Ha manifestado nuestro Presidente Petro que, en su gobierno a iniciarse el próximo 7 de agosto, la Procuraduría General de la Nación no se acabará sino que se empoderará como una Fiscalía Anticorrupción.
Por: Claudia Aponte/ Sagitario A es el agujero negro supermasivo de la vía láctea porque puede absorber o permear en el tiempo a todos allí, siendo 4 millones de veces más grande que la masa del sol, así, tal cual, como un agujero negro se incrustó la corrupción en todos los espacios de nuestro país, afectando el cumplimiento de los Objetivos para un Desarrollo Sostenible (ODS) y consecuente con ello, afectando la calidad de vida de muchos colombianos.
El pasado mes de mayo el periódico El País de España, comunicaba en un titular algo similar tras la aplicación del estudio sociológico en Colombia denominado 40dB, en el cual el 80% de los colombianos manifestó que la corrupción era el principal problema de Colombia y en coherencia con ello, manifestar vergüenza ajena por las fechorías de quienes hacen parte de esos entramados, así como, invitar a construir una ciudadanía más participativa en la aplicación y seguimiento a las políticas públicas y estrategias que el gobierno del “Cambio por la Vida” proponga, para erradicar las formas ilícitas del uso del erario público, a propósito de cada nueva noticia al respecto –que ya no es sorpresa sino generadora de dolor de patria-, que nos proveen los medios de comunicación a todo nivel, entre otros:
Así se robaron más de 500 mil millones de la paz en Planeación y la Contraloría (A fondo con María Jimena Duzán).
Denuncian entramado de corrupción con recursos destinados al Acuerdo de Paz que salpica a varios funcionarios públicos (Cuarto de hora – Cero noticias falsas).
Las irregularidades que le investigan al saliente director de la Aerocivil.
La Contraloría investiga contratos que suman 13.000 millones de pesos. (El Colombiano).
¿Qué hay detrás de la destitución del director de la Aerocivil? Al funcionario le endilgan los retrasos en el Aeropuerto del Café y presuntos señalamientos de irregularidades en contratación. (El Heraldo).
Centros Poblados no devolverá los $70.000 millones porque los invirtieron en equipos (La República).
MinTIC rematará bienes de Centros Poblados para recuperar el anticipo firmado. La idea es recuperar el anticipo de los 70.000 millones de pesos que se dio al consorcio (El Tiempo).
De otra parte, contrastando con lo anterior el Banco de la República en el documento técnico titulado: La corrupción en Colombia: un análisis integral[1], de mayo de 2022, menciona que:
“Los resultados muestran un incremento importante en los indicadores objetivos de corrupción disponibles a principios de la década de 2010, lo cual sugiere poca efectividad de las leyes recientes en materia de lucha contra la corrupción, como la Ley 1474 de 2011 o el Decreto 734 de 2014, que buscaban fortalecer la prevención, la investigación y las sanciones ante los actos que atenten contra la administración pública. No obstante, 2019 y 2020 han mostrado avances en la reducción de la corrupción de acuerdo con algunos indicadores, los cuales, sin embargo, podrían estar reflejando cambios en las instituciones de control del país (…)”
Ha manifestado nuestro Presidente Petro que, en su gobierno a iniciarse el próximo 7 de agosto, la Procuraduría General de la Nación no se acabará sino que se empoderará como una Fiscalía Anticorrupción, el alcance de ello debería trascender a todo tipo de sanciones e inhabilidades más drásticas y definitivas para los actores públicos y privados que mal actúen, y sin la mínima posibilidad de volver a contratar, si se comprueba su interés en violar: las leyes y las formas éticas, para acceder sin meritocracia y sí como un negocio personal a administrar o ejecutar recursos provenientes de entidades del Estado y de cooperación internacional, con sobrecostos, baja calidad, inconclusos, etc., sin cumplir con los objetivos estatales específicos en cada caso y afectando las metas frente al desarrollo sostenible. Es precisamente a estos ilegales a quienes sí se debería expropiar, para recuperar la totalidad de los recursos públicos sustraídos.
Pero no basta sólo con las transformaciones institucionales, se requieren cambios con la misma transversalidad que, la implementación de los Acuerdos de Paz, es decir, desde la educación, la cultura ciudadana, la participación ciudadana, generar más interés directo de las comunidades y organizaciones a todo nivel, para denunciar y permanecer con el ojo puesto en pro de evitar cualquier evento ilegal al respecto.
Se requieren unos guardianes reales del erario público con una selección muy detallada de las hojas de vida de quienes hacen parte de los procesos de contratación a todo nivel estatal y previamente conocidas por la ciudadanía, pero que sea cierto, porque hasta en eso se ha fallado, entre otros, recibiendo personas en entidades del Estado con títulos inexistentes por no decir “falsos” y, si se miente desde los títulos, ni pensar lo que puede ocurrir de ahí en adelante.
¿Si la corrupción ha crecido tanto, entonces que están haciendo las Contralorías a niveles territorial y nacional? ¿Será que es mejor el control fiscal previo y no el control fiscal posterior, en la misión de estas; qué tanto se previene o qué tanto se entra a coadministrar? ¿Será que se deben eliminar la totalidad de anticipos? ¿Será que las herramientas y las sanciones son suficientes y realmente se están aplicando?
PD: Como ciudadanos debemos estar atentos a servir en el “Cambio por la Vida” para ayudar a frenar y desaparecer este agujero negro supermasivo que permea todo el territorio nacional, pese a algunas excepciones y que cada día nos ha llevado a más retraso en el desarrollo que tanto anhelamos los colombianos de bien.
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*Ingeniera de Sistemas de la UIS, Especialista en Gerencia Pública de la UIS y Magíster (c) Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y en curso Doctorado en Políticas Públicas.
Twitter: @CLAUDIAAPONTE1
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Facebook: Claudia Aponte
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] La corrupción en Colombia: un análisis integral – miércoles 4 mayo 2022.