Por: Óscar Prada/ Con el deshonroso título de la fosa común urbana más grande del mundo; se estima que La Escombrera podría albergar la osamenta de más de medio millar de personas, que desaparecieron en diversas olas de violencia, durante la primera década del siglo XXI.
El clamor de las mujeres buscadoras de los cuerpos de sus seres queridos en “La Escombrera”; es el resultado de una lucha sistemáticamente ignorada por las instituciones colombianas, desde hace más de veinte años.
Los primeros restos humanos fueron hallados en diciembre de 2024; pese a que las excavaciones no llegaban al nivel del piso de la época, en que se presentaron más casos de desaparición de personas.
No obstante, aunque los hallazgos no pueden conectarse al marco de una operación militar en concreto, los restos óseos indican señales de tortura y tiros de gracia, según los informes de la JEP y la UBPD.[1]
Una verdad incómoda que se prefiere negar
En conmemoración para tan audaz tarea, se plasmó un mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, y junto a él estaba la imagen del expresidente Uribe rodeado de calaveras con la frase: “Yo di la orden”.
Ahora bien, no existe una sentencia que indique la presunta responsabilidad del expresidente con los crímenes de Estado; no obstante, la verdad colectiva no está atada a lo resuelto por las autoridades.
Según la Corte Constitucional, la sociedad puede cuestionar las conductas que considere reprochables por parte de los servidores públicos; toda vez que el sistema jurídico colombiano, no es dueño de la verdad. En tal caso la conducta del expresidente es cuestionable, pues el mayor número de desaparecidos de la Comuna Trece, sucedió en su gobierno [2]
De algún modo el mensaje incomodó; pues no habiendo pasado ni un día desde que fue plasmado el mural de las madres buscadoras, la Alcaldía de Medellín ordenó pintarlo de gris. Un agravio a los familiares de las víctimas, por parte de una administración que se niega a ver la realidad.
Tras la polémica por el borramiento del mural “Las cuchas tienen razón”; la administración se vio obligada borrar el mural de Pablo Escobar, que llevaba años intacto en la Comuna Trece; sin embargo, incontables paredes del espacio público de Medellín continúan conmemorando al extinto narcotraficante con suprema devoción.
El intento desesperado del alcalde de Medellín en desaparecer la memoria colectiva, produjo el efecto contrario. El mensaje de “Las cuchas tienen razón”, fue replicado en varias ciudades de Colombia y del mundo en solidaridad con el clamor censurado de los familiares de las víctimas.
Ahora bien, cualquier intento de borrar la verdad de La Escombrera es socialmente inmoral según la JEP en su informe quincenal que indica textualmente lo siguiente:
“En La Escombrera, fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la Comuna 13. Esta verdad judicial está respaldada de manera inequívoca por la evidencia documentada por la JEP y los detalles del proceso forense. Cualquier intento de ponerla en duda o sugerir lo contrario es, además de infundado, una ofensa para las víctimas y, ante todo, socialmente inmoral.”
Así que al borrar la memoria de La Escombrera; el alcalde Federico Gutiérrez no solo ofendió a las familias buscadoras, sino que materializó una conducta de gran desvalor social; pues desconoció el sufrimiento de aquellas que fueron tildadas de “locas “y acusadas de decir mentiras, ante la falta de hallazgos en el pasado.
Por otra parte, este tipo de prácticas no es nueva en la historia; la negación del Holocausto y su denominación eufemística por parte del régimen nazi como “la solución final”; es muy similar con respecto a la negación existente en Colombia acerca de los crímenes de Estado en el marco del conflicto armado, mal llamados “falsos positivos”.
En consecuencia, negar la realidad y suavizar el horror mediante términos y denominaciones más amigables; ocultan las dimensiones de los hechos y obstruyen la posibilidad de construir una verdad colectiva que apunte a la reconciliación y pacificación social.[3]
Una endeble construcción de la memoria colectiva
La verdad puede ser objeto de múltiples lecturas, llegando a incomodar a sectores que se sienten aludidos con ella; sin embargo, la libertad de pensamiento y expresión son derechos que están protegidos por la Constitución. En consecuencia, el censurar los mensajes contenidos en el arte, por parte de aquellos que representan a la administración es toda una incoherencia.
Asimismo, el arte, al ser un poderoso medio que facilita la comunicación de mensajes contundentes de forma directa; produce en aquellas personas aludidas con la verdad, una percepción instantánea de la maldad que albergan en su interior.
El mural borrado, presupone ver de cerca una realidad incómoda; porque insta a tomar conciencia de lo irracional en que se torna la muerte injustificada de miles, frente a un Estado que prefiere ver correr litros de sangre y cuantificar bajas; en lugar de parar la matanza.
En ese orden, lo injustificable de la atrocidad se escarba en una imagen; los aludidos con la verdad no tienen un sustento lógico para justificar la barbarie. Con frialdad, ante tan escabroso horror, la única razón que ofrecen los incomodados; es negarlo todo.
Ello explica el por qué los negacionistas responden con violencia y pocos argumentos, a cuestionamientos sobre los crímenes de Estado en el marco del conflicto armado interno. Necesitan desviar la atención de sus presuntas responsabilidades.
De tal manera, no habrá sentencia que se ajuste para resarcir el dolor de las mujeres buscadoras de la escombrera; sin embargo, que la sociedad les reconozca que tenían la razón reivindica y dignifica su persistencia. Es una valiosa victoria colectiva.
El que no sabe su historia está condenado a repetirla; y aquellos que pretenden borrarla, aceptan y desean que la violencia permanezca de algún modo. El construir una verdad colectiva, es el camino para reparar una sociedad fracturada por la guerra. Negar el pasado, es repetir el horror.
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*Estudiante de Derecho
Contacto: 3017716507
X: @OscarPrada12
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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[1] UBPD: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
[2] Corte Constitucional, Sentencia T 281 de 2021: “La sociedad cuenta con la garantía de cuestionar la conducta de un servidor público que considere irregular o maliciosa, incluso en algunos casos en que el asunto ha sido resuelto por las autoridades competentes, puesto que no existe un monopolio sobre la verdad atribuido al sistema jurídico.”
[3] Corte Constitucional, Sentencia T 281 de 2021: “la verdad extrajudicial resulta de gran relevancia, puesto que contempla los elementos necesarios para satisfacer este derecho de las víctimas y establecer las bases de la pacificación. En esa medida, esta vía no solo permite denunciar la ocurrencia de delitos, sino que tiene como fin construir un relato de historia de las trasgresiones que deben ser conocidas y además incorporadas en su memoria colectiva, como presupuesto para materializar proyectos de reconciliación de la sociedad.”
