Por: Libardo Riaño Castro/ Decir que la justicia en Colombia anda chueca es una redundancia, pues desde hace mucho tiempo atrás, los constantes señalamientos al poder legislativo son recurrentes y han suscitado entre los colombianos ingentes esfuerzos que proponen una transformación del sistema judicial, que realmente posibilite que la justicia cumpla con los objetivos de imparcialidad y coherencia entre los delitos cometidos y las penas impuestas a los criminales.
En estos días, el estrepitoso caso del doble asesinado del estilista Mauricio Leal y su señora madre Marleny Hernández, a manos de su hermano Jhonier Leal, a levantado el rechazo, el estupor y el repudio nacional, frente al terrible crimen cometido, por este ciudadano, de una manera tan vil y despiadada que no cabe duda que recae en los terrenos oscuros de la psicopatía criminal, como así lo ha señalado el reconocido psicólogo forense, Belisario Valbuena al detallar las macabras acciones de este horrendo crimen.
Pero lejos, de incurrir en un debate sobre la culpabilidad o inocencia del sindicado Jhonier Leal, resalta como punto de inflexión la pena impuesta y los atenuantes que mitigan la condena, y que se han conocido a través de los medios de comunicación, situación que también ha generado malestar entre los colombianos, pues al conocer la condena que oscila entre los 43 años, y las declaraciones hechas por el fiscal del caso, que declara que a esta pena, se le pueden descontar el 50%, si el sindicado reconoce su crimen y se acoge a la sentencia anticipada, es decir, que podría solo purgar unos 20 años de cárcel.
Esto depende específicamente del juez de conocimiento que establezca la pena final; entre otras circunstancias que atenúen la sentencia final.
Esta situación pone nuevamente en tela de juicio la severidad de las penas, que conducen a señalar la objetividad y la efectividad del sistema judicial, frente a casos, en los que se considere execrable el hecho punitivo y se deba aplicar toda la severidad de la ley.
Además de lo anterior, otro hecho que sobresale en este juicio, es la rápida acción del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, quien personalmente estuvo al frente de la investigación y de la recopilación de las pruebas que llevaron finalmente a señalar como único culpable a Jonier Leal; esta inmediatez en la investigación y en la imputación de cargos, sale a relucir debido a que el asesinado era un reconocido personaje de la farándula nacional, lo cual lleva a cuestionar a la opinión publica sobre la siguiente pregunta ¿Si el crimen cometido hubiera sido sobre otro colombiano, que no fuera reconocido, la fiscalía actuaria con la misma vehemencia?
Esta situación nos conduce a plantear la hipótesis que, en Colombia, la justicia es selectiva y que soslaya la imparcialidad, dependiendo de las circunstancias.
Tristemente hay ejemplos que salen a demostrar este argumento como el caso de Luis Andrés Colmenares, que se hubiera resuelto, si se hubiera actuado con la misma vehemencia e interés que con el del caso del peluquero de los famosos, o el del estudiante, Sergio Urrego, quien se suicidó el 4 de agosto de 2014 después de ser presionado por las directivas del colegio en el que estudiaba por su orientación sexual y su liderazgo en contra de algunas medidas que se habían tomado en contra del estudiantado.
Queda claro que la justicia en Colombia esta politizada y que obedece a intereses de sectores hegemónicos del país, lo cual nos lleva a plantear una profunda reflexión en torno a la búsqueda de la imparcialidad y la pulcritud en los procedimientos, y la aplicación de las leyes del sistema penal colombiano, que preconice una justicia equitativa, libre de ataduras políticas, que consolide su independencia de los demás poderes, para que pueda alcanzar estándares de verdad que se traduzcan en credibilidad.
La cuestión no se trata únicamente de estudiar la amplitud de las penas, o refrendar o no, los atenuantes o agravantes, que determinan la magnitud de los crímenes, tampoco se trata de cuestionar las motivaciones de los fiscales, investigadores y los jueces, sino mas bien, en analizar las motivaciones políticas dentro de un Estado que poco se interesa por transformar su justicia y modernizarla no solo en los tecnicismos de investigación criminal, sino adema de lo anterior, proponga un profundo análisis sobre los objetivos de la penalización y de la aplicación de la justicia en nuestro país.
Se debe analizar además la situación de las cárceles, tema que aun esta en debate por el constante hacinamiento que crece en forma exponencial año a año en forma acelerada, frente a una política que solo aplica la privación de la libertad como mecanismo final judicial, pero que no pone su énfasis en la resocialización de los presos.
Un Estado fuerte, coherente y justo, se evidencia en su sistema judicial y penitenciario, lastimosamente en Colombia estas características se evidencias en la constitución, pero no se demuestran en los hechos que a diario ocupan los titulares de prensa, radio y televisión, que enlutan a nuestra justicia y la ponen en entredicho.
Es necesaria la reforma al sistema judicial y penitenciario del país, en la búsqueda de una mejor objetividad, imparcialidad y severidad en las penas frente a los crímenes atroces, y que aplique el mismo criterio equitativo en todos los delitos y procesos judiciales que se adelantan en el país.
…
*Docente, Comunicador Social, Educomunicador.
Twitter: @libarrc
Instagram: @libarrc
E-mail: lrianoc@unadvirtual.edu.co
