Por: Milton Villamizar Afanado/ Da tristeza, impotencia, rabia ver a hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas en condición de discapacidad humillados, rogando por el derecho a sus medicamentos, a sus cirugías independientemente si el régimen de salud es el contributivo o subsidiado no importa, porque fiablemente cuando entregamos nuestro interés democrático a través del voto en un sistema representativo, entregamos nuestra confianza a unas personas para que nos representen en las instancias de poder; Presidencia de la República, Congreso de la República, gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales, lo entregamos para que hagan valer los derechos de la sociedad, no solo para que hagan bulla, entreguen contratos, ganen buenos salarios y ejecuten los presupuestos de todos nosotros como quieran y se las den de importantes y superiores intelectualmente mientras ostentan esas dignidades.
No, el poder otorgado por el constituyente primario no es para que nazca en la comarca o a nivel nacional una nueva familia poderosa y rica, sino que tienen el deber moral y legal de buscar el cumplimiento de los fines del Estado:
“Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Al día de hoy se han liquidado más de 100 EPS desde la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, gran parte de ellas por malos manejos administrativos y porque se robaban la plata de la salud quienes tuvieron el control directivo y presupuestal en ellas.
Para ser sincero esto no viene de ayer ni de antier, ni del año pasado, los malos manejos en las EPS vienen desde hace años, de gobiernos pretéritos, donde la salud y la vida pasó de ser un servicio público que debe garantizar el estado en su red pública o con privados, para convertirse en un negocio muy lucrativo para los dueños y las juntas directivas que manejaron a su antojo los presupuestos de la salud a través de esas EPS.
No olvidamos lo ocurrido en Saludcoop, donde la judicatura logró demostrar como con recursos cercanos a los $390.000 millones de la salud de los colombianos se compraron edificios, oficinas, otros inmuebles, vehículos de alta gama y hasta viajes personales se pagaron, mientras los colombianos morían en salas de urgencia o haciendo filas para recibir medicamentos.
Aquí en la región también se liquidaron EPS como Solsalud y Comparta entre otras.
Mientras se liquidan y se cierran EPS en Colombia algunos exdirectivos se ven viviendo a todo dar, fincas, caballos; en términos generales estos nuevos ricos, emulando a los traqueos para ser vistos como gente de bien e importantes en el país, mientras el ciudadano de a pie llora y muere por un medicamento o una cirugía que viene pagando en su contribución a la salud por años.
La crisis de la salud en Colombia, se refleja en términos generales en la falta de acceso a servicios de medicina especializada; inoportunidad en la entrega de medicamentos y programación de cirugías; deficiente o nula programación de exámenes de laboratorio, procedimientos quirúrgicos y barreras de acceso en la afiliación con trámites que no contempla la ley.
Mientras tanto el obrero, el campesino, la mamá soltera pobre, las abuelas que les tocó quedarse con los nietos, el anciano, haga colas al sol y al agua aguantando y humillados a empleados de medio nivel, que no tienen compasión con la dignidad del semejante, en la búsqueda de recibir un medicamento y un tratamiento que no tienen como pagar por su cuenta y los jueces constitucionales resuelvan tutelas que ni siquiera se cumplen por los estos abusadores que en su posición de creerse dueños de la EPS y los recursos de la salud no dan la cara, no les importa la suerte del semejante, pero si en muchos casos se roban los recursos de todos.
Ya la delincuencia no le tiene miedo al derecho penal y a una pena, porque saben que un proceso penal se demora años y años cuando avanzan en ellos, cuando no, allá se quedan llenos de polilla en los anaqueles de la fiscalía o de las altas cortes y cuando son descubiertos, hacen un acuerdo con la justicia para estar en prisión domiciliaria, devuelven algún recursito de lo apropiado y quedan millonarios ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos y mientras tanto, el obrero, el anciano, la mamá pobre, haga colas a ver cuándo los atienden.
Debe haber mayor rigor en las investigaciones administrativas y penales, seriedad y resultados contundentes y oportunos en las mismas, resultados para no perder la fé en las autoridades colombianas que por lo menos causen sonrojo en el investigado y no risa, si no logramos eso, seguiremos pensando que nuestra patria es inviable y que aquí “el que tiene más saliva come más harina”.
Un llamado debe hacerse a las personerías, a la defensoría del pueblo, a la superintendencia de salud, a los jueces, a los secretarios de salud para que, en un acto de amor por el prójimo, busquen el cumplimiento urgente de la garantía de los servicios de salud, especialmente de aquellas personas que por sus condiciones de inferioridad se ven sometidas al capricho de muchos empleados insensibles de las EPS.
PS: Chistosa la pena de Sneyder Pinilla, se dice que se han perdido 12 billones de pesos entre directivos y contratistas de la UGNRD esto es $12 millones de millones de pesos de recursos públicos, y él pagará una pena 5 años y 8 meses de prisión y devuelve $618 millones jajaja, lo veremos en 2 años en Lamborghini por Bucaramanga y Santander, en caballos y borracho en ferias; por eso la delincuencia no le cree a la justicia, no hubo impunidad, pero ¿son sentencias ejemplarizantes?
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*Abogado, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Contencioso; Contratación Estatal; Derecho Penal; Gerencia en Salud y Maestría en Derecho Administrativo.
