Por: Reinaldo Pérez Flórez/ Este 2021 hemos visto movimientos importantes en la política nacional consecuencia de una mala implementación de las políticas públicas, que según los principios constitucionales deben satisfacer el interés general y no el particular; aquí debemos tener en cuenta algo muy importante como ciudadanos, la carga tributaria para poder financiar las políticas publicas la tiene la ciudadanía, no existe patrimonio económico por el cual los ciudadanos no tengan que tributar, la famosa (vacuna) estatal.
Existe un hecho histórico que la gran mayoría de los políticos y las personas pasan por alto; es el origen del articulo número 13 de nuestra constitución política, “Igualdad ante la ley y las autoridades y la protección de personas con debilidad manifiesta”. ¿Qué se necesitó para que este derecho hiciera parte de nuestro ordenamiento normativo?, una guerra, con ella se pudo abolir la cosificación del ser humano en Norte América, dicen algunos historiadores como David Donald que haber promovido la abolición del sistema esclavista en EE.UU., golpeo la estructura económica de ese país y de paso le costó la vida al presidente republicano Abraham Lincoln.
Los padres fundadores no lograron ponerse de acuerdo con la abolición, es por eso que años después el presidente republicano promovió la enmienda número XIII de su constitución, decisión política que le dio un piso de igualdad a todos los Norte Americanos sin importar su raza o color de piel; esa es la personalidad jurídica del artículo 13 de nuestra constitución política. Si el común denominador de las personas, en especial los políticos discernieran este hecho histórico, no verían al capital humano del Estado como un (rebaño), el primer paso para la humanización de las políticas públicas en la sociedad, pero la realidad social y política de nuestro país es muy diferente.
En varios casos hemos conocido las famosas (vacunas) que deben pagar algunos servidores públicos para poder conservar su contrato, tal cual como si fuese un (rebaño); en el Consejo de Estado ya podemos encontrar sentencias donde políticos del departamento vacunaban a los candidatos de las diferentes listas a cargo de elección popular, ¿cómo estaba respaldada esta vacuna?, por un título valor firmado y en blanco, expertos en política ya conocen el resto de la historia.
Democracias representativas como la nuestra están asociada a la fórmula de la participación ciudadana, donde el (rebaño) elige a sus representantes, estos representantes actúan dentro del marco del principio constitucional de representación, esta representación les da competencias para administrar los recursos de quienes tenemos la carga tributaria del país, las obras que ellos deben gestionar, planear y ejecutar deben satisfacer los fines del Estado, otro principio y pilar fundamental de nuestro ordenamiento constitucional.
Es una vergüenza lo que sucede con la administración de nuestros recursos, es tan antigua la historia de que la vía Curos-Málaga aparece pavimentada varias veces que no sabemos si es un mito o una leyenda, lo que sí sabemos es que esta vía también cuenta con un puente mal hecho por el que alguno de los brillantes representantes de la ciudadanía supieron llevar a un Tribunal de Arbitramento, donde el Fondo de Adaptación en representación del gobierno nacional tendrá que pagarle a la empresa española Sacyr más de 10.000 millones de pesos, ¿quién lo entiende?, un puente con el que somos el hazme reír en Latinoamérica, ahora un laudo arbitral nos obliga a indemnizar a quien dejo el puente mal hecho con nuestros propios recursos, otra (vacuna) para el rebaño.
Pero si en Hisgaura llueve, en el municipio de Landázuri no escampa, acorde a lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “es un derecho de todos disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico”, ya es bien sabida la historia en la que alrededor de 3.246 mil millones de pesos fueron invertidos para un acueducto en ese municipio, ya pasaron seis años desde que se empezó ejecutar el contrato, el municipio carece de suficiente agua, no hay acueducto y ni hablar de los recursos, los que sí tiene claro la fiscalía es donde fueron a parar las coimas de ese contrato, las políticas sociales y publicas se deben humanizar, pero según las fiscalía, lo que se humanizo fueron las coimas, “100 personas, 150 personas, 50 personas”; conocedores de estos temas dicen que “la política es dinámica”, pero según los hechos narrados, la (vacuna) del rebaño nunca ha cambiado y sigue reinando.
*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo.
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