La Cámara de Representantes eligió a Carlos Ernesto Camargo, actual presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), como el nuevo Defensor del Pueblo. El recién elegido deberá posesionarse en la entidad el próximo 1 de septiembre, en reemplazo de Carlos Negret.
La elección se resolvió con 140 votos por Camargo, uno por Myriam Martínez, tres por Luis Andrés Fajardo y 11 en blanco. Cabe recordar que este último fue incluido en la terna apenas el martes pasado, tras la renuncia de Elizabeth Martínez.
El nuevo Defensor es abogado especialista en Derecho Administrativo, Magister en Derecho y Doctor en Derecho, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, y tiene formación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University (Estados Unidos).
En cuanto a su trayectoria profesional, además de la presidencia de Fededepartamentos, Camargo se ha desempeñado como Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, jefe de la Oficina Jurídica de la misma entidad y presidente del Consejo Nacional Electoral.
Durante la audiencia pública en la que los candidatos presentaron su plan de trabajo ante la Cámara de Representantes, Camargo afirmó que la Defensoría debe redoblar los esfuerzos para que los derechos no se deterioren y se pierda lo avanzado, y advirtió que hará presencia en las regiones y que las conoce muy bien.
Desde la creación de la Defensoría del Pueblo en 1991, seis personas han dirigido la entidad. El primer Defensor del Pueblo fue Jaime Córdoba Triviño; le siguió José Fernando Castro y luego Eduardo Cifuentes, que no terminó el periodo. Finalizó esa etapa Volmar Pérez, que posteriormente fue elegido en dos ocasiones, y después ocuparon el cargo Jorge Armando Otálora y Carlos Negret. Camargo será el séptimo Defensor del Pueblo.
Los retos del nuevo Defensor
El nuevo titular de la entidad debe asumir la defensa y promoción de los derechos humanos con absoluta independencia, así como diseñar una política de derechos sociales y económicos que permita la atención de los sectores más vulnerables por la crisis de la pandemia.
Sobre el Acuerdo de Paz firmado con las Farc, es imperativo que el Defensor respalde el cabal cumplimiento del proceso de paz y contribuya a la legitimación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como atender los peligros y la profunda crisis que se cierne sobre la vida de los líderes sociales y excombatientes de las Farc.
La nueva cabeza de la entidad debe abrir la agenda internacional de la Defensoría para que se sintonice con las acciones que adelantan las Naciones Unidas y respetar la promoción profesional del capital humano que ha hecho carrera.
La Defensoría debe encontrar un mecanismo de coordinación interinstitucional para que las alertas sean más eficientes en cuanto a las alarmas de prevención y acompañamiento a las muertes violentas de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc.
La entidad debe redoblar los esfuerzos en la visibilización de las problemáticas que afrontan los sectores más vulnerables, como son los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, la población LGBT y el tema de la niñez.
Desde la entidad se debe garantizar la salud y educación en las comunidades indígenas, y trabajar en el universo amplio de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho al agua.