Por: Deivy Vega Herrera/ A pesar de lo bueno que puede sonar, la nueva política de educación gratuita para todos en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas terminará afectando a los más pobres. Esto se explica principalmente porque en Colombia la posibilidad de ingresar a una universidad pública depende tanto de los cupos disponibles como de los buenos resultados que tenga un estudiante en las pruebas Saber 11 del Icfes.
El problema está en que los estudiantes privilegiados que estudian en los colegios más costosos tienen por lo general mejores resultados en la Prueba Saber 11, lo que supone una marcada ventaja frente a los demás estudiantes de menores ingresos.
Esto implica que los reducidos cupos que ofrecen las universidades públicas muy probablemente sean ocupados principalmente por los hijos de los ricos, lo que recrudecería aún más las brechas sociales en la educación.
El gobierno Petro decidió en diciembre de 2023 mediante el Decreto 2271 garantizar educación gratuita para estudiantes de universidades públicas de estratos 4, 5 y 6[1]. Con esta política se busca universalizar el acceso a educación superior pública para todos los estudiantes, ya que desde el 2021 mediante el Decreto 1667 se ofrecía también educación gratis para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3[2]. Es decir, ahora todos los estudiantes de todos los estratos pueden estudiar gratuitamente en IES públicas.
Esta nueva política, que llega como una promesa de gobierno del presidente Petro, se propone como una medida para democratizar el acceso a la educación superior. Sin embargo, cuando se hace un análisis a futuro de esta medida se pueden identificar serios retos, sobre todo para los más pobres.
Ofrecer educación superior pública gratuita para todos es diferente a garantizar que esta educación llegue a todos sin excepción. La explicación está en que todas las universidades tienen limitaciones propias referidas a su infraestructura y su personal interno. Por más buenas intenciones que se profesen, es físicamente imposible lograr que las universidades públicas ofrezcan salones y profesores para todos los aspirantes a estudiar una carrera universitaria.
Por eso las universidades tienen que priorizar sus cupos para los mejores estudiantes según los resultados de las pruebas Saber 11 aplicadas por el Icfes (o pruebas de ingreso en casos particulares). El dilema está en que históricamente estas pruebas han sido un reflejo de las desigualdades sociales que caracterizan nuestro sistema educativo, que desde la primera infancia establece una segregación en calidad basada en el costo de la matrícula escolar.
Las brechas en calidad educativa entre ricos y pobres han sido una constante a lo largo de la historia de las pruebas Icfes. Así lo ha documentado desde hace décadas el pedagogo, Julián de Zubiría Samper, quien ha identificado que en Colombia el nivel de ingresos es un factor que predice qué tan buena educación recibirá el estudiante y qué tan bien le irá en las pruebas Icfes[3].
Por eso es común que los colegios privados más costosos ocupen los primeros lugares en los rankings de calificación de las pruebas Saber 11[4]. Por lo general, en Colombia el que quiera recibir educación escolar de calidad debe optar por colegios con matrículas más onerosas y de mayor inversión.
Por este contexto es que la política de gratuidad para todos en IES públicas puede generar más problemas que soluciones. Una política así sería ideal si los resultados en las pruebas Saber 11 fueran independientes del colegio y nivel de ingresos de los estudiantes. Pero en Colombia, el solo hecho de que un estudiante pertenezca a una familia con altos ingresos es prácticamente una garantía de que recibirá educación de calidad y tendrá mejores resultados en las pruebas Saber 11 con respecto a los estudiantes de familias pobres o clase media[5].
Dado este contexto, lo ideal sería es ofrecer educación gratuita exclusivamente a los estudiantes más vulnerables, como una manera de retribución ante las desigualdades presentes en nuestro sistema educativo.
Está claro que detrás de la política de gratuidad universal en las IES públicas hay un ideal de justicia social que busca democratizar el acceso a la educación superior. No obstante, que esta política no haya tomado en cuenta las brechas en calidad educativa que reciben los ricos y los pobres en los colegios muy probablemente genere un efecto negativo en la sociedad.
Mientras que la educación escolar de calidad en Colombia siga siendo un privilegio para los que pueden pagar más, lo ideal sería focalizar las ayudas para los más necesitados, y no ofrecer las mismas ayudas para todos independientemente de su nivel económico. La educación debe ser el mecanismo que favorezca el ascenso social de las clases más desfavorecidas, y por eso las políticas educativas, por más buenas intenciones que profesen, deben reconocer el contexto social en el cual buscan generar impacto.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] Presidencia de la República de Colombia (Diciembre, 2023). Decreto 2271 de 2023. Función Pública.
[2] Presidencia de la República de Colombia (Diciembre, 2021). Decreto 1667 de 2021. Función Pública.
[3] Julián de Zubiría Samper (Julio, 2014). La educación en Colombia aumenta las brechas sociales. Razón Pública.
[4] Redacción El País (Diciembre, 2023). Pruebas Saber 11: ranking de los mejores colegios de Colombia en 2023. El País.
[5] García Villegas, M., & Quiroz López, L. (2011). Apartheid educativo: educación, desigualdad e inmovilidad social en Bogotá. Revista de Economía Institucional, 13(25), 137-162.
