Por: Sonia Yaneth Amado Ríos/ Existen varios factores que contribuyen al miedo en acceder a la justicia como es el caso real de una mujer que para efectos de este artículo se llamará “María”.
“(…) María es una mujer rural que desconocía los tipos de violencia y los derechos que le asisten por cultivar la tierra, ha sido poseedora de un terreno más de 20 años el cual le fue adjudicado por herencia sin mayores protocolización de escrituras, ni documentos porque simplemente no conoce de titularidad ni de inscripción de terrenos en instrumentos públicos, ni de usufructos, ni de avalúos ni peritajes, fue criada en un hogar humilde campesino de las tierras bravas de Santander con una cultura en la que la mujer debe ser callada, sumisa, el hombre es el que manda pero la tierra ella es consciente que le pertenece pero no sabe cómo demostrarlo, cuando llega al borde de la humillación y la manipulación por su desconocimiento e ignorancia en muchas áreas, su reacción es defensiva, ella fue criada y corregida con correa. María se concentra en sus cosechas y en su vida diaria de mujer trabajadora del campo, ejerce sus funciones de mamá, viste sus hijos para llevarlos a la escuela rural y luego ella se ocupa de los cultivos, y de los asuntos de la casa materna donde vive ella con sus hijos, cuando llegan sus hijos, ella los asiste como una buena madre, no les puede ayudar con las tareas porque no comprende mucho lo que lo profesora les enseña a sus hijos, sin embargo, se asegura que sus hijos hagan la tarea y si algo no entienden busca una persona que los ayude. María ha sido víctima de violencia por el conflicto armado y adicionalmente cuando ha acudido a pedir ayudas en diversas instancias extrajudiciales y de investigación donde ha acudido para proteger sus derechos toda vez que ha sido víctima de violencia en diversas formas adicionalmente por su ex compañero y padre de sus hijos, también ha sentido gran frustración porque no ha tenido la orientación adecuada frente a sus solicitudes de defensa en favor de sus menores hijos. Es una mujer que no tiene poder adquisitivo para sufragar honorarios de profesionales del derecho que la asistan y se declara una víctima más de las injusticias y la desinformación de algunas instituciones que no han considerado su condición, ni la escuchan efectivamente”: Texto de autoría de la columnista.
Así como María, este caso es similar a muchos que suceden actualmente en las múltiples zonas rurales de nuestro departamento y en el país entero.
He presentado uno de tantos casos sin dar mayores detalles, a simple vista todo lo normalizamos y cada mujer rural defiéndase como pueda, es la expresión del grueso de la ciudadanía, y entramos analizar el plan de acción de las tres ramas de nuestro poder público que han realizado algunos esfuerzos, pero definitivamente aún falta mucho por hacer.
Alguna vez, nos hemos preguntado conscientemente, ¿cuáles son esos factores que contribuyen al miedo de las mujeres rurales en acceder a la justicia?
En mi criterio como profesional del derecho y en mi experiencia respaldando integralmente a las mujeres rurales que hacen parte de la red “Familia y Finanzas” un movimiento que nace de la necesidad de brindar formación integral en el marco del programa de proyección social del derecho “Ser Integral” que al unísono con el reciente encuentro académico con el ministerio de justicia y del derecho en el que tuve la oportunidad de ser invitada, puedo esbozar los siguientes factores de acuerdo a nuestra experiencia y casos tratados con mujeres rurales:
Factores que contribuyen al miedo
1: Estigmatización Social:
Normas culturales y sociales: En muchas comunidades rurales, las normas culturales y sociales pueden desalentar a las mujeres a buscar justicia, especialmente en casos de violencia doméstica o abuso porque entre ellos es absolutamente normalizada la violencia. El estigma asociado con estas denuncias puede llevar al miedo al rechazo social, al señalamiento y al ser mal vistas por no aguantar y permanecer al lado del agresor sin importar las consecuencias y la violencia sistemática y continua durante décadas, así como el derecho a la tierra que sigue siendo exclusivo que el hombre se encargue así la tierra pertenezca a las mujeres.
2: Falta de confianza en el sistema judicial:
Desconfianza en las Instituciones: Las mujeres rurales pueden tener desconfianza en la imparcialidad o la capacidad del sistema judicial para proteger sus derechos. Esta desconfianza puede ser exacerbada por experiencias previas negativas o la percepción de corrupción, en ocasiones son tratadas con tanta dureza que se atribuyen el derecho de hablarles en tono fuerte y regañarlas por alguna acción o palabras que sin filtro pronuncian por desconocimiento o porque en su léxico, la jerga está asociada a su región y algunos servidores o funcionarios sin la mínima empatía las estigmatizan por su vestuario, calzado y forma de comunicarse.
3: Barreras geográficas y económicas:
Acceso limitado: La distancia a las oficinas judiciales y la falta de transporte adecuado pueden hacer que las mujeres rurales se sientan desalentadas a buscar justicia. Además, los costos asociados con el transporte y el asesoramiento legal pueden ser prohibitivos o inalcanzables para ellas.
4: Violencia y amenazas:
Riesgo de represalias: Las mujeres que buscan justicia, especialmente en casos de violencia de género, o de exigir sus herencias o derechos a la tierra, pueden temer represalias por parte de sus agresores o de sus comunidades. Esto puede incluir amenazas físicas o sociales siendo a su vez víctimas de injurias y calumnias en su contra.
5: Desinformación:
Falta de Conocimiento: La falta de información sobre los derechos legales y los recursos disponibles puede llevar a la incertidumbre y al miedo. Las mujeres que no conocen los procedimientos legales o los recursos a su disposición pueden sentirse desalentadas a actuar.
Iniciativas y apoyo
Para abordar estos desafíos, se han implementado diversas iniciativas y programas en Santander y en Colombia en general de la que se debe seguir reforzando, pero con planes de acción que realmente sean efectivos: Resalto y propongo seguir trabajando en los siguientes:
1: Educación y sensibilización:
Campañas de información: Programas para informar a las mujeres rurales sobre sus derechos y los recursos disponibles. Esto puede incluir talleres, materiales educativos y campañas comunitarias, pero con estrategias y herramientas en las que se cumpla el objetivo de acceder a ellas en su lenguaje y de manera empática de fácil comprensión para ellas.
2: Servicios legales y psicosociales:
Asesoría y Apoyo: Se requiere desarrollar servicios de asesoría legal y apoyo psicosocial específicos para mujeres rurales, que sean inclusivos. Se requiere incluir diagnósticos y soluciones legales móviles y asistencia a distancia, es decir no abandonarlas ni dejarlas a la deriva, sino priorizando sus necesidades de atención legal y acompañarlas de principio a fin, teniendo en cuenta los protocolos de acceso a la justicia y a la tierra.
3: Fortalecimiento de la infraestructura:
Mejora de Servicios: Esfuerzos para mejorar la infraestructura en áreas rurales, incluyendo la creación de centros de atención legal en zonas más accesibles, es inconcebible que los horarios de atención sean limitados a una jornada laboral como en la ciudad, cuando ellas en algunos casos de acuerdo a su ubicación geográfica y compromisos con el campo, solo podrían acceder a realizar una consulta un día domingo en la mañana o en la tarde, pero en sus horarios disponibles no encuentran un profesional o funcionario que las escuche.
4: Redes de apoyo comunitario:
Apoyo local: Formación de redes de apoyo comunitario y colaboración con organizaciones locales para proporcionar asistencia y protección a las mujeres que buscan justicia. Aquí la sororidad juega un papel primordial en el que exista una verdadera red de apoyo que las respalde en los momentos en los que se va amenazada su integridad o que simplemente necesiten expresar su realidad.
Es importante que revisemos los protocolos y los lineamientos técnicos de atención inclusiva de pluralidad, diversidad y equidad en el acceso a la justicia. Actualmente existe un protocolo de atención a favor de mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la tierra el cual debemos conocer y comprometernos todos en trabajar en los aspectos (enfoque de derechos, búsqueda de la eliminación de barreras, promoción de la autonomía y la participación), que van dirigidos a operadores de justicia y otros actores.
Cuando hablamos de mujeres rurales también nos referimos a las campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto, entre todos podemos contribuir en disminuir las tasas de discriminación, desigualdad en el acceso a la justicia, a la tierra, pobreza y falta de oportunidades.
Es tiempo de que la justicia sea llevada a un enfoque diferencial con perspectiva de género, enfoque territorial, con articulación interinstitucional, con capacitaciones a funcionarios de manera continua, trabajando todos en el fortalecimiento a las organizaciones de mujeres rurales.
Todos estos lineamientos están contemplados en el marco normativo C.P. Ley 1774 de 2016 (Ley de la reforma rural integral), Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras) y ha llegado el tiempo de establecer la justicia y dar una mirada a esas mujeres que necesitan a profesionales íntegros comprometidos en la reconstrucción del tejido social y un mejor país en beneficio de las nuevas generaciones.
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*Abogada, defensora de la vida y la familia, miembro del Colegio del Derecho Social (Coldesocial).
Con respecto al articulo publicado quiero hacer solo un comentario. Este articulo esta muy bien formulado y explicito pero yo creo que no se lee por las categorias de personas a quien se dirige sino mas bien a los organos competentes para solucionar tales problemas.
Yo creo que para resolver este problema hay que crear unas oficinas en el medio rural que se dedique exclusiv para solucionar este tipo de problema y que apoye a la mujer dandole consejos claros, un abogado gratuito para defenderlas y quitar el miedo de hablar de sus problemas utilizando un psicologo junto con un trabajador social y asegurandole proteccion tanto en la familia como en su entorno.