Por: Oscar Leonardo Martínez/ La corrupción es el gran cáncer de la vida pública y privada, todo parece indicar que el país no logra avances en su lucha contra este flagelo. Desde las colonias de España, Colombia heredó buena parte de las deficiencias institucionales de la metrópolis. La potencia colonial intentó establecer un sistema legal uniforme. Sin embargo, el diseño formal de las leyes y tribunales coloniales se estrelló rápidamente con la realidad de un imperio atrasado y desintegrado física y políticamente, en donde la ley se acataba, pero no se cumplía.
“No sólo los mandatos reales especiales, sino las normas y regulaciones generales eran frecuentemente ignoradas en la práctica por funcionarios coloniales, quienes, contando con la distancia y el aislamiento a su favor, esperaban poder hacerlo con impunidad.
El increíble primer escándalo de corrupción en la historia del país ocurrió en Santa Fe de Bogotá, con 64 años de fundada, no llegaba a 4.000 habitantes cuando, la pérdida de 5 mil pesos oro de la Corona sacudió la lluviosa capital.
“En el año de 1602 vino como visitador de esta Real
Audiencia el licenciado Salierna de Mariaca, que era oidor en México y el cual,
de una comida en el puerto de Honda, murió y junto a él todos los que
consumieron alimentos esa noche. Y a los nueve días de su muerte también,
fallese el presidente don Francisco de Sande”.
De modo que no solamente murió el visitador sino todos los que comieron con
él a su llegada al puerto fluvial de Honda, parece demasiada coincidencia.
¿Sería que los envenenaron? Las sospechas corrían de boca en boca por Bogotá.
Sin embargo, ninguna autoridad se tomó el trabajo de investigarlo. La justicia
tampoco operaba en esa época. Cualquier parecido con la realidad es mera… Pero
de la pérdida de 5 mil pesos oro de la Corona nunca nada se supo.
Se estima que el costo anual de la corrupción en Colombia es de más de 50 billones de pesos; aproximadamente 17 mil millones de dólares anuales, representa el 5% del PIB y el 21% del presupuesto nacional.
Nuestra historia muestra que las élites coloniales buscaron adueñarse de las posiciones en la burocracia judicial de la colonia como una manera de capturar rentas. En la primitiva economía del virreinato, ocupar un puesto en el sistema judicial y abusar de él era una de las pocas actividades lucrativas disponibles para los miembros de las clases dominantes.
“En el siglo XVII los hombres más destacados buscaron la administración colonial por la oportunidad que ésta representaba de crear fortunas para ellos mismos, para los miembros de sus familias extendidas y para su clientela. Se infiere que, en lugar de buscar soluciones, ellos preferían la búsqueda de consensos entre los grupos en conflicto basándose en sobornos, no en consideraciones de equidad. La venalidad y la corrupción se volvieron generalizadas, institucionalizadas y legitimadas al tiempo que el empleo en la burocracia colonial se convirtió en una fuente principal de ingreso y posición social para la aristocracia española.
Por todas estas razones, los reclutados para administrar el aparato de justicia no fueron los mejores.
“La ignorancia y la ineficacia de los funcionarios es una de las continuas quejas de virreyes y visitadores reales. Sumado a factores como la corrupción, que propiciaba por igual las bajas remuneraciones, la inexistencia del espíritu de servicio y la escasa preparación, que a veces llegaba hasta la falta de saber leer y escribir, constituyeron los varios motivos de la ineficiencia de la administración colonial”.
Colombia no podía encontrar nada en su herencia española ni en su propia experiencia colonial que fuera útil para el desarrollo de sociedades empresariales sustanciales después de la independencia.
La corrupción en Colombia ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país.
Principales mecanismos contra la corrupción
Estatuto Anticorrupción: Creado en 2011, se complementa con normas del Código Penal, del Código Disciplinario y convenios internacionales que están incorporados en la legislación colombiana.
Política Pública Integral Anticorrupción: Tiene como principal objetivo fortalecer las herramientas y mecanismos institucionales para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en el país.
Colombia Compra Eficiente: Por medio de este mecanismo se garantiza la transparencia en la compra y contratación pública.
Ley de Transparencia (1712 de 2014): Al garantizar el acceso a la información pública, buena parte de las decisiones públicas están disponibles para cualquier ciudadano que las quiera consultar en Internet.
Entre enero de 2016 y julio de 2018 el Monitor Ciudadano identificó 327 hechos de corrupción reportados por la prensa en los departamentos del país. El 69% son de alcance municipal, el 25% de nivel departamental y un 6% de hechos restantes correspondieron a hechos de alcance nacional. El proceso de sistematización refleja únicamente los datos de los registros periodísticos encontrados y posteriormente sistematizados.
Peculado (18%), celebración indebida de contratos (13%), falsedad en documento público (12%) y concierto para delinquir (11%) fueron los delitos más cometidos en los hechos de corrupción identificados por el Monitor Ciudadano.
Así mismo, en cuanto a los tipos de investigación de los actores involucrados, se registra que el 71% fueron de tipo penal, 21% de carácter disciplinario y el 8% de tipo fiscal. El Monitor Ciudadano también calculó el promedio de años que tardó la aplicación de condena, sanción disciplinaria y/o fiscal para los actores involucrados en los hechos de corrupción. Este dato se tomó con base en el año del hecho vs el año final de la sanción, cuando así aplicó. Los resultados demostraron que la sanción fiscal tardó en promedio 4,4 años; la condena penal en promedio 4,2 años y la sanción disciplinaria tuvieron un tiempo promedio en emitirse de 3,3 años.
Escándalos que han indignado
El Guavio: Costó $15.000 millones. La única persona capturada fue Fabio Puyo Vasco por el multimillonario desfalco al Estado en la construcción de la central hidroeléctrica en Cundinamarca. Aunque fue detenido en Estados Unidos y España, nunca fue extraditado ni pagó un día de cárcel. Vive en España desde los años 90
Foncolpuertos: Costó $2,5 billones. Luis Hernando Rodríguez fue gerente liquidador de Puertos de Colombia. A través de Foncolpuertos y con la complicidad de jueces, se pagaron millonarias pensiones de manera irregular. Fueron condenadas 825 personas. Rodríguez, quien está en libertad condicional desde 2009, es pensionado del Congreso, pues es viudo de la senadora asesinada Martha Catalina Daniels.
Interbolsa: Costó $300.000 millones. Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz montaron un entramado que estafó a inversionistas de Interbolsa y Premium. En el 2016 aceptaron el delito y en marzo pasado fueron condenados a 5 años y 9 meses de detención domiciliaria. En 2018, se le negó la libertad a Juan Carlos Ortiz Zárate, cerebro del descalabro.
Carrusel de la contratación en Bogotá: Costó $2,2 billones. El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno y su hermano el exsenador Iván Moreno lideraban una red de contratistas, políticos, abogados para atribuir irregularmente grandes obras distritales y nacionales. Iván fue condenado a 14 años de cárcel y Samuel a 24 años. En mayo, Álvaro Dávila, uno de los cerebros del desfalco, fue declarado culpable y podría enfrentar 11 años de cárcel. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso.
Saludcoop: Costó $1,4 billones. Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, es investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes e inversiones en el extranjero. Palacino fue capturado en marzo de 2018 y la Fiscalía mantiene en firme el llamado a juicio por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. De ser culpable, podría pagar una pena de más de 17 años de cárcel.
Fidupetrol: Cantidad $500 millones. Víctor Pacheco fue el abogado de la empresa Fidupetrol, que entregó 500 millones a magistrados de la Corte Constitucional para que le dictaran un fallo de tutela favorable. Tanto él como Hélber Otero, gerente de esa sociedad, fueron condenados a dos años de prisión. En 2018, el exmagistrado Rodrigo Escobar fue condenado a cuatro años El magistrado Jorge Pretelt espera el fallo de la Corte Suprema.
Odebrecht: Pagó US$32,5 millones en sobornos a funcionarios y contratistas en Colombia. La firma brasileña pagó millonarias coimas en Colombia y otros 11 países para quedarse con grandes proyectos de infraestructura. En el país ya han sido condenadas cinco personas, otras 74 personas están siendo procesadas.
Desfalco a los recursos de la gobernación de Córdoba: Monto: $87.000 millones. Después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, el exgobernador de Córdoba fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por haberse apropiado de recursos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología de Córdoba. También está siendo investigado por el ‘cartel de la Hemofilia’.
Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE): Costo $30.000 millones. Cuando Carlos Albornoz Guerrero era jefe de la DNE se denunciaron entregas irregulares de narcobienes, siendo uno de los más famosos el caso del predio Granja 32. El escándalo salpicó a congresistas y abogados y la DNE fue liquidada. En agosto de 2018, el Juzgado 33 Penal del Circuito absolvió a Albornoz y a Codos de las personas que había comprado Granja 32.
Conclusiones
Termino como empecé al retomar el encabezado contextualizando el tema “corrupción” ya es tan abundante que sería redundante escribir y ahondar, como decía mi abuelo “es lo que hay” , no me malinterprete no estoy justificando, lo que quiero enfocar es que nos hemos dedicado a atacar los resultados y estudiar la historia de la corrupción y poco nos enfocamos en sus verdaderas causas, como el adagio popular, la oportunidad hace al mal hechor, un país con un pueblo que pide a gritos ser sobornado por el tipo de institucionalidad que le precede, donde el que la hace no la paga y su justicia lenta y ciega ante manos invisibles pero diligentes en su actuar, con autoridad y poder sobre toda la estructura política jurídica y judicial, una estructura manejada por intereses particulares y encaminados a beneficios particulares donde todos hemos sido permeados. Donde idolatramos a los mandatarios.
Entonces diría, ser o no ser. Es difícil o imposible llegar a un cargo de elección popular sin algún tipo de corrupción directa o indirecta, con promesas incumplibles e intereses ocultos. Donde los dineros invertidos en campaña superan los topes cuando el tamal y el ofrecimiento de puestos de trabajo son el pan diario de una campaña política, no me queda más que agradecer a Dios, porque denunciar se puede pero demostrar es lo complicado aunque todos sabemos que así es.