Por: Jhon F. Mieles Rueda/ Hoy abordaremos una de las problemáticas más lamentables que padece nuestro país como lo es la corrupción, que, de acuerdo con las cifras reveladas en enero de 2021 por la Contraloría, a Colombia le cuesta la corrupción, fastuosa suma de cincuenta billones de pesos al año, equivalente al 17 % del presupuesto general de la nación.
Este flagelo junto con el de la violencia, son los que nos han impedido progresar como nación y que se ven reflejados en las millones de familias que aún sufren de pobreza multidimensional debido a que gran parte de los recursos destinados por las entidades del estado para la inversión social y de infraestructura en los territorios, simplemente se desaparecen en el camino.
Sin embargo, aunque la mayoría de ciudadanos comprenden que es la corrupción, es necesario tener claro en que consiste este flagelo que se podría definir como el desvió de recursos públicos bajo diferentes figuras y métodos para favorecer intereses particulares que en este caso sería corrupción pública o estatal.
También se analiza la corrupción desde miradas tanto a los arreglos institucionales que afectan el ámbito público y el ejercicio de la política, como a comportamientos sociales y prácticas empresariales que favorecen entornos y prácticas de corrupción más allá de lo estatal.
Y es que en Colombia vamos escandalo tras escándalo de corrupción, solo por mencionar algunos, podríamos traer a colación el escándalo de Reficar, el escándalo de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, el escándalo de la DIAN, el caso Odebrecht entre otros.
Y el más reciente el escándalo en el que se ha visto envuelta la Ministra de las TIC, Karen Abudinen por la presunta desaparición de 70.000 millones de pesos cuando un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela que le ordenó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) suspender uno de los procesos que adelanta, tras el escándalo por las garantías presuntamente falsas en un contrato que adjudicó, en diciembre del año pasado, por $1,07 billones.
Al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio.
El juez falla en el proceso en el que están vinculados los interventores de ese contrato y su acción les permitiría recolectar información y aclarar varios datos cuestionados.
De otra parte, el banco, al momento de enterarse de la situación en la que se le involucraba, le notificó al MinTIC que no había expedido ningún documento de garantía y además precisó que dará noticia de esta situación a las autoridades penales.
Así las cosas, el pasado 29 de julio, la ministra de las TICs, Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como meta llevar Internet gratis a las instituciones públicas a nivel nacional.
No obstante, la Ministra de las TIC, Karen Abudinen, confirmó que se decretó el embargo por más de 70.000 millones de pesos de las cuentas bancarias, los inmuebles y los vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y sus integrantes, responsables de la billonaria licitación que buscaba dotar de internet a más de 7.000 colegios en el país.
Cabe resaltar que, en estos momentos, la CGR investiga el manejo del anticipo y la ejecución del contrato que estaba en manos de la unión temporal y que fue caducado por el gobierno recientemente. Al tiempo, se investigará a las personas que tuvieron a su cargo la interventoría del proceso, pues eran estos quienes tenían que velar por el control y seguimiento de dicho contrato.
Entre las personas que fueron vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal, según señala la Contraloría, aparecen: Adriana Meza, representante legal delegada del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones FunTic; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Jiménez, supervisor del contrato.
También, la Contraloría investigará a los representantes legales de la Unión Temporal Centros Poblados: Carlos Enrique Paramo, Jeremías Olmedo Cabrera, Hugo Armando Canabal y Juan Sebastián Vergara. Por el lado de la interventoría, se vincularon nombres como: Paola Izquierdo, Francisco Javier Barrena y José María Hougton.
Es necesario desarrollar sentido de pertenencia por nuestra nación y por los recursos públicos, es inconcebible e inexplicable para un ciudadano integro que alguien le robe al estado la plata de la ciudadanía, no es entendible como un servidor público que fue electo precisamente para servir al pueblo le haga tal daño a su nación a través de la corrupción.
Como ciudadanos debemos ser más cautelosos a la hora de elegir a nuestros gobernantes y así mismo ellos deben ser mucho más cautelosos nombrando funcionarios en los cargos públicos, también debe hacérsele un llamado a los entes de control para que trabajen con mayor diligencia buscando proteger los recursos públicos para poder mitigar en cierta medida, el impacto de la triste realidad de la corrupción en Colombia.
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*TG. Agroforestal, pensador y político.
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