Considero que se le debe dar un voto de confianza, porque este propósito de la paz ha sido y seguirá siendo para los colombianos, un anhelo generalizado, al que debemos llegar tarde o temprano.
Por: Juana Yolanda Bazán Achury/ Los colombianos en general tienen muchas dudas en relación con todo lo que se hace desde el gobierno para la consecución de la paz. No obstante, estoy convencida que nos hace falta mucha información, se oye decir en los mentideros políticos, que el presidente Petro, le está entregando el país a los delincuentes, que, cómo es posible que se les otorgue la posibilidad de salir de la cárcel a quienes han delinquido.
En el mismo sentido, que, no resulta razonable que a las disidencias de las Farc-EP se les brinde una nueva posibilidad para acceder a los acuerdos de paz; que al Ejército de Liberación Nacional (ELN), no le asiste voluntad de llegar a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y que continúa secuestrando y hostigando a la población civil alrededor de cuyos municipios ejercen sus actividades ilícitas.
Y lo que genera mayor desconfianza son los acercamientos con los grupos de delincuencia organizada, de quienes se opina que ellos nunca van a dejar sus negocios ilícitos.
El propósito del gobierno de Gustavo Petro de lograr la Paz Total, no deja de ser un alto propósito de Estado difícil sí, pero es el eje de su programa de gobierno, por ello considero que se le debe dar un voto de confianza, porque este propósito de la paz ha sido y seguirá siendo para los colombianos, un anhelo generalizado, al que debemos llegar tarde o temprano si queremos avanzar en la construcción de una sociedad moderna, profundizar la democracia y generar las condiciones para mejorar económica y socialmente.
Ahora bien, es necesario recordar que el propósito de la búsqueda de la paz no ha sido solo de este gobierno. Se tramitó ante el Congreso la Ley de Orden Público (Ley 418 de 2022), a través de la cual se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República, para definir la política de sometimiento a la justicia de las organizaciones armadas, otorgándole facultades al Presidente para que sus representantes celebren acuerdos y los suscriban con los grupos al margen de la ley, y con ello, asegurar la vigencia del Estado Social de Derecho.
No obstante, no se trata de una ley nueva para el país, cada gobierno diseña y establece el marco para su política de paz, partiendo de sus convicciones políticas, por ello me permito hacer un pequeño recuento de las leyes que han sido utilizadas por los anteriores presidentes para avanzar en el tema de la búsqueda de la paz:
El primer presidente que sometió a consideración del Congreso de la República la Ley 418 de 1997 o Ley de Orden Público, fue Ernesto Samper, en cuyo gobierno se le dio una vigencia de dos años, la que ha sido sistemáticamente actualizada y reformada de acuerdo a las necesidades de sucesivos gobernantes, como una herramienta fundamental para darle cumplimiento al cometido constitucional según el cual, el Presidente de la República es el único competente para tomar las decisiones en materia del mantenimiento del Orden Público.
La primera prórroga se dio con la promulgación de la Ley 548 de 1999 cuya vigencia se extendió por tres años durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana.
Mediante la Ley 782 de diciembre de 2002, el Presidente Álvaro Uribe, tramitó en el Congreso de la República, la prórroga de la Ley 418, para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.
La Ley 975 de 2005 es el marco jurídico promovido por el gobierno Uribe y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, conocida también como Ley de Justicia y Paz, la cual sigue vigente, en ella, además de desarme y movilización se ofrecían penas alternativas, “a cambio de la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional y colaboración con la justicia”.
Ley que se aprobó durante la Administración Uribe, en algo fue exitosa, pero duramente cuestionada porque se filtraron al proceso de sometimiento a la justicia, personas que no pertenecían a los grupos de autodefensas.
La Ley 1421 de 2010 prorroga por cuatro años algunos artículos de la Ley de Orden Público o 418, posteriormente con la Ley 1738 de 2014 se amplía por cuatro años más, las dos citadas se dieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el propósito era obtener las facultades específicas para adelantar el proceso de paz, y en dicha ley pidió facultades al Congreso “para suspender órdenes de captura, facilitar el inició del desarme, crear zonas de concentración para la Guerrilla”, proceso de Paz que pese a la dificultades y falta de credibilidad en su momento, se ha considerado un éxito tanto en el ámbito nacional como Internacional”.
No se puede considerar que sea un mal propósito del gobierno, reducir al máximo las expresiones violentas del país, todos sabemos que los grupos armados criminales en Colombia se han intensificado, tras sus negocios ilícitos y el control de las comunidades rurales, por la falta de la presencia de Estado. Siguen la tortura, las desapariciones forzadas, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y de género, formas de restricción en la movilización que afectan a importantes grupos poblaciones, asesinato sistemático de líderes sociales, etc.
Por ello se hace necesario aprovechar todas las oportunidades, para debilitar y desmantelar las estructuras criminales y buscar el desmonte de las organizaciones armadas para garantizar la paz y la convivencia.
Todo este recorrido legal se presenta a manera de recuento para que el ciudadano tenga presente, que estos mecanismos legales que el presidente Petro ha solicitado con la prórroga de la ley de Orden Público, no son nuevos, exceptuando uno o dos puntos; que otros presidentes los han utilizado con mayor o menor éxito, pero que Colombia necesita y merece la paz es una realidad indiscutible, y sin tener en cuenta la política partidista, quienes sentimos dolor de patria por todo lo que ocurre a nuestro alrededor debemos respaldar este buen propósito por el bien de todos.
No le asiste razón a quienes consideran que el intento de Paz Total del presidente Petro, no es un propósito noble y enmarcado dentro del Estado de Derecho, y que es deseable que salga adelante.
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*Exrepresentante a la cámara por Santander.
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