Las detenciones arbitrarias y las desapariciones en Nicaragua «deben terminar». Así lo remarca un grupo de expertos de Naciones Unidas, en un comunicado conjunto emitido este 11 de diciembre.
Y es que ese tipo de violaciones a los derechos humanos han ido en aumento desde las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, iniciadas en 2018. «Siguen siendo utilizadas para silenciar a la oposición», alerta la ONU.
«Muchas personas fueron arrestadas violentamente sin órdenes judiciales, sometidas a detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada, y condenadas en procesos judiciales sin representación legal adecuada. Muchas siguen en prisión, incluso después de cumplir sus sentencias», destaca la declaración.
Desde 2021, señalaron los expertos, se han registrado al menos 427 arrestos, en su mayoría de personas vinculadas a procesos electorales nacionales, municipales o regionales, incluyendo estudiantes, precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas.
«A medida que pasa el tiempo, las condiciones de aquellas personas que siguen detenidas se deterioran aún más, lo que tiene un impacto profundo en su salud física y psicológica», agregaron.
Quienes son detenidos enfrentan acusaciones de «terrorismo» y contra la seguridad nacional. Los defensores de DD. HH. denuncian procesos viciados y con falta de garantías de una justicia independiente, incluso lo más básico como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares, suelen ser denegadas.
Además, en el comunicado firmado, entre otros, por los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, y el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, alertan de tortura y violencia sexual contra víctimas de detención arbitraria.
También reclaman que las autoridades nicaragüenses informen a los familiares el paradero de todos los detenidos y desaparecidos.
Ante ese escenario, las familias de las víctimas se ven obligadas a buscar en cada prisión algún rastro de sus seres queridos, no solo por saber en qué centro penitenciario se encuentran, sino para constatar que estén vivos. Pero esa búsqueda se complica cuando la familia se encuentra exiliada en el extranjero y únicamente dependen de la información de las autoridades.
Denuncian al menos 229 casos de tortura contra detenidos
El llamado urgente de la ONU al Gobierno de Daniel Ortega llega justo un día después de que el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, publicó un informe en el que señaló que al menos 229 personas detenidas en Nicaragua por razones políticas han sufrido diversas formas de tortura y otros «crímenes contra la humanidad», a manos del gobierno en los últimos siete años.
La ONG especificó que documentó la tortura de 183 hombres y 46 mujeres de unas 2.000 personas arrestadas en relación con las protestas antigubernamentales de 2018.
Al menos 178 de las víctimas de esos hechos que testificaron aseguraron haber sufrido abusos como golpizas, golpes con armas, violaciones, amenazas de muerte y amenazas o agresiones contra familiares.
La ONG subraya que identificó más de 40 formas de tortura, a través de los testimonios, incluidos 159 casos de golpizas, 22 de asfixia o estrangulamiento, 17 casos de descargas eléctricas, 21 quemaduras con plástico o hierro y 18 extracciones de uñas o dientes.
A los abominables crímenes denunciados se suma el hecho de que al menos 117 detenidos fueron privados de atención médica y 85 fueron mantenidos en aislamiento durante más de dos semanas.
El informe destaca que la mayoría de los arrestos fueron violentos y arbitrarios y a los afectados no se les presentó una orden de detención. En el 40% de los casos, indica, se registró «la participación de agentes paramilitares que han actuado como una tercera fuerza armada».
Ante estas situaciones, el informe acusa al Gobierno de Ortega de cometer crímenes de lesa humanidad.
Pese a los llamados de las organizaciones de derechos humanos y algunas naciones, la situación en Nicaragua se complica tras las recientes reformas en el país que amplían los poderes, tanto del Ejecutivo, como del Ejército y la Policía.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió el lunes 9 de diciembre una advertencia en la que dijo que la situación seguía deteriorándose en Nicaragua, donde los ciudadanos estaban sujetos a un «clima severo y represivo».
Hasta ahora, la respuesta del Gobierno se ha limitado a minimizar las acusaciones en su contra y asegurar que la ONU y las organizaciones que alertan sobre las violaciones a los derechos humanos están siguiendo una campaña contra Ortega.
Más de 200 presos políticos fueron liberados a principios del 2023 y expulsados a Estados Unidos, incluidos cinco exaspirantes presidenciales que habían sido encarcelados después de intentar desafiar a Ortega en las elecciones de 2021.
A las denuncias se suma el Gobierno de Estados Unidos que anunció una investigación contra Managua sobre abusos laborales y de derechos humanos.
La pesquisa, anunciada el martes 10 de diciembre está a cargo de la Oficina de la Representante Comercial de EE. UU. Así lo informó la representante comercial de ese país, Katherine Tai, quien agregó que la investigación se extenderá por un año.
“Numerosos reportes sugieren que el Gobierno de Nicaragua está incurriendo en actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo nicaragüense, socavan la competencia justa y desestabilizan a nuestra región”, subrayó Tai.
El objetivo, aseguró, es examinar no solo las denuncias de abusos, sino también en qué medida afectan el comercio con Estados Unidos, al ser un país con el que tiene un acuerdo de libre comercio y en medio de crecientes preocupaciones por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La representante comercial presentó los informes de las ONG que alertan de las condiciones en las que se encuentra Nicaragua en temas de derechos humanos y laborales.
El anuncio llega después de que el Congreso aprobara a finales de noviembre una reforma constitucional que otorga más poderes al presidente, a su esposa la vicepresidenta, así como a la policía y al ejército de la nación centroamericana.
La reforma aumenta el control del presidente sobre los medios de comunicación, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y cambia los roles de vicepresidente y presidente a los de «copresidentes».
Bajo la nueva reforma, los copresidentes tendrán el control de los poderes legislativo, judicial y electoral, de la administración pública y de los órganos de control, así como de las entidades autónomas.
El jefe del legislativo, Gustavo Porras, confirmó durante la sesión de este viernes que la reforma será votada y aprobada por segunda vez el próximo 10 de enero, siguiendo la ley nicaragüense que dice que los cambios constitucionales deben aprobarse en dos periodos legislativos.
