La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, alcanzó varios puntos de acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reforzar la cooperación entre ambos países en materia migratoria. Harris y López Obrador establecieron un plan para abordar las “razones de raíz” que fuerzan a las personas a desplazarse de sus territorios en Centroamérica.
Ambos mandatarios testificaron la firma de un memorando que incluye la expansión de los proyectos mexicanos Sembrando Vida (ofrece un ingreso público a los habitantes de zonas rurales a cambio de plantar y cuidar árboles) y el de becas Jóvenes Construyendo el Futuro. Tras sellar el memorando en el Palacio Nacional de México, Harris y López Obrador mantuvieron encuentros privados en los que abordaron cuestiones de “vacunas, pandemia, y migración”, según declaró a la prensa la vicepresidenta de EE.UU.
El punto de partida de las conversaciones fue un “interés mutuo en materia de seguridad y economía”, afirmó Harris, encargada de la llamada “crisis migratoria” estadounidense. La mandataria calificó la discusión de “muy importante y productiva” y aseguró que la relación entre Estados Unidos y México entra “en una nueva era”.
Washington promete inversiones
Los líderes abordaron no solo las cuestiones que afectan a los dos países limítrofes, sino también al llamado Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. Puesto que muchas personas que huyen de la violencia y de la pobreza en estos territorios transitan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
Entre los compromisos acordados, destaca un plan de inversiones de 250 millones de dólares que Washington promete atraer al sur de México, “mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales como el cacao, el café y el ecoturismo”, explicó Harris. Estados Unidos también desarrollará un plan de vivienda e infraestructura en el sur del país vecino, aseguró, así como un plan de préstamos y créditos con el objetivo de “crear empleo y reducir la desigualdad”.
Ambos países también acordaron «trabajar juntos para reducir los homicidios y las muertes relacionadas con las drogas» e «intercambiar información» para frenar el tráfico de personas.
Otra de las inversiones prometidas por Washington en México son 130 millones de dólares destinados a fomentar la «asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años» para garantizar los derechos laborales y la libertad sindical fruto de la reforma laboral mexicana de 2019.
El nuevo código de trabajo mexicano fue una exigencia del Partido Demócrata de Estados Unidos como condición a la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC). La Casa Blanca aspira a que la mejora de las condiciones económicas frenen la necesidad de muchos mexicanos de migrar en busca de mejores oportunidades sociales.
Por otro lado, la vicepresidenta estadounidense prometió ayuda en materia de formación para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, una cifra que alcanza las 82.000 según las autoridades mexicanas.
Harris habló de las preocupaciones compartidas por ambos gobiernos, poniendo en el mismo saco al tráfico de drogas y el de personas. Una lógica dialéctica, también empleada por los gobiernos europeos, basada en la objetivización de las personas migrantes al atribuirles la condición de víctima de “las mafias de personas” en lugar de reconocerles la voluntad de desplazarse por cualquier vía. Cerradas las legales, las ilegales son la única alternativa para la mayoría.
«No vengan a EE.UU.»
En Estados Unidos, así como en Europa, la retórica es uno de los pilares de la actual política migratoria. La deshumanización y la etiqueta de amenaza, visibilizada con la militarización de las fronteras, son condiciones previas a la legitimación de la violencia que implica la política de fronteras.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recoge que en abril 178.120 personas en situación administrativa irregular fueron detenidas en la frontera sur del país, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2000. Una situación que Washington pretende frenar. El presidente Biden encargó a Harris gestionar la respuesta a la llamada “crisis migratoria” y la vicepresidenta ha visitado en su primer viaje oficial al extranjero a sus vecinos de Centroamérica.
La estrategia es, en el exterior, invertir para corregir la pobreza y la violencia en los territorios de donde migran las personas y trasladar el control migratorio a México, que este año ya frenó 90.000 personas que se dirigían a Estados Unidos, según agencias internacionales. En el interior, deportar a las personas en situación administrativa irregular y militarizar la frontera sur del país. Preguntada por la prensa, Harris aseguró que visitará la zona fronteriza durante su mandato, pero que este viaje a Guatemala y México tenía por objetivo tratar los temas “de raíz” que generan la migración forzada.
Sin mencionar la libertad de circulación y a pesar de que corregir las causas estructurales que generan masivos desplazados forzados puede llevar décadas, Harris fue muy clara al expresar la actual posición de Washington: “No vengan” exclamó en Guatemala, la parada previa a México. La que fue celebrada como la primera mujer negra en ejercer la vicepresidencia de la primera potencia mundial pidió a la audiencia que desalentara a familiares y amigos de emprender un viaje “tan peligroso” porque en Estados Unidos serían rechazados.
Las declaraciones levantaron críticas incluso por parte de miembros del Partido Demócrata. La congresista Alexandra Ocasio-Cortez calificó el discurso de «triste» de oír y recordó que Estados Unidos ha desestabilizado continuamente la región. «No podemos incendiar la casa de alguien y luego después culparle por huir», escribió en su cuenta de Twitter.
La Casa Blanca alegó que Washington trabaja en vías legales para permitir la inmigración al país.
