Por: Reinaldo Pérez Flórez/ Las Madres Comunitarias del país son reconocidas como uno de los grupos poblacionales más valiosos que tiene nuestra sociedad, hacen parte de un programa del ICBF que nació en el año 1988 gracias a las Ley 89 del mismo año, donde el instituto empezó a reclutar a estas valientes y extraordinarias mujeres en los grupos pastorales de las parroquias de la ciudad, buscando familias que quisieran albergar a niños de escasos recursos y que ellas fuesen su primer contacto con la educación, programa financiado con recursos del Estado que beneficiaba a los niños de escasos recursos de la comunidad, siendo ellas, esenciales para el desarrollo social de las familias. Solo había un pequeño detalle, ellas no tenían ninguna vinculación laboral formal con el Instituto.
Es por eso que en el año 2016, la Corte Constitucional, con sentencia T-480 del mismo año, tuvo en cuenta los derechos laborales de 106 Madres Comunitarias tradicionales; gracias a esta tutela, se reconoció el vínculo laboral que algunas de ellas habían tenido por más de 20 años con el ICBF, donde se tuvo en cuenta la configuración de cada uno de los elementos de un contrato de trabajo, créanme, el cuidado de estos niños es una responsabilidad muy grande, en la que una Madre Comunitaria tradicional, invierte más de 48 horas semanales, todo por un salario mínimo mensual, pero también hay Madres Comunitarias que están vinculadas a otros programas, con más responsabilidades y menos remuneración, son las Madres Comunitarias de los programas Fami.
Las Madres Fami, a diferencia de las Madres Comunitarias tradicionales, no solo tienen a cargo el cuidado de los menores, ellas tienen a cargo entre 12 y 14 familias, donde una de sus funciones es la del mejoramiento de las relaciones interfamiliares, fortaleciendo los vínculos afectivos de los menores, óiganlo bien, desde su gestación, trabajo al que se le deben invertir más de 4 horas diarias, ya que el acompañamiento también debe ser telefónico, todo por medio salario mínimo; algunos se preguntarán por qué ellas no tienen los mismos derechos salariales que el de las Madres Comunitarias tradicionales, en el argot jurídico diríamos, “cuestión de término”; en la parte resolutiva de la sentencia T-480 del 2016, la Corte habla de Madres Comunitarias tradicionales, distinto a las Madres Comunitarias vinculadas al programa Fami.
Pero a estos programas también les llegó el Covid-19 y con eso las extralimitaciones administrativas, en el norte de la ciudad, las Fami dejaron de funcionar de forma normal al conocerse que un inspector de familia del ICBF murió a causa del coronavirus, el 20 de marzo del 2020 las Madres Comunitarias tradicionales, Fami y trabajadores de ICBF suspendieron sus actividades normales.
En Bucaramanga hay alrededor de 20 asociaciones que tienen a cargo alrededor de 1.400 familias de la ciudad, el acompañamiento que ellas hacen es a la familia, en un proceso en el cual ellas vinculan a todo el entorno familiar del menor, para prevenir la violencia intrafamiliar, salvaguardar los derechos de los niños en sus hogares, haciendo acompañamiento a las mujeres cabeza de familias, aportes nutricionales, independientemente del confinamiento actual, con pandemia o sin pandemia ellas llevan todos los complementos nutricionales que necesitan estos menores de edad vinculados al programa, con ello los gastos de elementos de bioseguridad que deben estar a cargo de ellas, donde un teléfono celular con plan de minutos se hace indispensable para la seguridad de las Madres Fami, ya que constantemente les exigen reportes de los programas, es decir llame todos los días al usuario del programa y haga el reporte al Instituto.
Pero no todas cuentan con un buen celular para hacer esos reportes, algunas lo hacen con celulares prestados; tengan en cuenta esto, debido a las nuevas condiciones laborales gracias al Covid-19, ese medio salario mínimo se ha convertido en menos de $300.000, indignante para tan valiosas mujeres que tienen a cargo esta población en condición de vulnerabilidad, ahora las que han quedado en condiciones de vulnerabilidad son ellas, que deben pagar también las horas de Internet para poder presentar los informes exigidos por el Instituto, ya que existen formatos que según ellas, no se pueden hacer por teléfono y ahí es donde encontramos el famoso bono de $24.000 para el celular.
¿Alguien me puede explicar, cual es la empresa de telefonía celular, full minutos, full datos, por solo $24.000? No crean, estas señoras son unas berracas, a punta de recargas hacen el acompañamiento a 14 familias que tienen a su cargo.
“Nunca me habían humillado tanto por $24.000”, esas fueron las palabras de una de las Madres Fami, ya que el Instituto les exige el comprobante de la recarga del celular, si no lo presentan, no se los dan, son situaciones absurdas que van en contra de lo ordenado por el gobierno nacional en sus Decretos con fuerza de Ley, donde el gasto público debe ir enfocado en la protección de los menores de edad y los adultos mayores, vulnerables al Covid-19, en una situación que no es para nada favorable en los estratos 1, 2 y 3.
Los testimonios de las familias vinculadas al programa dan fe del papel trascendental de las Madres Fami en estos sectores, “gracias a ustedes hemos podido comer este mes”; ellas conocen la realidad de cada familia de su programa, “amigo, de 14 usuarios solo dos papas tuvieron empleo este mes, es decir solo dos familias de mi programa tuvieron para comer”.
*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo.
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