Por: Andrea Guerrero/ Gran parte de la historia de Colombia tiene sus cimientos en el campo, sin embargo, la verdad de las tragedias que han padecido la población campesina sigue sin esclarecerse. Además, cuando la verdad arroja una luz sobre el pasado, aparecen individuos que niegan los hechos para confundir a la población.
La semana pasada, la JEP reveló que por lo menos 6402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también llamados falsos positivos, entre 2002 y 2008. Este dato no corresponde en lo absoluto con la cifra de 2248 personas presentada por la fiscalía. Estas estadísticas representaron una ofensa para algunos, hasta el punto de señalar como víboras venenosas y perversas a quienes han investigado a fondo los casos de falsos positivos.
No solamente se indignan, sino también cuestionan las fuentes de esta información, así como la intención de publicar estos resultados. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe rechaza estas cifras porque para él esta información ha sido manipulada por organizaciones en contra de su gobierno.
De la misma forma, el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional rechazan las investigaciones de los abogados de los uniformados y argumentan que estas imputaciones “afectan el honor y el buen nombre institucional”.
Por otro lado, es aún más interesante el tweet de la cuenta de la asociación de las madres de los falsos positivos en Colombia. Para aquellas madres, no son ni 2248, ni 6402, sino más de 15000. Es increíble como la historia cambia dependiendo del narrador.
El fenómeno de los ‘falsos positivos’ no es la única problemática que ha azotado a los campos, ni tampoco es reciente esta situación de vulnerabilidad de las poblaciones rurales. Durante el periodo de “La Violencia”, se estima que dos millones de personas tuvieron que desplazarse, dando como consecuencia el abandono de 400.000 parcelas. Cuando el conflicto armado culminó con la reconciliación de los liberales y conservadores, mediante el Frente Nacional, no se tuvo en cuenta la restitución de tierras ni el fenómeno de la migración forzada.
De esta forma, el desplazamiento forzado junto con un abandono por parte del Estado fue una constante problemática, que no se reconoció como tal hasta hace poco. Un primer paso se dio en 1997, con la Ley 387 que define el concepto de “persona desplazada” y la reconoce como víctima. Así mismo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas continúa trabajando en el acompañamiento a hogares que solicitan su retorno. En el 2021, se espera que al menos 2.000 hogares de víctimas retornen a sus territorios con la ayuda de la Unidad de Víctimas.
Es inevitable afirmar que las problemáticas y tragedias que dañan al campo y a su población son resultado de la indiferencia y el desconocimiento de la riqueza que abunda en esas zonas. Existen numerosos ejemplos de esto último, uno de ellos es el uso de glifosato para acabar con los cultivos de coca, una medida que es ineficaz, con potencial cancerígeno y que pone en peligro la biodiversidad de nuestro país.
Finalmente, nuestro campo merece ser reconocido por su valor y resistencia. Los asesinatos, desplazamientos y la falta de apoyo son problemáticas que continúan vigentes, sin embargo, considero que este panorama puede cambiar; para que eso suceda, se necesita de los ciudadanos, porque ellos son quienes pueden impulsar con sus iniciativas a las zonas rurales. Así mismo, el gobierno debe estar más conectado con las necesidades de estas poblaciones, porque esa falta de atención es la que ocasiona la situación de vulnerabilidad y de abandono; espero que, en un futuro cercano, los campesinos tengan una vida digna y autónoma y que no se repita más la historia de Siervo sin tierra.
*Estudiante
Instagram: @andreagguer
