Por: Deivy Fernando Vega Herrera/ A pesar de que el expresidente Uribe es considerado “intocable” para muchos, el juicio que enfrenta en la Corte Suprema por manipulación de testigos podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los líderes políticos ante la justicia.
Colombia arrastra un largo expediente de impunidad. Informes de Transparencia por Colombia (TpC) y del Índice Global de Impunidad (IGI) sobre el tema lo corroboran: de cada 100 delitos, 94 quedan impunes[1][2]. Si a esto le sumamos que, en el promedio nacional, solo el 6% de las denuncias ante entidades competentes se consolidan en una investigación, y que de las pocas denuncias que logran avanzar, alrededor de un 70% se «estancan» en su desarrollo, tenemos en Colombia lo que el IGI denomina una «cadena de impunidad»(2).
Ante esta realidad, el juicio que enfrenta Álvaro Uribe, aun cuando ha dividido las opiniones frente a la aplicación de la justicia, es un avance fundamental para frenar la impunidad en los procesos judiciales «estancados» en su desarrollo, y su vez, para recuperar la pálida imagen del sistema de justicia colombiano.
Que la mayoría de los procesos se «estanquen» en su desarrollo es una muestra de que en muchos casos la justicia es precaria y selectiva. Varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado que este estancamiento se da porque, aparentemente, existen «intocables» para la justicia colombiana[3]. Solo basta con ver cómo muchos de los implicados en la corrupción de Interbolsa[4] están libres hoy sin ninguna represalia significativa. La idea de que la justicia no funciona con los ricos y “poderosos” se ha instalado en el imaginario social como una realidad tangible en el país.
Es por esto que el juicio contra Álvaro Uribe es un destello de esperanza a quienes creemos que la justicia debe ser igual para todos. Aún cuando se ve todavía lejana una sentencia (sobre todo por las “jugadas” para dilatar el caso), el solo hecho de que por primera vez un ex jefe de Estado esté en estas instancias de un proceso penal sienta un precedente histórico; sobre todo, si consideramos que actualmente en el país existen varios «poderosos» con investigaciones de corrupción pendientes y sin ningún avance significativo (por ejemplo, Juan Manuel Santos y el Grupo Aval frente a los sobornos de Odebrecht o el apoyo que recibió en campaña Gustavo Petro de contrabandistas como alias “Papá pitufo”)
El diablo está en el proceso
Pero ¿a qué se debe que existan «intocables» para la justicia? El informe del IGI da luces sobre este aspecto, al destacar que la mayoría de los procesos penales se estancan cuando la fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto para llevar una investigación ante un estrado y hacer que avance el juicio.
Recordemos que el proceso penal en Colombia se divide en 3 etapas: la indagación preliminar (a cargo de la policía judicial), la instrucción (a cargo del fiscal competente) y el juicio (a cargo del juez competente). Es en la segunda etapa, la de instrucción por un fiscal competente, en donde el informe del IGI destaca la incompetencia del proceso en su conjunto: tan solo el 27% de los casos avanzan a la tercera etapa del proceso penal(2). Es decir, el 73% de los casos se estancan cuando un fiscal tiene que tomar parte en una investigación para darle continuidad a la misma.
Estos hallazgos no deberían ser sorpresa: al final, la fiscalía es una entidad abiertamente politizada. Solo hay que recordar que la terna para elegir al Fiscal General de la Nación es delegada por el presidente de turno[5]. Es decir, el presidente pone al (o la) fiscal que lo tiene que investigar a él y a su gobierno. Es lógico entonces suponer que los fiscales generales llegan con un sesgo político importante, que les impide cumplir con su labor coherentemente.
El ejemplo perfecto es cómo ha cambiado el enfoque de la fiscalía en el juicio contra el expresidente Uribe con el cambio de presidente de Iván Duque a Gustavo Petro. Recordemos que el ex fiscal general Francisco Barbosa (ternado por Iván Duque) delegó para el caso un fiscal abiertamente uribista, como lo es el bumangués Gabriel Jaimes, el cual solicitó en más de una ocasión la preclusión del caso[6]. Es decir, la fiscalía de Barbosa solicitó explícitamente que Uribe quedara impune en el proceso.
En cambio, hoy que la fiscalía es liderada por Luz Adriana Camargo, ternada por el actual presidente Gustavo Petro, ahora sí la fiscalía ha solicitado ante la Corte Suprema una condena contra el expresidente Uribe. Esto nos dice que cuando cambia el gobierno, cambian también las prioridades judiciales de la fiscalía.
En mi opinión, esta debería ser la principal variable por tomar en cuenta si se habla de una reforma a la justicia. Proponer una reforma a la justicia que solo toque a los magistrados o jueces del país sería un error. Es en la fiscalía en donde se estancan la mayoría de los procesos; por ende, es en la fiscalía en donde tendríamos que enfocar los esfuerzos de hacer una reforma a la justicia que pretenda reducir la impunidad.
Por eso, mientras la cabeza de la fiscalía sea ternada por el gobierno de turno, la entidad siempre tendrá compromisos y sesgos políticos. Los colombianos debemos entender que la justicia seguirá siendo un juego de poder mientras la fiscalía siga atada al presidente de turno. Solo una reforma al proceso de elección del fiscal general podrá contribuir a que la justicia actúe sin presiones ni favoritismos.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] Iván Serrano (Julio de 2023). 94 % de impunidad: las escandalosas cifras de corrupción en Colombia. Revista Cambio.
[2] Casade (noviembre de 2019). Índice Global de Impunidad en Colombia. CASEDE.
[3] Human Rights Watch (enero de 2024). Informe Mundial 2024: Colombia. Human Rights Watch.
[4] Infobae (noviembre de 2021). Caso Interbolsa: llaman la atención a la Fiscalía por presunta falta de compromiso en la investigación. Infobae.
[5] Elección Transparente (enero de 2019). Fiscal General de la Nación, Proceso de Selección. Elección Trasparente.
[6] Infobae (marzo de 2021). Quién es Gabriel Jaimes, el fiscal que solicitó precluir el caso de Álvaro Uribe Vélez. Infobae.
