Por: John Anderson Bello Ayala/ Al principio de esta semana se produjo un hecho que conmocionó a los habitantes del municipio de San Gil, sobre las fotos que rodaron por las redes sociales y especialmente por una red informativa local, en donde presuntamente un restaurante de comida china, ofrecía dentro de su menú, carne de perro, si bien las imágenes tomadas a una considerable altura, no se logra identificar realmente el espécimen que se encontraba en su mesa de preparación, pero los denunciantes ante su expedita evaluación ocular, determinaron que era un canino recién despresado.
Aprovechando su sagacidad lo primero que se les ocurrió fue utilizar las redes sociales, reenviando, masivamente las fotos etiquetadas como un ejemplar informativo “restaurante en San Gil ofrece en su menú carne de perro”, sin medir las consecuencias, sin darles la oportunidad a las autoridades sanitarias, realizar las inspecciones pertinentes para determinar, la procedencia de los productos cárnicos que ofrece; a través de las diferentes muestras técnicas de calidad composicional y de los factores de palatabilidad tales como su aspecto, olor, firmeza, jugosidad y textura.
Es así que, frente al alarmante hecho, reaccionaron las autoridades locales en cabeza del señor alcalde, entregando un parte de seguridad a toda la comunidad, hacia las denuncias que se han viralizado por las redes sociales, puesto que no se puede juzgar ni generalizar a todos los empresarios y restaurantes de la región, si bien es cierto, San Gil ofrece calidad en su gastronomía a sus oriundos y visitantes, además agregó que el caso es objeto de investigación por las respectivas autoridades.
Mientras tanto, la red informativa local, después de publicar semejante noticia, sólo le quedaba sigilosamente realizar un seguimiento al caso, así permitirles a los afectados ejerce su derecho de defensa y así lograr esclarecer los hechos, en los que se colocaba en tela de juicio su goodwill, pues bien, la vocera del establecimiento comercial, señaló que las imágenes que se distribuyeron en redes, se aprecia un camuro (animal típico en Santander, que es un tipo de mezcla entre oveja y cabro) despresado que se había adquirido para un evento especial y no un perro, como también lo corroboran los distribuidores de los productos cárnicos de la región, además los técnicos de la entidad sanitaria no se llevaron una muestra de carne para analizar en laboratorio, como se señaló en su momento.
Sin embargo, Luis Gabriel Urrea vocero de la Secretaría de Salud de Santander, señaló que en el lugar se encontró carne sobre la cual el propietario, no pudo certificar su procedencia y no presentó la factura de compra. Los resultados de dicha prueba se conocerán en próximos días para descartar o confirmar qué tipo de carne era la que estaba en el restaurante el cual fue sellado.
Después de cada una de las posiciones del caso, sólo me pregunto, si las investigaciones sanitarias arrojan, que los productos cárnicos contenidos en sus menús, son aptos para el consumo humano, ¿quiénes serán los responsables de la denuncia?, ¿quiénes les garantizará a sus afectados el restablecimiento de su buen nombre?, a sabiendas que un antecedente de semejante magnitud, es muy difícil que sus clientes vuelvan a creer, desafortunadamente en Colombia, no existe una forma de contrarrestar la manipulación de la información falsa, que desacredite, con la intención de hacer daño. Además, ¿qué opciones tiene el afectado por las denuncias injuriosas o calumniosas viralizadas por las redes sociales? ¿Hasta dónde es permitido llegar a hablar mal de alguien o de su actividad comercial en los entornos digitales?
Lo primero en precisar, es que quienes cometan injuria se enfrentan a una pena de 16 a 54 meses de cárcel y a una multa de 13 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establece la Ley 599 de 2000. Para la calumnia la condena puede llegar a 72 meses de cárcel.
A pesar de que el artículo 223, señala que cuando alguna de las anteriores conductas, se realiza “utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva, las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a la mitad”, no existe una disposición directa o especial para sancionar de otra forma este tipo de actuaciones cuando se cometen en internet, según explica Cristian Ramírez, abogado penalista, magíster en Derecho Penal y docente, “se hace una referencia específica al agravante cuando se utilizan medios informáticos o de comunicación, pero no se configura un delito especial si se comete en estos espacios”, dice.
De acuerdo con Ramírez, “las personas piensan que la ley no las cobija y que por el hecho de estar en redes sociales hay una libertad de expresión que nadie regula, pero hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que señalan que la libertad de expresión no puede ir por encima de los derechos de los demás, es decir, el buen nombre, la honra o la presunción de inocencia”. El experto agrega que “un trino con una manifestación en contra de alguien resulta ser más nocivo que algo dicho en otros medios, pues se va a replicar infinidad de veces y es más difícil frenarlo”.
A su vez, Julio Gaitán, abogado y profesor del Centro de Internet y Sociedad (ISUR) de la Universidad del Rosario, aseguró en El Tiempo que “sancionar a quienes creen o difundan noticias falsas no es la solución. “Uno no puede perseguir y sancionar todo lo que considera malo porque se corre el riesgo de sacrificar un bien mayor que es la libertad”.
Uno de los desafíos que enfrentan las redes sociales actualmente en la era digital, es el manejo de la información. La democratización digital, ha permitido que las plataformas puedan llegar a más personas, pero de esta misma manera ha posibilitado, que este tipo de noticias o manifestaciones injuriosas o calumniosas, llegue de manera más rápida, sin tener en cuenta las consecuencias.
Es claro que nos encontramos en una sociedad muy prejuiciada, proclive a escuchar tonterías y creérselas, es por eso que se debe construir una sociedad crítica, con gente que dude, que respete y entienda realmente sobre la importancia de la formación educativa y de la alfabetización digital; como una de las soluciones para contrarrestar los efectos de los contenidos falsos, o denuncias injuriosas o calumniosas, que se encuentran en internet y que se propaga por las redes sociales.
Más allá de la sanción, lo que falta es una fuerte campaña de pedagogía.
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