La Asamblea de Santander, la corporación encargada de ejercer el control político, de vigilar el comportamiento del gabinete de Santander, de mantener una posición independiente del ejecutivo seccional, ha caído hoy al nivel más bajo de dependencia política.
Varios diputados, de hecho, varios que hacen parte de la coalición mayoritaria y quienes pidieron reserva de su nombre, le dijeron a Corrillos que la labor del presidente, Noe Alexander Medina Sosa, deja en tela de juicio el trabajo que algunos vienen haciendo, cumpliendo con la tarea encomendada por el electorado.
El extraño comportamiento del diputado Medina, quien salió elegido por el Partido Centro Democrático y hace parte de la cuerda política del condenado por el escándalo de las notarias, Alirio Villamizar Afanador, empezó a salirse de las manos y podría generar sanciones disciplinarias, administrativas y políticas.
Desde su desidia de no llamar al diputado del Partido Liberal, Rene Garzón, para que asuma la curul que deja vacante Emel Harnache, tras fallo del Consejo de Estado; pasando por la cuestionada decisión de no citar a debates de control político ‘sin previa autorización’ del gobernador Mauricio Aguilar, dejan claro que el presidente de la duma tiene una agenda oculta.
Cabe recordar que el diputado Medina alcanzó 15.097 votos en las elecciones de 2019, (1.53% de la lista), fue alcalde del municipio de Bolívar y gerente administrativo de la empresa M & M Distribuciones; por lo que no es un novato en la tarea pública.
Una curul ‘volando’
Una de las situaciones que tienen en ascuas a los diputados es la inexistencia de una justificación administrativa que explique el por qué no se ha posesionado a René Rodrigo Garzón Martínez, quien debe asumir la curul que deja vacante Emel Darío Harnache Bustamante por decisión del Consejo de Estado.
De hecho, ante la demora del presidente Medina de llamar a Garzón para que asuma la curul, el propio Tribunal Administrativo de Santander, ofició al Concejo de Barrancabermeja y a la Asamblea de Santander, informando que “lo decidido por el Honorable Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia de fecha 04 de febrero de 2021, mediante la cual confirmó la sentencia proferida en primera instancia, que declaró la pérdida de investidura de los señores Emel Darío Harnache Bustamante (diputado), Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra (Concejales de Barrancabermeja) y del auto de fecha 19 de abril de 2021 que resolvió la solicitud de adición y aclaración del fallo de segunda instancia”.
En términos fáciles de entender, el máximo tribunal de lo contencioso aclaró que, en el caso de la Asamblea, Harnache Bustamante debía abandonar su curul, por lo que debe ser llamado para ocupar esa silla el diputado que le sigue en votación de la lista liberal. Y, aunque el fallo fue proferido el 19 de abril, pronto se cumplirán dos meses y el tema sigue en el limbo.
Un abogado costoso
Otra de las críticas que le hacen los diputados al presidente de la Asamblea, es la contratación de un costoso abogado para defender a la corporación, una evidente ‘corbata’ pagada por los santandereanos.
El profesional de las leyes, Robert Duarte, del precario presupuesto de la Duma recibe un pago mensual de $10 millones por tareas -según los mismos diputados- no se conocen.
La evidente ‘corbata’ contratada por Medina “no atiende los procesos jurídicos, varios de ellos en están al garete y lo único que si llega puntual es la cuenta de cobro del profesional”, dijeron los corporados insatisfechos.
En contraste, aunque se le paga una alta suma al abogado, los diputados han expresado que se les juega sucio con la contratación de sus equipos de apoyo, impidiéndoles que puedan desarrollar con eficiencia sus funciones.
¿Arrodillados al Gobernador?
La tarea más importante de la Asamblea de Santander -además de la presentación y aprobación de proyectos de ordenanza- es la del control político.
Durante el periodo de sesiones ordinarias, los diputados mediante proposiciones, solicitan la realización de este tipo de debates a los miembros del gabinete del gobernador de Santander. Pero desde hace más de dos semanas, en la agenda de sesiones, los debates de control político no se han citado.
A criterio de un grupo de diputados, “los debates de control político no se han citado porque no se han autorizado por el gobernador”, situación, que, de ser cierta, sería grave porque pone en evidencia la inexistencia de una verdadera independencia política y la corporación baila al son que le ponga Mauricio Aguilar.
“Se han solicitado muchos debates de control político, pero el presidente no los ha convocado, pues es él y solo él, el encargado de definir la agenda de los mismos”, dijeron.
De hecho, la corporación ha estado dedicada solo a la discusión de algunas iniciativas y de temas sin relevancia, por lo que el funcionamiento de la Duma se hace infructuoso para los santandereanos.
Frente a estos hechos, Corrillos se comunicó telefónicamente con el diputado Medina, pero no respondió.
