Por primera vez en la historia la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a un funcionario.
Se trata de la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos generando posibles sobrecostos: Un primer contrato por 200 millones de pesos con un proveedor y otro contrato con la esposa del primer proveedor por 125 millones de pesos, en una corporación creada 30 días antes.
Estas denuncias las dio a conocer la veeduría Técnica Ciudadana San Juan Bosco que pidió investigar a la alcaldesa por haber firmado un contrato para suministrar 2.000 mercados a la población menos favorecida y otro para atender a 120 adultos mayores a fin de mitigar la emergencia sanitaria generada por el coronavirus con sobre costos superiores al 65 por ciento a contratistas cuestionados, sin experiencia y sin los requisitos de ley.
Para los denunciantes, la mandataria firmó estos dos contratos en un tiempo record, el primero con un hombre identificado como Óscar Fidel Castro, por valor de 200 millones de pesos y el segundo con la esposa a través de la Corporación Rayos de Esperanza, por un valor de 127 millones de pesos, empresa creada 30 días antes de la celebración del contrato.
La alcaldesa del Socorro, señaló que estas denuncias de la veeduría sobre las presuntas irregularidades en contratos y sobre costos en mercados, obedece a una injuria y persecución política y que para tranquilidad de los santandereanos, se cuenta con un registro detallado de la compra de la minuta, y de la entrega de los mercados, visita que se adelantó con la Personería del municipio.
“A lo largo de este tiempo he tenido que desvirtuar algunas de las acusaciones que se me hacen, pero que son de frente, porque las que se hacen de perfiles falso o en redes no se puede hacer, pero soy legal y consciente de lo que está pasando en el municipio, y solo quería ayudar a la población más vulnerable de mi localidad, creo que eso no es un delito», afirmó la mandataria socorrona.
La Procuraduría investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio.
Así mismo investiga aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, para ejecutar en 39 días.
Informó la Procuraduría que de acuerdo con lo establecido en la Ley 137 de 1994, este es un procedimiento rápido o exprés que podría tomar días.
Otros departamentos
También fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones.
Fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por 4 mil 463 millones 379 mil 180 pesos.
Sobrecostos en contratos
También llamó a juicio disciplinario la Procuraduría al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo.
Gobernador investigado
Se abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, se ordenó su suspensión por 3 meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el Covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
El órgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
Presunto desconocimiento
La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el Covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus.
