Innumerables preguntas rondaron por la cabeza de las personas afectadas –de una u otra forma– por el conflicto armado colombiano. La gran parte de las más de nueve millones de víctimas y sus familiares desconocieron durante décadas las razones y la manera en que fueron perpetrados los crímenes en su contra.
Pero el martes, 28 de junio, la Comisión de la Verdad, organismo encargado de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto colombiano, presentó la primera parte de su Informe Final. Y los hallazgos, que hacen parte del Capítulo 10, son un paso hacia la respuesta de esas dudas.
El Informe asegura que “cuando la Comisión realizó las primeras visitas a los territorios al inicio de su mandato, se reunió con muchas y diferentes víctimas y, si bien cada una quería saber de su caso, también señalaron a la Comisión que querían saber por qué pasó: una verdad que explique por qué”.
Así, la entidad se encargó no solo de escuchar dichos testimonios, sino también de hacer un análisis que esbozara “los patrones de violaciones, es decir, las maneras como esos hechos se relacionan entre sí y muestran la intencionalidad de los autores, las estrategias de la guerra y la forma como se llevó a cabo la violencia”.
Las respuestas son diversas, al igual que sus responsables y los crímenes. Según reza el documento, estos últimos van desde homicidios hasta atentados al derecho a la vida, desaparición forzada, secuestro y violencias sexuales, entre otros.
Asimismo lo son las razones de los crímenes. Si bien el texto asegura que “la mayor parte de las veces los combatientes actuaron orientados por una lógica del exterminio físico y simbólico de quien se consideraba enemigo”, también “se cometieron con la intención de obstruir la solución política del conflicto armado, como retaliaciones y respuesta a otros hechos, y también en los intentos de implementación de acuerdos de paz”.
Son todas estas aristas del conflicto las que se recogen en los hallazgos y muestran cómo los derechos humanos se vieron vulnerados durante casi seis décadas. Se trata de un Capítulo especial, pues como señala la comisionada Marta Ruiz para France 24, «de 10 capítulos, siete son absolutamente testimoniales, menos, quizás, el capítulo de hallazgos y recomendaciones que es un poco la síntesis analítica».
Al mismo tiempo, es uno de los pasos necesarios para “transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias se resuelvan en democracia, y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos han condenado una y otra vez a la repetición del conflicto”.
La escucha plural: la raíz de los hallazgos
Las respuestas a las víctimas y a un país entero parten desde los propios testimonios de quienes vivieron el conflicto en primera persona. Fueron 14.000 entrevistas y conversaciones con más de 30.000 personas “de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas”.
Un proceso amplio y plural de escucha que fue el cimiento para los hallazgos de la Comisión. Según Andrés Celis, investigador de la entidad, “el proceso fue muy inductivo, la idea de las comisiones de la verdad es que la escucha sea la que oriente la investigación, no es que se haya llegado con hipótesis determinadas.» Dicha diversidad permitió entender la “complejidad” y “todo el entramado del conflicto armado”.
De la misma manera lo cree la comisionada Ruiz, quien asegura que «nuestro método fue inductivo, empezamos hacer un análisis de todos los testimonios con base a las preguntas formuladas del mandato que nos dio la ley, cuáles eran los temas a esclarecer y empezamos hacer un análisis y unas conclusiones».
Los relatos en primera persona se complementaron con miles de informes de diferentes instituciones. A partir de allí, vino un complejo trabajo de análisis que permitió formular los hallazgos que muestran quiénes fueron los afectados, en dónde, por quiénes y de qué manera.
Por ejemplo, la Comisión asegura que los principales afectados por crímenes como homicidios, desaparición forzada y secuestro fueron hombres, adultos y mestizos. Mientras que el desplazamiento afectó más a las mujeres.
Así como da cuenta de las víctimas, también habla quiénes fueron los “responsables”. Según la Comisión, los principales responsables identificados son “el Estado colombiano, los grupos paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, los grupos posdesmovilización y los denominados terceros civiles”.
Para la comisionada Ruiz fueron «muy importantes los testimonios de los responsables, es probablemente la primera vez que un ejercicio de este tipo toma las voces tanto de soldados, policías, oficiales, exguerrilleros de todos los grupos armados, de los paramilitares también de gente de la sociedad civil que se involucró en la guerra. Estos dan mucho contraste y muestran unas verdades que van floreciendo».
Todos estos son la base de uno de los apartados claves de dicho capítulo: la vulneración a los derechos humanos durante el conflicto armado.
Los civiles: los más afectados en la guerra
Más de 450 mil personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018, concluye la Comisión. El Informe resalta que “cada uno de estos datos y cifras que se analizan aquí tiene una historia detrás que merece ser contada y respetada.”
También se dirimió que la gran parte de esos asesinatos fueron intencionales, es decir, “dirigidas contra una persona o grupo”. Sin embargo, el Informe relata que otros atendieron a acciones indiscriminadas debido, principalmente, a explosivos o minas.
Uno de los grandes hallazgos de la Comisión es dar cuenta de que cerca del 90% de víctimas eran civiles, si se tienen en cuenta las cifras de desapariciones conocidas actualmente.
Para Celis, este hallazgo rompe con algunas de las perspectivas sobre el conflicto que se comparten en el país: «Hay otro gran imaginario social y es que han sido las organizaciones sociales y los procesos sociales las víctimas, las principales víctimas han sido la gente de a pie, la gente común y corriente, los campesinos, los civiles, la gente en las ciudades, no solo la gente organizada».
La mayor parte de los homicidios fueron cometidos en mayor parte por los grupos paramilitares (45%) y las guerrillas (27%), mientras que los agentes estatales también influyeron en el saldo mortal de la guerra (12%).
Las masacres como control social y terror
“Las masacres demostraron que la violencia en Colombia no tenía límites”, sentencia el apartado de los hallazgos dedicados a estos crímenes. Según la Comisión, este tipo de hechos en los que se “da muertes de varias personas en un mismo lugar o tiempo” fueron utilizadas en la guerra “como forma de control social o de vaciamiento del territorio, y también para simplemente provocar terror entre las comunidades”.
A pesar de que estas masacres se perpetraron en buena parte del conflicto armado, estas tuvieron una agudización desde “los años 90 hasta los primeros años del siglo XXI.” Y tocaron a buena parte del país, pues se reportaron en más del 60% de los municipios colombianos.
Según las cifras de la Comisión, hubo al menos 4.237 masacres entre 1958 y 2019. Pero el Informe asegura que esto no acabó con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016. Por el contrario, es una modalidad que continúa. Sólo entre 2020 y 2022 se registraron 231 masacres en el país, en las que han muerto 877 personas.
En este punto hacen eco las palabras del presidente de Comisión de la Verdad, Francisco de Roux: “Hay todavía un conflicto de varios actores que puede volver a tomar fuerza en otro periodo de confrontación total si no se dan pasos serios hacia la construcción de la paz grande”.
Los ‘falsos positivos’
«En el 2012 me mataron al hijo; ese sí lo mataron acá. Él tenía 28 añitos, ya tenía esposa e hijos. Iba en una moto de parrillero y le hicieron el pare al señor, y el señor no quiso parar. Un soldado lo mató; le pegó un tiro por la espalda. No, eso desde ahí mi vida se acabó. Se acabó mi hogar, se acabó todo…». Este es uno de los testimonios que recoge la Comisión en sus hallazgos sobre las ejecuciones extrajudiciales.
De igual manera, la Comisión muestra las diferencias en que estos se perpetraron. Asegura que unos “se planearon con un alto grado de sofisticación” en los que incluso “existían aparatos criminales para perpetrarlas, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, bajo la modalidad de presentar a civiles como si fuesen miembros de grupos armados ilegales muertos en combate”. Estos asesinatos se conocieron como «falsos positivos».
La entidad recoge las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y concluye que fueron 6.402 las víctimas de este delito entre 2002 y 2008, y que entre el periodo de 1978 y 2016, 8.208 personas perdieron la vida de esta manera. Al mismo tiempo, esta modalidad se presentó en el 56% de los municipios de Colombia.
Al respecto, De Roux señaló en su discurso: “Si hubieran sido 10 sería gravísimo, si hubieran sido 100 sería para exigir el cambio completo del ejército, pero fueron miles y ha sido una monstruosidad”.
Desapariciones forzadas: “una herida abierta”
Uno de los delitos más difíciles de analizar para la Comisión fueron las desapariciones forzadas. Su dificultad reside en gran parte en no poder encontrar los datos precisos. A pesar de esto, el Informe señala que “alrededor de 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016”.
Al mismo tiempo, da cuenta de que esta práctica tomó más fuerza a finales de los años 70 y 80, mientras que en los años 90, “los grupos paramilitares usaron esta práctica y en la década de 2000 de forma a veces masiva”.
Se trata de un crimen que se llevó a cabo “intencionalmente por lo que representaban para las partes en conflicto”. Pero así como las cifras, es difícil saber con certeza quiénes fueron sus autores. De hecho, en el 54% de los casos no se conoce quién fue su responsable.
La Comisión afirma que es, además, una herida abierta para todas las familias de las personas de las que no se sabe su paradero pues “el duelo permanece abierto debido a la imposibilidad de saber lo sucedido”.
En sus hallazgos el organismo asegura que se deben generar más esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas con «estrategias de alto impacto que incluyan el cotejo de los restos ya existentes de cerca de 25.000 personas, el censo de los lugares (…) y la colaboración de las instituciones para llevar a cabo dichas acciones”.
Violencia sexual
Son muchas las modalidades de violencias sexuales que tuvieron lugar durante el conflicto armado. La Comisión habla de violaciones sexuales, esclavitud sexual, amenazas de violación, acoso sexual, desnudo forzado y prácticas denigrantes como humillaciones sexuales.
La Comisión cataloga a las violencias sexuales en el conflicto armado como “una expresión del poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres; ellas son marcadas por la posesión y el sometimiento de sus cuerpos y mente”.
Al igual que en las desapariciones forzadas, el número de personas afectadas es difícil de determinar. Pero el Informe habla de “al menos 32.446 personas» que han sido víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual».
Las más afectadas por estos crímenes fueron las mujeres y niñas en el 92 % de los casos, «particularmente las que habitan áreas rurales”.
