En Jerusalén, al frente del Parlamento, unas 30.000 personas salieron para protestar nuevamente contra el proyecto de reforma judicial que pretende pasar el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, con el que busca que los jueces del Tribunal Supremo sean elegidos por el Ejecutivo o que las decisiones de la corte puedan anularse en el Parlamento.
Miles de personas salieron a las calles de Jerusalén para manifestarse contra el proyecto de reforma a la justicia que presentó en la Knesset, el Parlamento israelí, el Gobierno ultraderechista del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los manifestantes consideran que el proyecto atenta contra la democracia.
En esta jornada de protestas, como las que se vivieron el lunes anterior, las banderas azules y blancas con la Estrella de David en el centro inundaron los jardines y las calles próximas al Parlamento, donde unas 30.000 personas coreaban frases como «Basta de corruptos» y «El fascismo no pasará». Además llevaban pancartas que decían: «Israel no es una dictadura» y «Democracia es diálogo».
Un hombre de 45 años que asistió a la marcha, Dvir Bar, dijo que “el Estado está en peligro”. Otro asistente, Kovi Skier, afirmó que «sin supervisión judicial, el Gobierno puede tomar cualquier decisión política que quiera sin ninguna limitación», y añadió que «podría tomar medidas contra las mujeres, contra los árabes, contra los religiosos (…) Todo el mundo se verá afectado».
Según los críticos del Gobierno, la reforma, al pretender reducir la influencia del Poder Judicial en beneficio del poder político, amenaza el carácter democrático del Estado de Israel.
El presidente israelí, Isaac Herzog, quien tiene un papel en gran medida ceremonial, dijo con gran preocupación que Israel se enfrenta «a una prueba crucial. Veo las divisiones y grietas entre nosotros, que son cada vez más profundas y dolorosas».
También en el norte de Tel Aviv unos 4.000 padres de familia salieron con sus hijos para protestar contra el proyecto. Allí se unieron además trabajadores del personal docente.
Miembros de la derecha se pronunciaron en contra de la reforma. El ex jefe del Shin Beth (seguridad interior), Yoram Cohen, declaró el lunes en la radio militar que era «imposible cambiar la naturaleza del Estado en lo que respecta al Poder Judicial sin un amplio acuerdo».
Natanyahu responde a los manifestantes
El primer ministro acusa a las personas que han salido a las calles y les dijo: «En una democracia, el pueblo vota en las elecciones, y los representantes del pueblo votan aquí en la Knesset», y agregó que, «por desgracia, los líderes de la protesta están pisoteando la democracia. No respetan los resultados de las elecciones, no respetan la decisión de la mayoría».
Netanyahu, con su ministro de Justicia, Yariv Levin, defienden el proyecto y dicen que es necesario para restablecer un equilibrio de poderes entre los representantes elegidos y el Tribunal Supremo, que el primer ministro y sus aliados consideran politizado.
Los manifestantes publicaron videos en donde se mostraba que intentaban impedir que los legisladores de la coalición del Gobierno se marcharan a la Knesset en Jerusalén. Según la Policía, ocho personas fueron detenidas por alteración del orden público y el tráfico tuvo que ser desviado debido a los bloqueos de los manifestantes en algunas carreteras.
En un comunicado, Netanyahu dijo que «los manifestantes que hablan de democracia están provocando ellos mismos el fin de la democracia cuando niegan a los delegados electos el derecho fundamental en una democracia: votar».
El opositor Yair Lapid declaró que «esta es la peor crisis interna que ha conocido el Estado de Israel, no nos rendiremos». Por su parte, el exministro de Defensa, Benny Gantz, un opositor de centro, dijo refiriéndose a Netanyahu que «la historia no los perdonará y la historia los juzgará»
El primer ministro cuenta con 64 de los 120 escaños de la Knesset, y parece tener posibilidades de lograr la ratificación final de los dos proyectos de ley presentados.
La oposición política, entre los que se encuentran partidos de centro y laicos, intentan ralentizar el proceso con sesiones parlamentarias agitadas. Además, alientan las manifestaciones que se llevan cada semana en las principales ciudades.
Las encuestas dicen que la mayoría de los israelíes quieren que el proceso de las reformas sea lento para permitir el diálogo con los detractores o que las propuestas se archiven por completo.
Lo que proponen las reformas
Una de las reformas que entraría en vigor es la modificación a una “ley básica” de carácter casi constitucional sobre el sistema judicial y la otra revisa el sistema de selección de jueces.
Según el Gobierno, el proyecto está diseñado para poner fin a la extralimitación en la política por parte de un Tribunal Supremo poco representativo. Pero para los críticos, Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, quiere frenar la supervisión de la legislación por parte del Tribunal Supremo y dar al Ejecutivo demasiada influencia en el nombramiento de jueces. También busca la reducción de los poderes de los asesores jurídicos en los ministerios.
El primer ministro busca dar al Gobierno el control de facto sobre los candidatos al Tribunal Supremo, un papel que hasta el momento es desempeñado por un panel mixto de políticos, jueces y miembros del colegio de abogados.
El proyecto también otorgaría al Parlamento el poder de anular las decisiones del Tribunal Supremo mediante una votación por mayoría simple.
A mediodía del lunes, el shekel, la moneda israelí, se depreciaba un 0,6% frente al dólar debido a la inestabilidad provocada por las reformas. Economistas, dirigentes del sector bancario y de empresas de alta tecnología temen por una posible fuga de inversores y capitales de Israel.
Pero para el presidente de la Comisión de Finanzas de la Knesset, Moshe Gafni, jefe del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, «no hay ningún vínculo entre las reformas del sistema judicial y cualquier golpe a la economía de Israel» y añadió que «cualquier intento de vinculación está politizado».
