Francisco Barbosa explicó los puntos que le preocupan y que incluirán como observaciones en la instancia que debe aprobar el texto antes de que sea radicado en el Congreso.
El fiscal general Francisco Barbosa tiene fuertes discrepancias con el gobierno nacional con respecto al articulado del proyecto de ley de sometimiento que se presentará próximamente al Congreso.
La iniciativa está dirigida a desmantelar las organizaciones criminales de alto impacto, como narcotraficantes y sucesores del paramilitarismo, y que hace parte de la propuesta de paz total.
Aunque Barbosa apoyará la iniciativa, tiene ciertos reparos frente a las funciones que se le dan a la Fiscalía, los bienes con los que se podrían quedar los criminales, entre otros temas.
“En esencia, la voluntad de la Fiscalía está en que debe acompañarse el proyecto. Votaremos sí en el Consejo de Política Criminal, con estos comentarios”, precisó
La iniciativa entrará a discusión en el Consejo Superior de la Política Criminal, una instancia de la que hacen parte el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, entre otras entidades. Y, según anunció el fiscal, es ahí donde el ente investigador dará su voto positivo.
Francisco Barbosa explicó que le preocupa que el proyecto de ley de sometimiento le endilgue la responsabilidad de todo el proceso de sometimiento a la Unidad Especial de Investigación. Esta dependencia del ente investigador fue creada con el Acuerdo de Paz y, -a su juicio- en la propuesta del Gobierno se estarían suprimiendo funciones del fiscal general, a la vez que se le añaden cargas a esta área.
La propuesta, entonces, es que “cuando se hable de Unidad de Investigación, se cambie por Fiscalía General de la Nación”, precisó.
El texto del proyecto propone que las organizaciones hagan sometimientos colectivos, a través de un documento en el que expongan todos sus crímenes, con base en el cual la Fiscalía arma una imputación.
Pero, “los términos procesales son muy cortos”, dijo el fiscal general al exponer otra observación a la propuesta. Explicó, en el tiempo que impone el proyecto de ley para desarrollar toda la investigación, “no podríamos analizar y corroborar si hay otros hechos delictivos que se hayan excluido de esas actas de sometimiento”.
Con respecto a esas mismas actas de sometimiento -como una tercera observación-, Barbosa explicó que “no se pueden limitar las formulaciones de imputación a lo que señalen las personas que las firmen, sino que la Fiscalía tiene que verificar otras conductas que pueden no estar reconocidas en la imputación”.
Frente a esta obligación de la Fiscalía de investigar, Barbosa señaló otros dos puntos que le parecen problemáticos del texto: la aplicación de principios de oportunidad para quienes se sometan a la justicia por esta vía. Es decir, que se suspende su judicialización en la medida que colaboren con información.
Para el funcionario, hay dos problemas. Por un lado, que ese beneficio solo se puede otorgar una vez el procesado cumpla con sus compromisos de justicia restaurativa, que también crear el proyecto para reparar a las víctimas. Y, por el otro, que hay una decisión de la Corte Constitucional sobre los principios de oportunidad que concede la Fiscalía por delitos graves y el alto tribunal ha sido claro.
En palabras de Francisco Barbosa, “no puede desconocerse la obligación del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos”.
#ATENCIÓN | El Fiscal General, Francisco Barbosa, se refiere a las conclusiones tras su reunión con el Presidente Gustavo Petro, donde hablaron sobre el proyecto de paz total presentado al Congreso. "El proyecto se va a someter a discusión en el Consejo de Política Criminal". pic.twitter.com/o44IJcAH8G
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 20, 2023
Frente al punto del proyecto que propone para que los miembros de las organizaciones criminales se queden con parte de sus bienes, el fiscal tiene dos observaciones más.
Uno es que en el texto no hay topes frente a las propiedades con las que se pueden quedar y a su juicio deberían acogerse los límites que pone el Código de Extinción de Dominio.
El otro es que el Gobierno debería aclarar que no harán parte de esa negociación los bienes que ya hayan sido incluidos en algún proceso judicial de extinción.
“Esa tarea ya la cumplió la justicia colombiana y no pueden terminar que después de esa gran tarea terminen siendo parte de una negociación”, explicó.
También considera que el proyecto le da a la Fiscalía unas responsabilidades que no le competen, como verificar los listados de las organizaciones que se sometan o el cumplimiento de sus obligaciones.
“Nosotros podemos constatar en casos concretos si existen otras conductas delictivas, pero no podemos ser un órgano verificador”, precisó.
Dijo que el proyecto deja en el limbo a las víctimas de estos grupos: “Recomendamos que las víctimas no queden desprotegidas, hay una gran indeterminación alrededor de la reparación”.
Señaló que, en un artículo del texto, “se viola el principio de cosa juzgada”. Según su lectura, en el proyecto se establece que, si después de la sentencia que se profiera contra un grupo aparecen otros hechos atribuibles a personas que pertenecían a esa organización, se tiene que abrir nuevamente el proceso para añadir esos hechos.
“¿Cuál es la firmeza de la sentencia?”, se preguntó Barbosa. El fiscal precisó que, si bien, estos sus principales observaciones, tiene otras.
No obstante, aseguró estar en la misma página el Gobierno y que si sus comentarios no prosperan en el Consejo de Política Criminal, en últimas, “todo esto va a ser parte del debate en el Congreso”.
