Por: Renato Baldovino Guevara/ En el artículo anterior elaboré un análisis sobre la normatividad vigente para el apoyo a la comercialización de los productos agropecuarios, debido a los graves problemas que están generando la intermediación, la fluctuación de precios y la importación de alimentos.
En los últimos días se ha evidenciado a través de distintos medios de comunicación, la grave crisis por la que atraviesan los cultivadores de papa, un producto básico en nuestra canasta familiar, pero que desafortunadamente está produciendo perdidas en los campesinos que la producen.
Son varias las causas que han desembocado en esta situación, la primera es que ha habido una reducción en la demanda del producto debido a la crisis económica generada por la pandemia, la segunda es la importación masiva a precios bajos de un producto como la papa en el que somos autosuficientes e incluso tenemos la capacidad para exportarla, y la tercera es que, en esta coyuntura, los intermediarios se aprovechan para especular con los precios y comprar barato las cosechas de los paperos.
Sumado a estos factores encontramos que las medidas adoptadas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, han resultado insuficientes no solo en la cadena de la papa sino también en otros subsectores asociados a la agricultura familiar.
Esta falta de atención y recursos para el sector rural (menos del 1% del presupuesto nacional), se traduce en una presencia insuficiente de las entidades estatales en las zonas rurales, por tal motivo, tanto el MADR como sus entidades adscritas, desconocen la situación de las cadenas productivas y los sistemas agroalimentarios en los territorios, lo que les impide atender a tiempo las distintas problemáticas que aquejan a los pequeños y medianos productores.
Por esto la existencia de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP e incluso un representante del ministerio en cada departamento, podría garantizar una mayor cobertura de los programas y estrategias no solo del MADR sino también de las alcaldías y gobernaciones. La presencia en todo el territorio nacional permitirá una sinergia para el desarrollo de políticas y proyectos productivos conjuntos.
El aumento de la asignación presupuestal para el sector agropecuario, se justifica no solo en el incremento de la cobertura de sus instituciones, sino también en la contratación de funcionarios idóneos que identifiquen y reconozcan las particularidades de las regiones y que se articulen con los actores públicos, privados y organizaciones solidarias rurales.
Otra ventaja de la presencia institucional en todo el país, es poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, la cual es una política pública que incluye la extensión agropecuaria, un servicio básico para que los campesinos aumenten su productividad mediante las buenas practicas agropecuarias y generen un valor agregado a sus cosechas.
Por otra parte, el gobierno nacional debe ser consiente que se deben revisar los acuerdos o tratados internacionales que permiten la entrada al país de aquellos productos que son sensibles para la economía y estabilidad de nuestros agricultores. También se pueden ajustar las políticas arancelarias y aduaneras relacionadas con la importación de alimentos y por supuesto, reforzar las medias para evitar el contrabando.
Una ventaja de toda esta situación que afecta a los productores de papa, es que pone en evidencia la falta de recursos para que el MADR atienda las necesidades no solo de los 100.000 cultivadores de papa sino de los casi tres millones de agricultores que existen en Colombia. Y gracias a la difusión en los medios de comunicación, la comunidad en general se está enterando de una crisis que afecta solo a los campesinos, aunque algunas voces quieran achacarles la culpa por una supuesta “sobreproducción”.
La papa la venden barata quienes la cultivan, por eso están trabajando a perdida, pero el consumidor final la paga al precio que fijan los intermediarios, quienes finalmente se quedan con las utilidades de los campesinos. Es un mercado injusto no solo el de la papa, sino también el de la mayoría de los alimentos que consumimos a diario.
A las peticiones que diariamente hacen los gremios, los agricultores, la academia, la prensa y algunos congresistas, ahora se suma la comunidad en general, todos alertando y evidenciando la difícil situación por la que atraviesan los agricultores colombianos. Y así, una vez más, queda comprobado que el sector rural no es prioridad para los gobiernos de turno, que no le prestan la atención que merece un sector, que, aunque debería ser el primario de la economía (dada su función de garantizar la seguridad alimentaria de la población), históricamente ha sido marginado y eso finalmente se ve reflejado en los presupuestos asignados.
*Ingeniero Agrónomo y Magister en Desarrollo Rural
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