen los grandes problemas que afronta la Justicia de nuestro país, que no le han permitido actuar eficientemente:
1) El inadecuado desarrollo de su estructura.
2) La falta de Gobierno administrativo de la Rama Judicial.
3) Y la politiquería que se está entronizando en ella.
Los problemas que afectan la justicia
Qué funciona bien y qué funciona mal en la justicia en Colombia, es hoy en día la pregunta del millón. De hecho, una de las grandes críticas que se le hizo a la propuesta de reforma a la justicia presentada por el Gobierno hace años fue que no partió de un verdadero diagnóstico del estado actual de la justicia.
Lamentablemente, tras el enorme fracaso de esta iniciativa, el gobierno y la administración de la rama judicial parecen no haber aprendido su lección y muy poco han hecho para cambiar esta situación. Hoy en día vemos que nada se ha hecho y que vamos de mal en peor.
Autonomía, independencia y transparencia
El sistema judicial colombiano siempre se ha preciado de gozar de una gran autonomía frente al régimen político y de una notoria estabilidad institucional. Para mantener esta distancia entre la política y la justicia fue fundamental el proceso de cooptación, a partir del cual se le otorgó autonomía a la rama para llenar las vacantes sin que existieran nombramientos directos de los gobiernos u otros estamentos de poder.
No obstante, la cooptación combinada con otros factores como la falta de transparencia de la rama, una concepción errada de la independencia judicial, y los pocos controles internos, ha dado lugar a que la autonomía e independencia se convierta en corporativismo judicial; las altas cortes son la muestra de ello.
Camarillas de poder en donde verdaderos clanes se pelean por sus sucesores y su dinastía como si fueran casas reales. No existe escrutinio externo de los candidatos, no existe transparencia en la forma de elección, ni ningún sistema de rendición de cuentas.
Y este problema va más allá de los nombramientos. Se extiende, por ejemplo, a los problemas de autogobierno de la rama (que ha estado a cargo del Consejo Superior de la Judicatura desde la Constitución de 1991).
Si bien es importante defender la independencia judicial y el autogobierno de la rama judicial, el diseño actual de los órganos del gobierno de la rama le da un poder excesivo a la cúpula judicial.
Otro gran problema de la rama es la falta de información y los problemas de transparencia. El servicio que presta el Consejo Superior de la Judicatura en la producción de datos y el acceso a información es muy precario. Igual de limitado es el monitoreo y la evaluación de políticas judiciales. Y eso incluye los temas de presupuesto.
Y lo más triste y vergonzoso, es que cuando la ciudadanía y la prensa piden explicaciones, la cúpula judicial ha terminado con salidas en falso. Por un lado, se ha defendido que nada de ilegal existe en lo que se ha hecho, como si el ejemplo ético de quienes administran justicia (sobre todo en estos cargos) no fuera una condición básica para la democracia.
Por otro lado, en otros casos, en lugar de dar respuesta se ataca a quienes piden transparencia pues ciertos magistrados sostienen que el escrutinio les vulnera su independencia judicial.
¿Qué ha pasado luego de la masacre de Bojayá?
2 de mayo del 2002, una historia que cambió a Colombia y que quedó en el olvido. ¡Las alertas tempranas no escuchadas por la justicia y el gobierno de turno!
¿Creen que es necesaria una transformación de la justicia en Colombia?
Una gran pregunta nace y seguirá naciendo durante muchos años.
Un ajuste constitucional a la justicia parece necesario pues varias de las deficiencias actuales de la justicia tienen origen en nuestra Constitución.
Nos veremos en la próxima columna, para seguir contando de la justicia Colombia y reviviremos la historia de aquel 2 de mayo del 2002. A su vez como los derechos fundamentales expuestos en la constitución del 91 y los tratados internacionales se vulneran, se pisotean y se pasan por encima.
«El que no conoce la historia, tiende a repetirla»
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